El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) paralizó hoy los términos de la pesquisa relacionada al exalcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz, porque el testigo principal se encuentra bajo la custodia del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), según la resolución que aprobó el pasado viernes.
Desde el pasado 18 de mayo, el fiscal especial Manuel Núñez Corrada evalúa si Carrasquillo Cruz incurrió en actos de aprovechamiento ilícito, soborno o de interferencia en las operaciones gubernamental al extenderle un contrato a la empresa de recogido de basura a su amigo y entonces asesor legal del ayuntamiento, Oscar Santamaría Torres.
En una resolución de una página, los exjueces Nydia Cotto Vives, Ygrí Rivera Sánchez y Aida Nieves Figueroa acogieron la petición de paralización de Núñez Corrada sin identificar el nombre del testigo en cuestión.
La presidenta del Panel indicó a Cuarto Poder (WAPA-TV) que la paralización busca preservar la jurisdicción del caso al evitar que prescriba el término de la pesquisa. Núñez Corrada tenía un término de 90 días para ampliar la investigación preliminar realizada por el Departamento de Justicia. Ese periodo terminaba el 1 de septiembre.
“El fiscal entiende que hay una evidencia importante que está en manos de las autoridades federales, incluyendo testimonio, que no está disponible en este momento y que podría estar accesible más tarde”, apuntó Cotto Vives.
La designación del fiscal especial ocurrió luego de que el panel de jueces solicitó el informe preliminar a raíz de un reportaje de Cuarto Poder, que reveló que Justicia falló en informarle que había recibido una querella en contra del entonces alcalde. Tampoco le refirió el informe, que recomendó archivar el caso.
Hace siete años Justicia y bajo la tutela del exsecretario César Miranda, Justicia investigó una querella que imputaba al entonces alcalde de Cidra incurrir en actos de corrupción y de conflicto de interés por otorgar el polémico contrato de recogido de basura de $14.7 millones a la empresa Waste Collection, que pertenecía a Santamaría Torres.
El contrato se extendía del 14 de febrero de 2015 al 15 de febrero de 2021, pero 16 días después de perder las elecciones del 2020, Carrasquillo Cruz extendió su vigencia hasta el 15 de febrero de 2031.
Al llegar a la Casa Alcaldía, el alcalde Ángel David Concepción González canceló el contrato el 1 de julio de 2021, según los registros de la Oficina de la Contralora.
Ese contrato abrió las puertas para que el otrora contratista amasara $121 millones en contratos gubernamentales a través de la empresa Waste Collection. En noviembre pasado, Santamaría Torres se declaró culpable de conspirar para pagar sobornos o “kickbacks” al exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, a cambio de recibir contratos para la empresa de recogido de basura.
