El Senado busca cuadrar vistas públicas para el designado al cargo de principal ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno, Enrique Völckers Nin, el designado comisionado de Seguros, Mariano Mier Romeu y el juez Jorge Díaz Reverón. Las audiencias podrían celebrarse este lunes. Además, el Senado confirmó el nombramiento de la licenciada Zahira A. Maldonado Molina, como directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH).
Se confirmaron a Darío E. Vissepó Muñoz para un ascenso como Fiscal Auxiliar II; la licenciada Arlene de Lourdes Sellés Guerrini como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia; Gisela Alfonso Fernández, para un nuevo término como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia; y Jorge L. Toledo Reyna, para un nuevo término como juez superior del Tribunal de Primera Instancia.
Además, se avalaron las designaciones de René Acosta y Jorge Flores como miembros de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO, por sus siglas en inglés).
Ayer en una carta Melinda Romero, quien salió electa como delegada congresional para el Senado federal, dijo que $120,000 es muy poco para ejercer esas funciones y que como mínimo se debe pagar $150,000.
Romero además circuló una carta al gobernador Pedro Pierluisi en la que deja claro que los delegados congresionales no son empleados de la Administración para Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa). Pierluisi dijo que Prfaa trabaja en el reglamento que estará listo antes del 1 de julio cuando juramenten los delegados.
El proyectado recorte de $95 millones al presupuesto del programa de Educación Especial, que beneficia a sobre 110,000 estudiantes, podría afectar la cantidad de terapistas y en consecuencia la disponibilidad de terapias, y producir recortes en los servicios de transportación y en la contratación de maestros y asistentes.
El recorte presupuestario ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa.Mientras, el secretario interino Eliezer Ramos Parés dijo que no hay petición formal ante el Departamento de Educación de Estados Unidos para que se elimine el síndico federal.
En el mes de mayo, el precio promedio de la vivienda fue de $188,302, un alza de 17.6% respecto al mes de mayo del año pasado, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). El precio, que ha estado aumentando durante 12 meses, se ha visto impulsado, sobre todo, por las viviendas existentes.
Se registró un aumento esta semana por litro de entre dos y tres centavos y el Banco de Desarrollo Económico atribuye el aumento por el alza en la demanda debido a que se han ido cambiando las condiciones de la pandemia y se ha dejado de lado el confinamiento.Los economistas del BDE piensan que para septiembre se equilibrará la oferta y la demanda del combustible y los precios se nivelaran.
El Centro para el Control de Enfermedades (CDC, en inglés) emitió una nueva orden para extender la moratoria o suspensión de los procesos de lanzamiento o desahucio de hogares por otros 30 días, es decir, hasta el próximo 31 de julio.
El objetivo de la moratoria era evitar un alza en el número de contagios por Covid-19 y a su vez, permitir que los esfuerzos de vacunación en Estados Unidos continúen avanzando, en especial, en los hogares con menos ingresos, y por ende, más vulnerables a perder su hogar.
Se reporta una muerte a causa del COVID-19, 11 nuevos casos positivos con prueba molecular y 12 casos positivos con prueba de antígeno. Al momento 70 personas están hospitalizadas, de los cuales cinco adultos están en ventilador.
Hay preocupación porque las medidas de distanciamiento social exigirían que, según el tamaño de los salones, las secciones de clases sean más pequeñas que las diseñadas para las modalidades en línea. Eso implica que se necesitarán más profesores para cubrir estas sesiones y los recursos humanos en la Universidad de Puerto Rico (UPR) están limitados por los recortes presupuestarios impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
A esto se le añade que gran parte de las instalaciones no han sido mantenidas eficientemente durante la pandemia.
Ante la escasez de mano de obra que se experimenta en Puerto Rico, específicamente en sectores como la construcción y la industria de restaurantes, el cónsul dominicano en la isla, Opinio Díaz, se reunió con el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera, para solicitar que se incluya a República Dominicana entre los países elegibles para que sus ciudadanos puedan obtener una visa de trabajo temporal H-2B.
La visa de trabajo H-2B es un permiso para trabajar en Estados Unidos —incluyendo a Puerto Rico— por un periodo de tiempo específico, que se otorga a personas extranjeras que no son ciudadanas americanas, siempre y cuando se cumpla con unos requisitos, entre los que está la falta de mano de obra para trabajos específicos.