El Departamento de Salud reportó una muerte adicional por COVID-19 de una persona no vacunada de 76 años y 505 personas se encuentran hospitalizadas, 26 pacientes menos que en las pasadas 24 horas. Se dividen en 477 adultos y 28 pacientes pediátricos.
El mes Enero de 2022 es el mes con más muertes reportadas a causa del covid-19 en Puerto Rico, con 535 fallecimientos de los que el 90% son adultos mayores de 60 años.
Durante la primera semana de clases, alrededor del 50% del estudiantado estuvo presente en las escuelas cada día, mientras la otra mitad recibía la educación a distancia. “En muchas escuelas comenzamos esta semana con lo que es un ofrecimiento híbrido o alternativas para ese estudiante”, indicó el secretario de Educación, Eliezer Ramos. Los padres o encargados de menores de entre 5 y 11 años tendrán hasta el 21 de febrero de 2022 para completar la serie inicial de dos dosis de vacunación del menor como requisito para el regreso presencial a las escuelas.
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, radicará una querella en la Comisión de Ética contra la legisladora, Lisie Burgos Muñiz, tras las denuncias surgidas contra su hoy exdirectora de oficina, Janise Santiago, por la celebración de la graduación de un colegio de su propiedad en el Capitolio.
La comisionada residente Jenniffer González dijo que “cuando venga el proceso de elecciones” tomará la decisión de si retará o no a Pedro Pierluisi en primarias a la gobernación. El Código Electoral dice que será del 1 hasta 30 de diciembre del año anterior al que deba realizarse la próxima Elección General; es decir, en el 2023. Las primarias serán el primer domingo de junio de 2024.
Para la la Asociación de Realtors de Puerto Rico (ARPR) la mayor parte de las ventas de propiedades se hacen a puertorriqueños y desmintieron el alegado discrimen en la Isla a la hora de rentar o vender una propiedad a puertorriqueños.
En la Isla, 1,547,000 personas son beneficiarios del PAN. De ese total, 56.65% son mujeres. De los 873,321 hogares que reciben esta asistencia, el 25.5% lo componen ancianos; 22% son familias con menores de edad; 19% son adultos sin dependientes; 14% son trabajadores con bajos ingresos; 6% son incapacitados, y 3.5% son estudiantes universitarios. En las próximas semanas se discutirá la aprobación de varios proyectos de ley en el Congreso que podrían cambiar la cantidad de fondos que se reciben en Puerto Rico bajo varios programas federales, principalmente el Programa de Asistencia Nutricional (PAN o NAP por sus siglas en inglés).
Hoy al mediodía empleados públicos llegarán hasta el Capitolio a cuestionar al gobierno los acuerdos a los que se llegó con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) respecto al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) y las consecuencias que pudiera tener eliminación de las pensiones definidas, el Sistema de Retribución Uniforme y la implementación de la Ley 80.
La posposición del 8 de marzo al 7 de junio de las vistas de sentencia del exalcalde de Cataño Félix “Cano” Delgado Montalvo, al igual que las de sus conspiradores en un esquema de corrupción los ex contratistas gubernamentales Oscar Santamaría Torres y Raymond Rodríguez Santos se produjo en respuesta a mociones selladas presentadas por el fiscal Scott Anderson.
La fiscalía federal en San Juan solicitó al juez Arias Marxuach que las mociones permanecieran selladas porque “la restricción es necesaria para proteger la información contenida en ellas, la cual rebasa el peso del interés público”.
El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan declaró “no ha lugar” la moción de desestimación presentada por PUMA Energy y ordenó a la empresa que permita la transferencia de combustible hacia las unidades 5 y 6 de la Central San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Le ordenamos a PUMA Energy Caribe, LLC o a cualquiera de sus oficiales, agentes, sirvientes(as), empleados(as) y abogados o abogadas y/o aquellas personas que actúen de acuerdo o participen activamente con ellas, que cesen y desistan de prohibir, impedir o interferir, ya sea a través de la manipulación de las tuberías y/o válvulas, colocar candados, vallas o cualquier obstrucción que impida el uso, parcial o total, de la tubería objeto de la controversia de autos, para transferir el combustible hacia los tanques de las Unidades 5 y 6 de la Central de San Juan”, reza la sentencia parcial.
“De igual manera, asegurarse de cerrar las válvulas para que se pueda crear la presurización necesaria en el sistema. Se advierte que el incumplimiento con esta Orden será causa suficiente para ordenar su arresto e ingreso a la cárcel por desacato criminal”, agregó.
En noviembre pasado, la AEE demandó a PUMA por negarse operar las válvulas e impedir la transferencia de combustible necesaria para la operación de la planta. La controversia entre la AEE y Puma surgió luego que la empresa perdió el contrato de $265 millones para suplir diésel a la corporación pública. PUMA Energy, sin embargo, mantuvo el contrato de $605 millones para proveer el Bunker C. La empresa Novum obtuvo el contrato del diésel.
La cosa se complicó porque los muelles alternos de la corporación pública para recibir el diésel todavía no están listos. Por eso, utiliza el Cataño Oil Dock, que es administrado por un consorcio de empresas, que incluye a PUMA Energy y Best Petroleum, entre otros.
Ante la situación, Novum contrató con Best Petroleum el uso de las facilidades para suplir el combustible. Pero PUMA alega que la válvula que tiene que cerrarse para que el combustible llegue a la Central San Juan le pertenece.