Una investigación preliminar realizada por una fiscal investigadora del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) en cumplimiento con la Ley 2-1988, tras un referido del Secretario de Justicia, reveló la ausencia de prueba que vincule a la exsecretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y la exjefa de Fiscales, Olga Castellón Miranda, con una alegada paralización de dos investigaciones en torno a las muertes del abogado Carlos Cotto Cartagena y el influencer Kevin Fret Rodriguez.
La intervención en etapa temprana de Panel ocurrió cuando el secretario Domingo Emanuelli Hernández entendió que, para evitar la mera apariencia de conflicto de interés por involucrarse funcionarios y exfuncionarias de la agencia, era menester aplicar el Artículo 5 (1) de la Ley 2-1988, y referir el asunto a la consideración del PFEI.
El Panel encomendó a la fiscal investigadora Crisanta González Seda, realizar una investigación preliminar para concluir si existía evidencia para recomendar la designación de un Fiscal Especial lndependiente (FEI).
La licenciada González Seda recibió la encomienda y le presentó al Panel su informe concluyendo, que no se evidenció en los testimonios de testigos ni en la prueba recopilada, las alegaciones de Ia fiscal Quiñones Rodríguez sobre una supuesta paralización de casos.
En síntesis, la fiscal Betzaida Quiñones Rodríguez había realizado desde el 30 de octubre de 2022, múltiples declaraciones públicas a los medios informativos, reclamando que por voz de Vázquez Garced y la entonces jefa de los fiscales, Olga Castellón Miranda, que paralizara dos investigaciones que realizaba sobre las muertes del licenciado Cotto Cartagena y el cantante y artista de Trap, Kevin Fret Rodríguez.
La investigación preliminar de la fiscal investigadora González Seda fue una muy extensa y abarcadora, con 16 declaraciones juradas y voluminosa prueba documental. También, se requirió de la fiscal Betzaida Quiñones Rodríguez que prestara declaración jurada sobre sus alegaciones. Al Departamento de Justicia, la Oficina de la Jefa de los Fiscales, el Comisionado del Negociado de la Policía, del Departamento de Seguridad Pública y la Directora del Instituto de Ciencias Forenses, le fueron requeridos igualmente documentos pertinentes al asunto.
También compareció la licenciada Vázquez Garced y, mediante interrogatorio escrito, la licenciada Castellón Miranda. Además, compareció el representante artístico Vicente Saavedra, quien según las declaraciones de la fiscal había mencionado el nombre del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares cuando lo entrevistó como parte de la pesquisa.
Durante la pesquisa ordenada por el PFEI, surgió que hubo constantes comunicaciones entre la fiscal Quiñones Rodríguez, sus supervisores y otros fiscales sobre diversos casos, peticiones solicitando traslado o que se revirtiera alguno de ellos. Todos sus reclamos se atendieron y se contestaron. De hecho, las comunicaciones también expresan reconocimiento de las querelladas hacia ella, como de su desempeño profesional.
Además, de la prueba se desprende que la Jefa de los Fiscales acostumbraba sostener reuniones con los fiscales para discutir el manejo de las investigaciones, como el apoyo al trabajo que se les delegaba.
En el caso de la muerte del abogado Cotto Cartagena, Ia fiscal Quiñones Rodríguez sostuvo que interpretó como una paralización, que no se le concediera la contratación de un perito y la recreación de la escena. De la investigación surge que la misma no podía realizarse porque Ciencias Forenses no había finalizado el informe de la autopsia, ni los análisis que estaban en proceso a esa fecha. Aun así, consta que la fiscal continuó realizando investigaciones sobre el asunto y había comunicación con la Jefa de los Fiscales. La investigación siguió su curso bajo el fiscal Edmanuel Santiago, quien expresó categóricamente que del expediente no surgía que este caso se hubiera paralizado.
Respecto a la investigación de Kevin Fret, consta en la investigación que a la fecha de que el caso pasara a la División Especializada en Crímenes Mayores de la Policía, la fiscal no había tomado declaraciones juradas a ninguno de los 15 testigos entrevistados.
La fiscal Quiñones Rodríguez prefirió obviar instrucciones directas de que necesitaba obtener la autorización escrita de los abogados de los coacusados en el foro federal, previo a que estos declararan ante Justicia. Al advenir en conocimiento de dicha acción, la Jefa de Fiscales desautorizó la misma. En una reunión en abril de 2022, mes y año en que alegó se paralizaron sus investigaciones, la fiscal Quiñones Rodríguez participó de una reunión con la fiscal Castellón Miranda y otros fiscales, donde se discutió el efecto de obtener declaraciones en violación a los derechos de esas personas. Otras reuniones y labores fueron realizadas posterior al mes de abril, cuando alegó fue la paralización.
La norma en Justicia es que los fiscales no pueden emitir declaraciones que revelen detalles de los casos, para no afectar los procesos investigativos.
Revela la investigación que la fiscal Quiñones Rodríguez ofrecía a Ia prensa información sobre el contenido del sumario fiscal, sin proteger su confidencialidad.
“La fiscal Quiñones nunca fue impedida de continuar sus investigaciones mientras la fiscal Olga Castellón estuvo en la oficina de la Jefa de los Fiscales y la licenciada Wanda Vázquez fue secretaria de Justicia”, concluye en su investigación la fiscal investigadora González Seda.
La fiscal Quiñones Rodríguez solicitó y obtuvo destaques en la Asamblea Legislativa. Mientras estuvo en destaque en la Cámara de Representantes como en el Senado, la fiscal mantuvo el control de ambos expedientes que alega estaban paralizados, porque la entonces jefa de fiscales, Melissa Vázquez, la mantuvo en la investigación. Pero la fiscal Quiñones Rodríguez no adelantó las investigaciones durante el tiempo que estuvo en destaque.
Examinado el voluminoso y extenso expediente de investigación levantado sobre todos los extremos por la fiscal investigadora González Seda, el Panel acogió su recomendación de no designar un FEI y ordenó el archivo del asunto.
No obstante, remitió al Secretario de Justicia el resultado de la investigación para cualquier acción que estime procedente, según los resultados de Ia misma.
