Agentes de la División de Drogas de la Policía de Puerto Rico acudieron a la cárcel de Las Cucharas para investigar una denuncia que asegura que oficiales de custodia habían atrapado una paloma mensajera que se habría utilizado para enviar narcóticos a la prisión.
Previo a sentenciarla en la vista del 15 diciembre, el juez Pedro A. Delgado debe notificar formalmente si acepta el acuerdo entre la fiscalía y Julia Keleher. La aceptación del juez es crucial porque, debido a la naturaleza del acuerdo, Delgado se estaría obligando a sentenciar dentro de lo que las las partes proponen, que es hasta seis meses de cárcel y 12 meses de libertad supervisada. La naturaleza del acuerdo es tal que si el juez no lo acepta, la acusada puede retirarlo y se reactivarían los casos en su contra como si nada hubiese pasado.
Enrique Volckers, director del Servicio de Innovación y Tecnología del Gobierno (Prits), anunció en WKAQ 580 AM que la semana que viene el Gobierno estrenará un sistema digital de vacunación con rúbrica oficial, que facilitará que las personas no tengan que tener la tarjeta de vacunas como evidencia de vacunación de COVID-19.
El Departamento de Salud reportó hoy viernes cuatro fallecimientos a consecuencia del COVID-19, lo que eleva la cifra de fallecidos a 2,598.
Las muertes corresponden a dos hombres de 55 y 60 años de la Región Caguas; una mujer de 71 años de la Región Mayagüez y una mujer de 98 años de la Región Metro.
El informe también reflejó un promedio de 313 casos confirmados y 283 casos probables.
Las hospitalizaciones también aumentaron, reportándose un total de 252. Ayer jueves se habían reportado 235. De estas 252 personas hospitalizadas, 226 son adultos y 26 son menores.
El programa de ayuda a familias necesitadas para el pago de su factura de energía eléctrica abre desde hoy el periodo para recibir solicitudes.
Todo individuo o familia que entienda que puede cualificar para el beneficio, puede solicitarlo a través del portal de servicios del Gobierno de Puerto Rico, pr.gov y llenar la información correspondiente.
Las familias tienen hasta el 30 de septiembre de 2021 para llenar su solicitud.
Al menos 14 centros de cuidado de adultos mayores han reportado casos de COVID-19, que incluyen a algunos ancianos vacunados contra el virus, confirmó el Departamento de la Familia (DF). La secretaria de la Familia, Carmen Ana González, informó que iniciaron una investigación sobre la incidencia de contagios en hogares de ancianos.
“No se descarta un cierre temporero de visitas a los hogares y de salidas de residentes mientras se controla la situación”, advirtió.
Estudiantes, profesores y demás empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que no estén vacunados contra el COVID-19 tendrán que someterse a pruebas diagnósticas del virus semanalmente y reportar sus resultados, informó la presidente interina, Mayra Olavarría Cruz. Todavía la institución no sabe cómo se monitoreará a este personal que no esté vacunado.
Con una subvención federal de $16 millones, la Autoridad para el Redesarrollo local de Roosevelt Roads (LRA) desarrollará el “primer centro oceanográfico en nuestra región con el objetivo de aumentar, no tan solo la investigación, sino la oportunidad de comercialización de los hallazgos de esas investigaciones”.
La nueva presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayra Olavarría Cruz, ganará $175 mil, una reducción de casi 30% con relación al salario de su predecesor Jorge Haddock que tenía un salario de $240,000 anuales.
El agrimensor Carlos Vega, quien trabaja para la División de Agrimensura del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), admitió bajo juramento, que recibió presiones de su jefe para firmar el documento de deslinde que endosa la reconstrucción del área recreativa del Condominio Sol y Playa en Rincón.
La confesión del funcionario se produjo ante el juez Miguel Ramírez Vargas del Centro Judicial de Aguadilla, durante la continuación de la vista preliminar en alzada contra el excandidato a la gobernación Eliezer Molina Pérez, Jeremy Vélez Rosario y Miguel Luna Ríos, que enfrentan cargos por escalamiento agravado y daño agravado en hechos registrados el 2 de junio de 2021.
Al examinar el plano del proyecto, el agrimensor del DRNA tampoco pudo delimitar en dónde comienza el área privada y cuál es la zona pública, además de decir que no estaba de acuerdo con el proponente, ya que los límites que se sometieron estaban dentro de un bien público.
“El jefe del agrimensor Carlos Vega, que es el agrimensor Gerardo Ramos, director de la División de Agrimensura del DRNA, le asignó el caso Sol y Playa, porque Sol y Playa había contratado a este alegado consultor ambiental, Ángel Román Mas, para que hiciera el trabajo del deslinde porque es una propiedad que está en la costa al lado del mar. Pero Ángel Román Mas no es ingeniero ni agrimensor, y lo dijo bajo juramento; él subcontrata a otro ingeniero para que haga el deslinde y luego le presenta el deslinde al DRNA para que se lo evaluara y aprobara”, manifestó el abogado de Molina Pérez, Gabriel Olivieri Miranda.