Todas las mañanas Jay Fonseca hace este resumen de noticias para que empieces tu día informado. Aquí encontrarás las noticias más importantes en los medios locales, los medios internacionales y su análisis.
La ex jefa de Desarrollo Laboral, Sally López, será sentenciada hoy en el Tribunal Federal a las 10:00 a.m. luego que se acogió a un acuerdo en noviembre con la Fiscalía federal que conlleva un cambio al pliego acusatorio, luego de que el Primer Circuito de Apelaciones, con sede en Boston, ordenó la celebración de un nuevo juicio en su contra. López fue sentenciada a nueve años de prisión a finales de agosto de 2017, tras ser hallada culpable por participar en el esquema de corrupción que desarrolló el recaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández.
El nuevo alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo pidió la renuncia a 40 empleados de confianza al tiempo que confirmó que hay activas investigaciones de la Oficina del Contralor que terminarán en referidos al Departamento de Justicia. Sobre el futuro de los empleados dijo que los evaluará por mérito para ver si pueden permanecer en sus puestos.
Los municipios han gastado $1,535 millones en contratos para el manejo de desperdicios sólidos desde 2008, según el registro de la Oficina del Contralor, pero solo $25,400 en contratos para el reciclaje en el mismo período.
El reciclaje supone solo un 2% respecto al gasto para recoger y disponer de los residuos domésticos en vertederos.
El análisis surge luego que en las últimas tres semanas, cuatro políticos han sido acusados por estar involucrados en un alegado esquema de fraude, que implicó recibir sobornos y comisiones ilegales por parte del dueño de Waste Collection, Oscar Santamaría a cambio de asegurar la contratación millonaria para el recogido de desperdicios en miles de hogares.
Mientras tienen expectativa de reunirse de manera segura para las vacaciones de Navidad con sus familiares a pesar de la propagación de Ómicron los estadounidenses están luchando por encontrar pruebas de coronavirus.
Axios informó que el presidente Joe Biden anunciará hoy que su administración comprará 500 millones de pruebas rápidas este invierno, cuyo primer envío llegará en enero. Los estadounidenses podrán recibir las pruebas por correo de forma gratuita a través de un sitio web federal, también a partir de enero.
El presidente también anunciará que el gobierno federal está estableciendo sitios de prueba adicionales. Algunos funcionarios de salud pública anticipan una nueva tensión en los recursos para realizar las prueba, mientras que los sitios en ciudades como la ciudad de Nueva York y Miami ya están experimentando largas filas.
A más de cuatro años del huracán María, 2,000 proyectos de infraestructura, entre ellos, escuelas y hospitales no han entrado en etapa de subasta, diseño y construcción, y se espera que esto suceda en el 2022.
La Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR-3), informó que otros 2,000 proyectos no han sido evaluados aun por la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA, en inglés). En total, se han desembolsado $4,073 millones en fondos federales compartidos.
A pesar del alza de contagios de COVID-19 en Puerto Rico, el evento de fin de año denominado a celebrarse en el Centro de Convenciones continúa en pie, al igual que la transmisión del especial Dick Clark’s New Years’s Rocking Eve de la cadena ABC, desde el centro de entretenimiento Distrito T-Mobile.
El evento que recibirá a 10,000 personas contará con dos tarimas exteriores, por donde pasarán artistas como Limi-T-21, Victoria Sanabria, El Gran Combo, Pirulo y La Tribu y DJ King Arthur. Mientras, en la tarima en el interior del Distrito T-Mobile se presentarán Daddy Yankee, La Tribu de Abrante, Plenéalo, Gilberto Santa Rosa y Melina León.
Se explicó que de cancelarse el evento el contrato tiene cláusulas de conciliación dónde se revisará los gastos al momento para no perder todo el dinero.
Dice la Junta que el gobierno había prometido no entrar en vigencia con dichas leyes aprobadas, pero ahora quiere implementarlas por lo que la Junta está demandando al gobierno para invalidar dichas leyes que tendrían un impacto de 80 millones al año. Las leyes son las aprobadas por el senador Gregorio Matías quien juraba que con estas resolveríamos los problemas de los policías y sus pensiones junto con otras, pero en realidad dichas leyes nunca han tenido una asignación de los fondos y la Junta afirma que el gobierno no tiene cómo pagarlas.
Tras culminar una investigación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, el Departamento de Justicia determinó no recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, y otras funcionarias de dicho municipio, por no existir causa suficiente para creer que incurrieron en conducta delictiva o negligencia crasa al administrar los programas Head Start y Early Head Start, informó agencia.
Según Justicia, la evaluación de la prueba no reflejó que Yvette del Valle Soto, expresidenta de la junta de gobierno de los programas Head Start, Myrna Hernández Serrano, exdirectora de los programas Head Start, y la exalcaldesa de San Juan “hubiesen incumplido, intencional o negligentemente, con sus deberes relacionados a la administración de los programas Head Start y Early Head Start, particularmente en lo concerniente al proceso de monitoria, o que ello provocara la pérdida de fondos, según definido este concepto en el Código Penal de Puerto Rico”, lee el resultado del informe de la DIPAC, que fue acogido por el secretario de Justicia, Domingo Emauelli Hernández, y remitido hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).
El 8 de junio de 2021, el alcalde del Municipio Autónomo de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, remitió al Departamento de Justicia una comunicación alegando que la exalcaldesa y las otras dos funcionarias incurrieron en negligencia crasa al administrar los programas Head Start y Early Head Start. Añadió que, como resultado de ello, el municipio perdió la elegibilidad automática a millones de dólares en fondos federales para operar estos programas, lo cual ocasionó el cierre de varios centros y el despido de empleados, entre otras cosas. El alcalde Romero indicó que sus alegaciones estaban sustentadas en el resultado de una monitoria rutinaria a estos programas, llevada a cabo en el 2016 por la Administración de Niños y Familias.
Sin embargo, según la investigación, las deficiencias señaladas en una monitoria no están relacionadas con la administración o aspectos fiscales de los programas, por lo que no hubo participación directa de parte de la exalcaldesa o de las funcionarias aludidas. Además, la investigación reveló que la reducción de los fondos federales asignados al programa Head Start no guarda relación directa con el desempeño de las funcionarias querelladas.
“A tenor con la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia inició la correspondiente investigación preliminar para auscultar si alguna de las funcionarias incurrió en la comisión de delito. Como parte de dicha investigación, la DIPAC analizó todas las alegaciones, así como toda la documentación provista por el municipio y por las autoridades federales que regulan los programas Head Start y Early Head Start. Además, se realizaron múltiples entrevistas y se evaluaron todas las disposiciones legales locales y federales aplicables”, explicó el secretario en un parte de prensa.
Debido a que la investigación continúa, ahora en la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso en particular.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anunció la firma de la nueva Orden Ejecutiva 2021-081 contra el COVID-19, mediante la cual se establece que todos los restaurantes, barras, chinchorros, así como otros establecimientos de consumo de bebida y comida deberán requerir prueba de vacunación contra el COVID-19 o una prueba negativa realizada 48 horas o antes de acceder al comercio.
La nueva Orden entrará en vigor el próximo lunes, 27 de diciembre.
De esta manera, se eliminó la alternativa de 50% de aforo para establecimientos que no requerían evidencia de vacunación o prueba negativa.
“La pandemia nos ha demostrado que no debemos bajar la guardia y que debemos permanecer siempre atentos a los cambios que surgen con las variantes. Mi exhortación continúa siendo la misma: toda persona que aún no haya completado su dosis de vacuna y el refuerzo, ahora es el momento de hacerlo. Detener la propagación del COVID-19 es trabajo de todos. Como he señalado, continuaré vigilante y estableciendo cualquier medida que entienda necesaria”, sostuvo el primer ejecutivo al realizar el anuncio en un parte de prensa.
La directriz también decretó que todo pasajero —vacunado o no vacunado— que viaje a Puerto Rico por vuelo doméstico deberá presentar una prueba negativa de COVID-19 realizada 48 horas o antes de llegar a la Isla. Las personas que no lleguen con prueba negativa tendrán 48 horas para realizársela en Puerto Rico o serán multadas.
A tono con las nuevas medidas, las personas no vacunadas que viajen a Puerto Rico en vuelos domésticos deberán hacer cuarentena de 7 días, independientemente de que lleguen con o sin prueba negativa. En el caso de los vuelos internacionales, se mantiene la disposición por mandato federal de que todo viajero tenga prueba negativa de Covid-19 realizada al menos 24 horas antes del vuelo.