📌 Physician Correctional demandó al Gobierno y a Corrección para frenar la cancelación de su contrato de $11 millones anuales por servicios médicos en las cárceles, vigente hasta 2028. ⚖️ Alega que la cancelación es una represalia política porque sus directivos apoyaron a Pedro Pierluisi, y que la gobernadora Jenniffer González prometió terminar el contrato sin evaluar su desempeño. 📄 Denuncian que el DCR no siguió el proceso establecido: no hubo notificación formal de incumplimientos ni oportunidad para corregirlos, como exige el contrato. 🚨 Critican además un proceso “ilegal” para buscar un nuevo suplidor, que según ellos viola la LPAU y órdenes federales del caso Morales Feliciano, poniendo en riesgo acreditaciones como el Pinnacle Award. 🗂️ El caso está ligado al confinado Hermes Ávila Vázquez, pero la empresa insiste que la decisión del pase médico fue del DCR y que ninguna investigación halló negligencia médica. Fuente: Metro PR