Dice la Junta que el gobierno había prometido no entrar en vigencia con dichas leyes aprobadas, pero ahora quiere implementarlas por lo que la Junta está demandando al gobierno para invalidar dichas leyes que tendrían un impacto de 80 millones al año. Las leyes son las aprobadas por el senador Gregorio Matías quien juraba que con estas resolveríamos los problemas de los policías y sus pensiones junto con otras, pero en realidad dichas leyes nunca han tenido una asignación de los fondos y la Junta afirma que el gobierno no tiene cómo pagarlas.
