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LUMA Energy recibe “entre 1,000 a 1,200 solicitudes mensuales” de personas o entidades que buscan desconectarse del sistema de energía eléctrica.
Sin embargo, el sistema electrónico por donde se transmite y distribuye la electricidad no está capacitado para soportar este repunte de personas que generan energía, dijo a Primera Hora el gerente de Transformación de la Red de LUMA Energy, el ingeniero Alfonso Baretty.
“El sistema no estaba diseñado para este tipo de facilidades y a medida que se van integrando y transformando el sistema, pues se tienen que hacer unas mejoras para garantizar la operación confiable y la integración de más fuentes renovables al sistema”, agregó el funcionario. Al 31 de julio de 2021 había aproximadamente unos 30,000 clientes produciendo su propia energía y conectados al sistema de medición neta, según LUMA Energy.
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Luma Energy recibe en promedio 4.4 quejas al mes, prácticamente igual al promedio de querellas que reportaba anteriormente en ese renglón la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que era de 4.5 casos al mes.
De las 6,700 querellas que recibió LUMA Energy en poco menos de cuatro meses solo 20 fueron por daños a los enseres, de acuerdo a documentos que sometió al Congreso y posteriormente al Tribunal de Primera Instancia de San Juan Luma Energy. Este periodo comprende cuando se registraron continuas interrupciones en el servicio energético en la Isla.
El Vocero
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El Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno Central recibió el respaldo de la mayoría de los acreedores que decidieron participar de la consulta. Sin embargo, considerando estimados oficiales, las papeletas sometidas supondrían una participación reducida en relación a las personas que se verían afectadas por el PDA.
El informe radicado casi al filo de la medianoche junto al PDA enmendado por octava ocasión refleja que, de un total de 61 clases elegibles para votar, unas 47 -en su mayoría, bonistas- dieron su aprobación.
A manera de ejemplo, el número de jubilados del gobierno central ronda unas 167,000 personas y de ese universo, el número estimado de jubilados que, en principio, iban a afectarse con el recorte a las pensiones y que eran elegibles para votar rondaba unas 33,400 personas.
Pero en dicha clase 51, segmentada a su vez, entre activos y jubilados, se tabularon en total unas 11,080 papeletas.
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La mayoría de los centros comerciales extenderán el horario de operaciones a partir del 26 de noviembre, cuando se celebra el tradicional Viernes del Madrugador. Ningún mall abrirá sus puertas los días de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Pero tiendas como Macy’s, entregarán el jueves de Acción de Gracias mercancía a los clientes mediante el sistema de “curbside pick-up” en los alrededores de su establecimiento. Esto lo hará en horario de 9:00 a.m a 4:00 p.m.
Aunque el día de Navidad la cadena no abrirá en la isla, sí lo hará el Día de Año Nuevo, en horario de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
En el caso de Walmart, la megacadena no extenderá el horario en este periodo navideño. No obstante, volverá a tener tres fines de semana con ventas de “Black Friday”. El primero de ellos será hoy viernes, 5 y sábado, 6 de noviembre. Los otros dos serán el 12 y 13 de noviembre, y el 26 y 27 de noviembre.
Los artículos para cada venta se reservan exclusivamente en línea, y el cliente escoge la tienda, el día y la hora en que irá a pagar y a recoger su pedido.
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Los hermanos puertorriqueños Eric y Luis Zapata Hernández, quienes llevan cuatro meses detenidos en una cárcel de Quintana Roo, México, quedarán en libertad en las próximas horas tras una colaboración entre delegados de la “Organización Mundial de la Paz Internacional de Derechos Humanos”, informó anoche NotiCentro (WAPA). Los jóvenes, de 18 y 19 años, estaban acusados por presuntamente abusar sexualmente de una menor de 17 años.
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Edward Durr es un camionero que acaba de derrotar al legislador más poderoso de Nueva Jersey. Trabaja en la tienda de muebles Raymour & Flanigan, y fue declarado vencedor el jueves en una carrera contra una de las personas más poderosas de Nueva Jersey: el presidente del Senado estatal Steve Sweeney, un alto funcionario del sindicato internacional de trabajadores del hierro.
Durr, un padre de tres hijos de 58 años y abuelo de seis que creció en el sur de Jersey, estima que gastó menos de $ 10,000 en la campaña. Por el contrario, la Asociación de Educación de Nueva Jersey, el sindicato de maestros más grande del estado, gastó alrededor de $ 5.4 millones en un esfuerzo de 2017 para derrocar a Sweeney, pero aún así ganó por 18 puntos. Durr es conservador y aboga porque “el aborto está mal y debe detenerse” y dijo que es un ferviente partidario de la Segunda Enmienda, y aseguró que las dificultades para obtener un permiso de portación de armas lo motivaron a buscar un cargo político. Nueva Jersey tiene algunas de las leyes de control de armas más agresivas del país.
Politico
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El empresario Andrés Llama Díaz, principal ejecutivo de Flanes-es-Cedó fue baleado frente a su residencia el martes 3 de agosto. Hoy el Departamento de Justicia radicó cargos contra su hermano, Bernardo Llama Díaz, quien figura como el principal responsable de conspirar con otros cuatro individuos para darle muerte. El empresario Andrés Llama Díaz sobrevivió al atentado contra su vida, a pesar de que recibió múltiples heridas de proyectil de bala. Actualmente, recibe tratamiento médico ambulatorio.
El juez, Luis Padilla Galiano, del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, encontró causa para arresto contra Llama Díaz y tres coimputados por tentativa de asesinato, conspiración y violaciones a la Ley de Armas.
Según la investigación de la Fiscalía del Distrito de Mayagüez, el 2 de agosto, Llama Díaz acordó pagarle $10, 000 a Gustavo Alexis González González para que asesinara a su hermano. A su vez, González González, fugitivo de la justicia con historial criminal por asesinato y otros delitos, se puso de acuerdo con Rodney A. Santiago Ramírez y José Manuel Rodríguez Torres para ejecutar a Andrés Llama Díaz, utilizando dos pistolas, a cambio del dinero. Rodríguez Torres se comunicó con un deambulante conocido por “El Satélite” para que les ayudara a vigilar a la víctima.
Los cuatro sujetos se dedicaron a acechar a Andrés Llama Díaz. El 3 de agosto, los imputados esperaron que el ejecutivo saliera de la planta elaboradora de los Flanes Cedó y lo siguieron, en una guagua Kia Soul de color azul.
“Alrededor de las 8:30 de la noche, los imputados lo siguieron hasta que llegó a su hogar. Cuando Andrés Llama Díaz se detuvo frente al portón del condominio, Rodney A. Santiago comenzó a dispararle desde el interior de una Kia Soul, utilizando una pistola Glock .40 automática. Le realizó alrededor de 22 disparos. Luego, González González le disparó a la víctima utilizando una pistola Glock .40”, relató el fiscal Esteban Miranda Valentín. El empresario fue llevado al hospital por un vecino y posteriormente fue trasladado a una institución médica en Río Piedras.
“Después de cometer los hechos, González González condujo el vehículo hasta el Municipio de San Germán y lo dejó abandonado en un área cercana al residencial Manuel F. Rossy de ese pueblo. Posteriormente, llamó a Rodríguez Torres, quien los buscó, y los tres se dirigieron a la residencia del imputado Bernardo Llama Díaz para recibir el pago acordado. Los coimputados se repartieron dinero y armas como pago por el asesinato”, añadió el fiscal.
A Bernardo Llama Díaz se le impuso una fianza de $1.2 millones, a Santiago Ramírez de $2.2 millones, a Rodríguez Torres de $2.2 millones y a González González de $2.2 millones. Ninguno pudo pagar la fianza por lo que serán ingresados a prisión.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) estuvieron a su cargo de la investigación junto a la Fiscalía de Mayaguez, dirigida por la fiscal Blanca Portela Martínez. La Policía continúa tras la pista del individuo identificado como “El Satélite”.
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La ex gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo esta tarde que deben retractarse todos los que hicieron un juicio político y público en su contra al vincularla con la compra fraudulenta de pruebas rápidas de COVID-19 en plena pandemia.
Las declaraciones surgen luego una jueza encontró causa para arresto contra el licenciado Juan Maldonado y el empresario Aaron Vick por la transacción millonaria que pretendía defraudar el erario.
“A quienes se cegaron por faenas políticas y personalistas hoy les corresponde retractarse por haber hecho un juicio político y público contra servidores y personas íntegras al servicio de Puerto Rico”.
“Puerto Rico, la pandemia del Covid-19 es una emergencia nunca antes vivida por nuestro pueblo y en todo momento lo que guió a todos los funcionarios, fue la importancia de tomar acciones encaminadas a adquirir pruebas y lo necesario para proteger y salvar la vida de todos los puertorriqueños”, sostuvo Vázquez Garced en declaraciones escritas.
“Hoy se confirma lo que les expresé en una ocasión: ‘Bajo mi administración en esta situación, ningún funcionario público obró en contra de la ley’. Hoy el tiempo, una vez más nos da la razón”, agregó.
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La jueza Iraida Rodríguez Castro del Tribunal de San Juan determinó causa para arresto contra el licenciado Juan Maldonado y el empresario Aaron Vick por la fallida venta de pruebas rápidas de COVID-19 al gobierno durante las primeras semanas de la pandemia.
Luego de escuchar las partes, la togada se retiró a evaluar la evidencia presentada por los fiscales especiales independientes Ramón M. Mendoza Rosario, Manuel Nuñez Corrada y Juan E. Catalá Suárez y los argumentos de la licenciada Mayra López Mulero y el licenciado Alberto Rivera Ramos, quienes representan a Maldonado.
La jueza Rodríguez Castro regresó a la sala a las 5:00 p.m. para permitir argumentaciones finales de las partes.
El fiscal Mendoza Rosario argumentó que el expediente entregado a la jueza Rodríguez Castro contenía prueba que demostraba el elemento de falsificación de documentos a través de una resolución corporativa de la empresa Apex General Contractors y el traspaso de ese documento en un proceso para obtener un contrato con el gobierno. “Tiene a Maldonado sometiendo el documento falsificado”, apuntó.
Ese acto, según el fiscal especial, constituyó una intervención ilegal o indebida para obtener el contrato con el Departamento de Salud.
Apuntó también que los mensajes de textos entre Maldonado y Vick procuraban ocultar la intervención de Maldonado en el proceso de la malograda venta, pese a que representó a Apex ante el gobierno. El nombre de Vick aparecía como contacto de la empresa Apex en los documentos de la transacción.
El licenciado Rivera Ramos apuntó que no podía impugnar la evidencia porque no la conocía, pero insistió en la falta de jurisdicción de la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) para presentar los cargos.
Esgrimió que el Panel se excedió en su jurisdicción al acudir al Departamento de Justicia para el asunto de la jurisdicción y catalogó como acomodaticia la postura del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, de plantear un conflicto de interés cuando ya esa agencia había realizado una investigación preliminar del caso y recomendado que no se asignara un fiscal especial a Maldonado.
“Es una interpretación fuera de contexto para el pretexto”, indicó.
Después de las argumentaciones finales breves, jueza encontró causa en todas las denuncias presentadas y le impuso $250,000 de fianza a Maldonado. Ordenó el arresto de Vick debido a que el empresario no acudió a la vista. A este se le impuso una fianza de $200,000. Maldonado prestará la fianza a través de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio. La licenciada López Mulero anticipó que las condiciones incluirían alguna restricción de horario.
De inmediato, indicó que acudirá al Tribunal de Apelaciones para impugnar la decisión.
La vista preliminar fue pautada para el 22 de noviembre de 2021 y Maldonado será fichado mañana en la Oficina sobre Panel del Fiscal Especial Independiente en Santurce.
Contra Maldonado, también ex director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo, se presentaron cinco denuncias por tentativa fraude, falsificación de documentos privados, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsificados e intervención ilegal o indebida en operaciones o procesos gubernamentales.
El ministerio público radicó cuatro denuncias en ausencia contra Vick por tentativa fraude, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsificados e intervención ilegal o indebida en operaciones o procesos gubernamentales.
A la salida del tribunal, el fiscal especial independiente Mendoza no quiso comentar si existe un acuerdo de inmunidad con Robert Rodríguez, propietario de la empresa Apex. Existe un acuerdo de colaboración. Tampoco quiso indicar si busca que Maldonado coopere con detalles de cómo los funcionarios gubernamentales participaron de la transacción millonaria.
Previo al inicio de la audiencia, el fiscal Mendoza Rosario indicó que como parte de la pesquisa entrevistó a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien estuvo acompañada del licenciado Edgar Vega. Aseguró también que no encontró evidencia para presentar cargos contra los funcionarios públicos involucrados en la polémica transacción de $38 millones.
Tras la presentación de las denuncias, inició la vista de determinación de causa para arresto, conocida como Regla 6, ante la jueza Rodríguez Castro.
La vista arrancó con un planteamiento de López Mulero, quien cuestionó la presencia de periodistas en la vista de alto interés público. La Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) permitió la entrada de la prensa a sala como parte de su visión de apertura de los procesos judiciales.
Aunque tildó la presencia de la prensa en sala en esta del proceso como algo “sorpresivo e inusual”, la letrada finalmente se allanó a la determinación de la OAT.
Antes de que el ministerio público sometiera el expediente del caso para la evaluación de la togada, López Mulero cuestionó la jurisdicción y facultad de los fiscales especiales independientes para presentar cargos contra su representado por tratarse de una persona privada y no un funcionario público.
Planteó que la Ley que creó la oficina requiere que una acusación contra una persona privada esté acompañada de la presentación de cargos contra un funcionario público. En esa línea, esgrimió que las denuncias contra Maldonado alegaban un concierto y común acuerdo contra otra persona privada y que, por tanto, los fiscales especiales carecían de jurisdicción ante la falta de vínculo con un funcionario que faltaba a su deber en el ejercicio de la función pública.
Solicitó sin éxito presentar un memorando de derecho y la desestimación de las denuncias.
El fiscal especial Mendoza Rosario ripostó que la jurisdicción era clara puesto que la Ley que creó la Opfei puede actuar “sobre todos los asuntos que nacen y se generan de la encomienda del Panel”. Afirmó también que consultó al Departamento de Justicia y sometió a la jueza Rodríguez Castro documentos firmados por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en los que confirmaba que correspondía a los fiscales especiales continuar con el proceso de investigación y de presentación de cargos.
Aunque el referido inicial de investigación incluía a Vázquez Garced y otros funcionarios, el Opfei centró la investigación en Lilliam Sánchez, hoy ex subsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, hoy ex funcionaria de La Fortaleza adscrita al Task Force Medico de COVID, General José Burgos, pasado comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias; y el licenciado Maldonado.
Pese a que la venta de las pruebas rápidas de COVID-19 no se completó, el gobierno desembolsó un depósito $19 millones, que fue tenido por el banco Oriental al activar protocolos de seguridad tras la transferencia del Departamento de Hacienda.