Uno de cada tres contratos del gobierno en ciertos municipios, agencias y oficinas legislativas nunca se registra ante la Contraloría, según un muestreo que hizo esa oficina. Aunque la ley establece que los contratos no registrados no son válidos, en la práctica nadie se entera porque requeriría una demanda judicial, y difícilmente alguien demanda cuando tanto el contratista como la agencia tienen incentivos para mantener todo en secreto.

Puerto Rico no permite que los ciudadanos demanden al gobierno por mal gasto de fondos públicos, una restricción que existe desde 1957. Mientras tanto, proyectos de ley para transparencia siguen engavetados, y los mecanismos de fiscalización —que incluyen la Contraloría, Ética Gubernamental y múltiples inspectorías— no tienen poder real para recuperar dinero robado o mal gastado. El resultado es un sistema donde la escasez de luz, educación especial y servicios a veteranos persisten mientras decenas de miles de millones en contratos se mueven sin supervisión.

Lo importante

• Un muestreo de la Contraloría encontró que 30% de los contratos en ciertos municipios, agencias y legisladores no estaban registrados en su página oficial.
• Aunque la ley dice que contratos no registrados no son válidos, solo el alcalde o contratista pueden argumentar su nulidad, y nadie demanda si hay acuerdo de silencio.
• Desde 1957, los ciudadanos puertorriqueños no pueden demandar al gobierno por mal gasto, a diferencia de la ley federal que permite denunciantes cobrar hasta 30% de lo recuperado.
• La Contraloría pide legislación para obligar que todos los contratos se firmen en su plataforma y que ella pueda hacer gestión de cobro, pero los proyectos no se aprueban.
• Mientras contratos fantasmas desangran al gobierno, $220 millones en fondos para educación especial no llegan, veteranos esperan servicios sin registrar, y la administración habla de transparencia pero no actúa.

Treinta por ciento de los contratos, desaparecidos

No exagero cuando digo que la Contraloría hizo un muestreo y encontró que 30% de los contratos en ese muestreo no estaban registrados en su página. Eso en cualquier lugar del mundo sería un escándalo. Francamente, yo tampoco lo creía al principio. Pensaba que era una historia exagerada.

Lo que ocurre es que aunque la ley establece que los contratos tienen que estar registrados ante la Contraloría o se da por no pagado, en la práctica hay un quid pro quo para no tener que registrarlo. Si quiero darle un contrato a alguien y no quiero que nadie se entere, llego a un acuerdo: no lo registramos nunca ante la Contraloría y mientras tú no me demandes, yo te sigo pagando. Nadie se entera porque la única forma en que alguien se entera es si me demanda, pero ¿quién va a demandar si él y yo estamos de acuerdo en mantenerlo callado?

La trampa desde 1957

Los contratos no registrados son ilegales, pero no son un delito. El que hizo la ley hizo la trampa. El violador principal de las leyes, obligaciones y contratos en Puerto Rico es el gobierno. Pero lo difícil es probar la violación porque es una cuestión ministerial que le compete a la agencia o alcaldía, y se trata como un simple deber que se olvidó radicar a tiempo.

Aquí está lo crucial: aunque los contratos que no sean escritos, firmados y radicados ante la Contraloría no son válidos, solo el alcalde o el contratista pueden argumentar su nulidad. En Puerto Rico no existe el pleito de contribuyente. A nosotros nos quitaron esa facultad en 1957. No podemos demandar a nadie a nombre del pueblo para evitar un mal gasto. Así que aunque un contrato sea ilegal, si tú y yo estamos de acuerdo en que no se registre, ¿quién va a ir al tribunal?

Lo que hacen en Estados Unidos y aquí no

En el gobierno federal existe una acción que se llama "Qui tam". Un ciudadano puede demandar a nombre del gobierno federal cuando hay fraude y obtener compensación. Según he leído, puede llegar a 30% en casos millonarios. Si el caso es lo suficientemente bueno, el gobierno federal puede adueñarse del caso y continuarlo a través de la Fiscalía Federal y tú recibes la compensación.

En Puerto Rico eso está prohibido. El ciudadano no puede demandar. Solo el gobierno puede demandar a nombre del pueblo. Así que como yo no puedo demandar al gobierno por mal gasto, el gobierno puede gastar sin límite.

Proyectos atascados en la legislatura

La Contraloría está pidiendo que se cree obligatoriamente una plataforma donde todos los contratos del gobierno tengan que registrarse desde el inicio. Ella pagaría esa plataforma del presupuesto de la Contraloría. No debería haber obstáculo alguno. El proyecto tiene informe positivo pero no se aprueba.

Uno esperaría que una administración que habla de transparencia, que habla de ser cristiana, que habla de ser conservadora, cuando se enterara de que 30% de los contratos en municipios, alcaldías, legislatura y ejecutivo no están registrados, fuera de inmediato a enmendar la situación. No lo hizo. Están durmiendo el sueño de los justos mientras escuchan hablar de fiscalización.

Quién paga la factura

Mientras todo esto sucede, 220 millones en fondos de educación especial no llegan a los niños. No hay hogares sustitutos. El contrato de las damas de llave no se firma o está firmado pero no se ejecuta. Servicios para veteranos que deberían darse a través de la Procuraduría del Veterano se atascan porque no está registrado.

Esto demuestra el nivel de lucha libre en el que hemos llegado. Es peor esconder la verdad que mentir. Mentir es un acto que cualquiera puede hacer saliendo del paso. Pero la estrategia para esconder la verdad requiere un acto voluntario, consciente, deliberado de maldad. Tiene un nivel de elucubración, pensamiento, meditación para engañar. Esconder los contratos de esta forma es la demostración más obvia de que hay un quid pro quo.

Ética gubernamental: más de un año para un caso claro

El director de Ética Gubernamental dice que el caso de Baby, que implica un supuesto amigo que recibió un contrato de 60,000 pesos mensuales con acuerdo de pasar 30,000 a una tercera persona, estará listo para el segundo trimestre del año próximo. Más de un año de investigación cuando hay una persona bajo juramento diciendo exactamente lo que pasó.

Eso es lo que llaman fiscalización en Puerto Rico. Eso son los entes de fiscalización de los que se habla. El Inspector General, el Secretario de Justicia, toda esa estructura. Todo es escogido por la Gobernadora. Y uno se pregunta, ¿para qué existe toda esta estructura?

Un pacto de agresión controlada

Lo que existe aquí es un pacto de agresión controlada. Vamos a matarnos, pero no vamos a pasar esta raya. Hay reglas. En la guerra hay reglas. La regla aquí es: vamos a tener una pelea, pero en la práctica nadie va a ir preso porque los federales no tienen jurisdicción y a nivel estatal nos aseguramos de que quien fiscalice sea gente que depende de que yo la nombre y confirme.

Esto no es una guerra política. Es una guerra de contrato y de cabildeo. Es una lucha por cómo se van a dividir los guisos de un gobierno que maneja billones de dólares en contratos. El problema principal es que el ingreso y el botín que representa el gobierno de Puerto Rico es el mayor enemigo para el desarrollo del pueblo. Lo que hay es una lucha por el botín. Son cabilderos contra cabilderos, pero no es una lucha a muerte. Hay que magullarse, pero no mucho, porque no se puede acabar el guiso.

Trescientos mil analistas y ninguna acción

Mientras tanto aquí hay 300,000 analistas políticos, 300,000 comentaristas, 300,000 programas de radio. Todos entretenidos mientras en la práctica todo es una guerra por el control del punto. La legislatura dice que va a investigar a Josué Colón, cuando Josué Colón nunca firmó el contrato, por tanto no hay quid pro quo. Todo es entretenimiento.

Se creó el 3PPO y se creó Lap Consulting precisamente para no tener que firmar directamente. Para que otro tenga la responsabilidad. Y eso es tan evidente que nos da en la cara. Mientras tanto seguimos bailando con los problemas, bailando, bailando. No resolvemos ninguno.

Lo que podrían hacer hoy y no hacen

Hoy pudiera la gobernadora y la legislatura obligar que todos los contratos estén registrados en la página del Contralor antes de que sean vigentes. Podrían firmar directamente en la plataforma de la Contraloría como ella está proponiendo. No han aprobado la ley. Hoy podrían obligar también a que se renuncie el privilegio abogado-cliente en los casos donde hay conflicto de interés. No lo hacen tampoco.

La Contraloría encontró fraude y chanchullos pero no puede ir en gestión de cobro para que devuelvan el dinero. Solo puede hacerlo el alcalde, el funcionario, el secretario o el legislador. La legislatura no le ha dado legitimación activa al Contralor para demandar en los tribunales. ¿Por qué? Porque es parte de la esencia del proceso de legitimación del movimiento de riquezas de una parte de la sociedad a otra.

República Dominicana y Haití: mientras nosotros retrocedemos

Puerto Rico puede tener una relevancia regional enorme. Tenemos acceso exclusivo al mercado más grande del mundo, ciudadanía, acceso a las mejores tecnologías. República Dominicana nos está comiendo los dulces. Los países del Caribe progresan mientras nosotros nos quedamos atrás.

Bukele está expandiendo y regionalizando su poder en Haití, buscando crecimiento económico. Aunque sea a través del narcotráfico, está moviéndose. Nosotros aquí simplemente se consume en Estados Unidos pero a nivel de negocio no hay movimiento. Casi toda gran riqueza provino de una gran corrupción. Pero aquí ni robamos bien. Si robáramos bien, por lo menos creceríamos. Aquí es la barrida, se lo comen todo.

El sistema es un embuste

La fiscalización y todo ese andamiaje de ética gubernamental, la inspectora general, el panel fiscal especial independiente, la división de asuntos monopolísticos, todo eso es un embuste. Mira, el Contralor puede hacer excelente trabajo. Pueden tener gente con las manos en la masa. Hacen 20,000 informes al año sobre dónde va el dinero. Y en la isla del pirata, nada va a pasar porque la legitimación del tumbe es parte de la clase política.

Aquí todo el mundo va de la mano de otra gente. La gobernadora va de la mano con sus jefes de agencia. Los representantes y senadores van de la mano de los alcaldes. Los alcaldes van de la mano de sus representantes y senadores. Muchos se benefician de los guisos. Es un baile de gallina uno contra uno alrededor del otro, tratando de pretender que cuando se acabe la música uno no se quede sin sillita. Los alcaldes le dan guiso a legisladores o familiares de legisladores. Y al revés. Así es que se mueve.

El caso de Cataño: 75,000 que nadie reclama

Hay una gestión del alcalde de Cataño que supuestamente tiene que hacer una gestión de cobro de un abogado que supuestamente facturó 75,000 pesos por servicios que no se hicieron. El alcalde no le da la gana de llevar el pleito para recobrar. Se perdieron los chavos. Pero ¿por qué el Contralor no puede ir en acción? El Contralor encontró, auditó y encontró el problema. Pero la Contraloría no puede llevar un pleito.

Eso es cuestión de enmendar la ley y darle la jurisdicción al Contralor. Podremos hacer un argumento constitucional ante el Tribunal Supremo y que el Tribunal decida. Pero ¿por qué no puede la Asamblea Legislativa tener un funcionario que haga gestión de cobro a nombre del pueblo de Puerto Rico? Debería ser la rama electa la más interesada en recuperar ese dinero.

Mira el video completo: https://www.youtube.com/watch?v=KA6O-FUPjuw

Fuentes

• Contralora de Puerto Rico (Contralora de Puerto Rico)

La muerte de Félix Plaud ha puesto al desnudo una industria de timos que funciona con impunidad en Puerto Rico. Desde músicos de reggaetón hasta profesionales, decenas de personas reportan haber sido defraudadas por abogados, contables y otros supuestos negocios que nunca llegaron a buen puerto. Lo más grave no es que los timos ocurran, sino que aunque alguien gane un caso en los tribunales, la sentencia le sirve de poco: no hay mecanismo para cobrar lo que se le debe, y el estafador simplemente se declara en quiebra y sigue con su vida.

Este vacío legal crea un sistema perverso donde la justicia existe en el papel pero no en la práctica. Los tribunales tardan años, los abogados cobran honorarios minúsculos por frivolidad, y los timadores reinciden sin temor a consecuencias reales. Mientras eso ocurre, la gente pierde la fe en las instituciones y algunos, como William Noel Rivera Sánchez, toman justicia por mano propia. La pregunta que queda es si nuestro sistema de justicia puede arreglarse o si está irremediablemente podrido.

Lo importante

• Joel y Randy, músicos de reggaetón, denunciaron que una contable de Río Grande les desapareció medio millón de dólares en un proyecto que no llegó a abrir.
• Félix Plaud presuntamente defraudó al abogado Luis Antonio Quiñones González con 166,000 pesos en un proyecto de dispensarios de cannabis medicinal.
• Un 5K del departamento de Vivienda costó 165,000 pesos solo en carpas, mientras que un evento privado similar cuesta unos 15,000 pesos.
• En Puerto Rico se condenan casos pero se cobran honorarios de apenas 200 a 600 pesos, mientras que en Florida por el mismo trabajo se otorgan hasta 8,000 dólares en costas.
• Plaud había acumulado al menos 20 casos en los tribunales sin que se hubiera ejecutado una sentencia real contra él antes de su muerte.

La industria del timo entre figuras públicas

Varios músicos de reggaetón y empresarios han denunciado ser víctimas de fraudes coordinados por abogados y contables sofisticados. Joel y Randy reportan que una contable de Río Grande desapareció medio millón de dólares que les habían confiado para un proyecto empresarial. Cuando la situación llegó a los tribunales, la contable y su empresa se declararon en quiebra y ella siguió adelante sin consecuencias. Según reportan en redes sociales, la misma contable ha estafado a múltiples clientes con el mismo modus operandi.

El caso de Félix Plaud amplificó estas denuncias. Presuntamente, Plaud y el abogado Luis Antonio Quiñones González ofrecían oportunidades de inversión en dispensarios de cannabis medicinal. William Noel Rivera Sánchez afirmó haber entregado sus ahorros para dos proyectos que nunca llegaron a abrir, uno supuestamente en Culebra. Los fondos desaparecieron y, cuando Rivera Sánchez intentó recuperarlos por la vía legal, enfrentó los mismos obstáculos que Joel y Randy: un sistema que no ejecuta sentencias reales.

Cuando ganar en corte no significa cobrar

El problema fundamental en Puerto Rico es que una sentencia final y firme no garantiza que alguien recupere su dinero. Aunque un juez declare a favor del demandante, este debe entonces intentar confiscar bienes del deudor, lo cual es prácticamente imposible. La mayoría de estafadores se declaran en quiebra o transfieren activos para quedar insolventes legalmente, y las leyes protegen la vivienda principal del deudor incluso cuando hay fraude demostrado.

Los embargos preventivos casi nunca se otorgan en Puerto Rico, lo que significa que el dinero del estafador permanece intacto mientras dura el proceso. No existen mecanismos de retención equivalentes a los que usa la industria automotriz, donde un mecánico puede quedarse con un vehículo hasta recibir pago. Los tribunales tampoco imponen castigos por litigios frívolo de manera consistente, lo que permite que los estafadores y sus abogados alarguen procesos sin riesgo real.

Los gastos de abogado: 200 pesos por un caso de un año

La disparidad entre Puerto Rico y Florida illustra el colapso de nuestro sistema de incentivos legales. En un caso frívolo que duró un año con múltiples apelaciones, los tribunales de Puerto Rico otorgaron 200 pesos en costas al abogado. Ese monto no cubre ni una pequeña fracción de lo que se gastó defendiendo al cliente.

En Florida, un caso de apenas seis meses en el que un cliente estaba siendo demandado injustamente resultó en una orden de 8,000 dólares en costas que se ejecutó inmediatamente. Si no se pagaba al viernes, el tribunal amenazaba con bloquear fondos federales. Esa diferencia de magnitud hace que en Florida los litigantes sean cautos antes de demandar sin fundamento, mientras que en Puerto Rico nadie piensa dos veces antes de radicar una demanda sin merits.

El juez como puertas giratorias de timadores

Félix Plaud tenía al menos 20 casos en los tribunales de Puerto Rico antes de ser asesinado. No se trata de un cliente ocasional sino de una persona con un patrón evidente de conducta delictiva. Sin embargo, nada detuvo sus operaciones. Los timadores no defraudan una sola vez; reinciden sistemáticamente porque saben que las sentencias no se ejecutan.

Si un juez viera un patrón claro de fraude recurrente —como ocurre en estos casos donde hay contratos, documentos y pruebas directas— podría remitir directamente a fiscalía para que radique cargos criminales. La diferencia entre una mala inversión y un timo es que el segundo tiene intención de defraudar y un patrón de repetición. Pero en Puerto Rico, esa distinción nunca se hace.

Mira el video completo: https://www.youtube.com/watch?v=oPazjK0gwmc

Fuentes

• El Vocero: Hallazgo de bultos en apartamento de Plaud (El Vocero)