⚖️ Una sentencia de 167 años que en la práctica no se cumplió, y ahora hay otra mujer muerta de por medio.  🔓 El problema de fondo no es un solo caso: es un sistema que legisla salidas bajo palabra a sabiendas de que ni Corrección ni la Junta tienen cómo fiscalizar a los que dejan libres. 📁 Y por si fuera poco, las mismas agencias no cuadran ni la fecha en que lo soltaron ni tienen su expediente completo. 🤔 Si una condena de 167 años no garantiza nada, ¿qué mensaje le estamos mandando a las víctimas? ➡️Desliza para ver la cronología completa de cómo llegamos hasta aquí. Fuente: El Nuevo Día 

↩️ La gobernadora Jenniffer González retiró este jueves el nombramiento de Francisco Quiñones Rivera como juez superior, junto a otras 15 nominaciones a la Judicatura, según confirma su propia carta enviada al Senado. 🕐 El giro fue en cuestión de horas: en la mañana La Fortaleza dijo que Quiñones se mantenía como secretario de Corrección y que la designación no se había retirado, y para la tarde ya la habían echado para atrás. ⚖️ Sobre Quiñones pesa una investigación de la EEOC, una agencia federal, por denuncias de una subalterna que alega un patrón de acoso laboral y sexual. Él sostiene que las alegaciones son falsas y se acoge a su presunción de inocencia. 🏛️ La movida llega un día después de que Thomas Rivera Schatz, calificando de "imprudente" la nominación, avisara que no la atendería en lo que resta de sesión, que termina el martes. 🔍 En el aire quedan las especulaciones: algunos vinculan la posible salida de Quiñones con el contrato de servicios médicos a los confinados y Physician Correctional, empresa que fue clienta de Politank, la antigua firma de Domenech. 👇 ¿Cuál crees tú que fue la razón? Fuente: El Nuevo Día

🏛️ La gobernadora Jenniffer González Colón nominó al cargo de juez superior al secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Francisco A. Quiñones Rivera. ⚖️ La nominación representa su retorno a la judicatura luego de un periodo en la Rama Ejecutiva. El sueldo de un juez superior es de $126,875. 📋 La Fortaleza justificó la nominación destacando que Quiñones Rivera cuenta con una trayectoria extensa en el sistema de justicia: 10 años como Fiscal Auxiliar II, 12 años como juez superior, y roles en el sector público que incluyen Superintendente Auxiliar de Integridad Pública, director de Asuntos Legales de la Policía, comisionado de la Policía Municipal de Ponce y asesor legal en el Departamento de Seguridad Pública. 🚨 La nominación ocurre meses después de que trascendieran señalamientos en su contra por presunto acoso laboral y hostigamiento sexual. 📄 Una ex funcionaria del DCR detalló los señalamientos en una carta enviada al propio Quiñones Rivera y a la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), describiendo un patrón de maltrato y presunto acoso sexual. 🤝 En abril, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, se reunió con Quiñones Rivera para discutir las imputaciones y le solicitó documentación. ❓ Hasta el momento, no queda claro las repercusiones de esa reunión o si hay alguna investigación al respecto.

⚖️ El Departamento de Corrección confirmó que Melvin Camilo Matthews será excarcelado tras bonificaciones que redujeron su condena de dos años. 📜 Comenzará a cumplir 13 años de probatoria luego de recibir créditos por buena conducta y trabajo en la prisión. 🏛️ El secretario Francisco Quiñones explicó que los cálculos se realizaron según la ley vigente y supervisados por el personal de la institución. 🔍 Quiñones anunció que promoverá una revisión de la ley que permite acortar sentencias, con participación de Justicia, fiscales, víctimas y trabajadores sociales. 🚗 Matthews se declaró culpable del accidente en septiembre de 2023 en Vega Baja que causó la muerte de Lara Camila González Ortiz y lesiones graves a otro pasajero. Fuente: El Nuevo Día

⚖️ El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no avaló el traslado de Anthonieska Avilés Cabrera, de 17 años, a una institución juvenil, recomendando que permanezca en el centro donde está recluida actualmente. 👩‍⚖️ La exfiscal Janet Parra, representando al DCR, explicó que la menor recibe atención médica inmediata y está bajo supervisión de profesionales, lo que garantiza su seguridad física y psicológica. 🏛️ La defensa de Avilés Cabrera, a través de la abogada Rocío Revelles, expresó preocupación por el aislamiento de la joven, la falta de servicios educativos especiales y la necesidad de evitar contacto con adultos. 📋 El secretario del DCR, Francisco Quiñones, anunció que esta semana presentarán un plan completo de recreación, educación, salud y seguridad para la menor, que deberá entregarse al tribunal antes del 12 de septiembre. 🚨El caso se remonta al 11 de agosto en Aibonito, cuando Gabriela Pratts Rosario fue asesinada con múltiples heridas por un grupo de menores y adultos; hasta ahora, solo la madre y la hija enfrentan cargos por el crimen. ⏳ La vista preliminar contra madre e hija sigue programada para el 18 de septiembre, con fianzas de $1 millón para cada una. Fuente: El Vocero

⚖️ El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Francisco Quiñones, confirmó que madre e hija acusadas del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario se encuentran bajo estrictas medidas de seguridad tras recibir amenazas. 📄 Una carta atribuida supuestamente a confinadas advierte sobre “los códigos de la calle” y circula en redes sociales, lo que llevó al aislamiento de las acusadas en el Complejo Correccional de Bayamón. 👮‍♀️ Quiñones explicó, en una entrevista radial, que ambas permanecen en celdas separadas y bajo constante observación para prevenir incidentes. 🔪 Elvia Cabrera Rivera y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, con una fianza de un millón de dólares cada una. 🕯️ Gabriela Nicole, de 16 años, murió tras recibir múltiples heridas de arma blanca la madrugada del 11 de agosto, durante una pelea en Aibonito. Fuente: Primera Hora

⚖️ El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) se echó pa’ atrás con la destitución de ocho empleados vinculados a la excarcelación irregular de Hermes Ávila, feminicida convicto que fue liberado y asesinó nuevamente. 🛑 A los empleados se les ofreció continuar en sus puestos aceptando como suspensión el tiempo que llevan fuera desde diciembre, cuando se anunció la intención de destitución; solo uno ha aceptado hasta ahora. 🔍 La excarcelación de Ávila, quien fingió una parálisis para salir, fue cuestionada por múltiples pesquisas, pero nunca se aclaró cómo engañó al sistema médico y carcelario. 👩‍⚖️ La exsecretaria Ana Escobar había ordenado la destitución por negligencia, pero el nuevo secretario Francisco Quiñones interrumpió ese proceso sin dar detalles. ⚠️ Familiares de víctimas y el Departamento de Justicia critican la decisión, pues consideran que los empleados fueron chivos expiatorios y reclaman acciones contra médicos vinculados a la liberación. 🤔¿Piensas que los empleados involucrados en este caso fueron chivos expiatorios o realmente hubo negligencia? Fuente: El Nuevo Día

⚖️ Como consecuencia del escándalo por la excarcelación de Hermes Ávila, el Departamento de Corrección reingresó a casi todos los reos liberados por razones de salud, sin violaciones a sus condiciones ni procesos formales. 🚔 Uno de los afectados fue Nicolás Torres Padró, excarcelado en 2023 por insuficiencia venosa crónica y reingresado en 2024 sin explicación; murió en prisión en junio de 2025 sin haber recibido una cirugía que tenía programada. 📩 La Sociedad para Asistencia Legal (SAL) denunció que estos reingresos ocurrieron sin vistas ni representación legal, violando el debido proceso que exige la ley para revocar el privilegio de liberación médica. 🏥 Tras su reingreso, Torres Padró fue recluido en el Centro Médico Correccional de Bayamón, donde, según SAL, los reos no tienen acceso a tratamiento adecuado, visitas ni condiciones humanas básicas. 🗣️ ¿Crees que el Departamento de Corrección violó el debido proceso al revertir liberaciones médicas sin vistas ni representación legal? Fuente: El Nuevo Día

⚖️ El Tribunal de Primera Instancia de San Juan negó el interdicto solicitado por Physician Correctional para detener la cancelación de su contrato con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), pero el litigio por violaciones constitucionales y disputa contractual seguirá activo. 🏥 Desde 2018, la empresa provee servicios de salud mental a confinados y su contrato, valorado en $11 millones anuales hasta 2028, fue cancelado por el DCR alegando irregularidades. 📌 Physician alega que la cancelación fue arbitraria y políticamente motivada, vinculada al apoyo de sus directivos al exgobernador Pedro Pierluisi en primarias del PNP. 💰 El tribunal determinó que los daños reclamados, como pérdida de reputación o de contrato, no constituyen daño irreparable y pueden atenderse mediante compensaciones económicas y procesos ordinarios. 🚨 El conflicto escaló tras el caso de Hermes Ávila Vázquez, un confinado excarcelado bajo recomendaciones médicas que luego cometió un asesinato, hecho que el gobierno usa como justificación, mientras la empresa defiende que solo emitió evaluaciones clínicas. Fuente: Metro PR

📌 Physician Correctional demandó al Gobierno y a Corrección para frenar la cancelación de su contrato de $11 millones anuales por servicios médicos en las cárceles, vigente hasta 2028. ⚖️ Alega que la cancelación es una represalia política porque sus directivos apoyaron a Pedro Pierluisi, y que la gobernadora Jenniffer González prometió terminar el contrato sin evaluar su desempeño. 📄 Denuncian que el DCR no siguió el proceso establecido: no hubo notificación formal de incumplimientos ni oportunidad para corregirlos, como exige el contrato. 🚨 Critican además un proceso “ilegal” para buscar un nuevo suplidor, que según ellos viola la LPAU y órdenes federales del caso Morales Feliciano, poniendo en riesgo acreditaciones como el Pinnacle Award. 🗂️ El caso está ligado al confinado Hermes Ávila Vázquez, pero la empresa insiste que la decisión del pase médico fue del DCR y que ninguna investigación halló negligencia médica. Fuente: Metro PR

🛑El Departamento de Corrección está en la etapa final para cancelar el contrato con Physician Correctional, vigente hasta septiembre de 2028. ⚖️El proceso busca evitar penalidades legales, alegando que hay “justa causa” para la cancelación, según un análisis legal realizado por el DCR. 📢El secretario Francisco Quiñones Rivera informó que en menos de un mes se abrirá una convocatoria para seleccionar un nuevo proveedor de servicios médicos para las cárceles. 💸Además, la Oficina del Inspector General (OIG) exigió el recobro de más de $2.8 millones pagados de más a la empresa sin justificación, tras revisar contratos y facturas. 🕵️‍♀️La empresa ha estado en el ojo público desde el feminicidio de Ivette Joan Meléndez, donde un preso fingió estar parapléjico y obtuvo un pase médico para salir de la cárcel. Familiares de la víctima demandaron al gobierno y a Physician Correctional por $41 millones. 🤔¿Crees que de verdad lo van a cancelar? Fuente: El Nuevo Día

📢 La Oficina del Inspector General ordenó al Departamento de Corrección el recobro de más de $2.8 millones a Physician Correctional. 💸 El DCR pagó $2,844,250.02 por encima del contrato sin evidencia de enmiendas ni justificación. 📄 ¡A puro copy paste! Se encontraron 174 facturas sin detalles específicos sobre los servicios prestados, con contenido repetitivo y sin verificación de autenticidad. 🚫 También identificaron pagos por servicios facturados sin contrato y deficiencias en los procesos de solicitud de propuestas. 📉 A pesar de que bajó la población en las cárceles, la agencia siguió pagando la compensación máxima sin hacer ajustes. Fuente: El Nuevo Día

📋 Durante el año fiscal 2023-2024, el Departamento de Corrección y Rehabilitación recibió 3,897 quejas de confinados que no recibieron los incentivos federales emitidos durante la pandemia del COVID-19. Estos pagos, como el cheque de $1,200 aprobado bajo la administración de Donald Trump, debían extenderse a todos los ciudadanos, incluidos los reos, tras una demanda ganada en California. ⚖️El procurador del ciudadano, Edwin García, indicó que, tras la intervención de su oficina y reuniones con la entonces secretaria Ana Escobar, la mayoría de los confinados recibió el pago entre septiembre y octubre de 2024. Sin embargo, algunos casos permanecen pendientes, especialmente aquellos en los que los beneficiarios salieron del sistema y no han sido localizados. ✅ En diciembre de 2024, García solicitó a Escobar información sobre los confinados que aún no habían recibido el incentivo. Sin embargo, este seguimiento quedó inconcluso debido a un cambio de administración.  Fuente: Primera Hora   

¿QUIÉN DICE LA VERDAD? 👨‍⚕️ El doctor Rafael A. Pichardo negó bajo juramento haberle inyectado una sustancia al doble feminicida Hermes Ávila para que perdiera movilidad en la parte inferior del cuerpo y pudiera fingir paraplejía en los exámenes que le hiciera el Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y el Centro Médico. ✍️ “Es totalmente falso y difamatorio”, dice la declaración del médico. “Es muy doloroso que mi reputación, que es testimonio de mi compromiso con el bienestar de mis pacientes y con los más altos estándares éticos de la profesión, se vea manchada”, añade el texto. 👀 Por el contrario, Pichardo considera que estas declaraciones de Ávila son “un intento desesperado por desviar la atención de su propia conducta y carecen de fundamentos creíbles”. Pichardo está retirado de la práctica médica, pero trabajó por 30 años en el Programa de Salud Correccional. 🕵️ Las alegaciones de Ávila fueron presentadas hace unos días en una vista pública como parte de una investigación de Alexis Rodríguez Rivera, gerente de Investigaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). 🫥 Según la pesquisa, el convicto asesino no solo dijo que Pichardo y otros profesionales estuvieron involucrados en su esquema, sino que también le habían prometido la excarcelación si retiraba unas demandas que tenía contra Physician Correctional, empresa contratada por el DCR para servicios médicos y de rehabilitación. Todavía Physician no ha reaccionado al respecto. 🥺 Tras su excarcelación por la Ley 25 el año pasado, Ávila cometió un segundo feminicidio, por el cual fue sentenciado a 102 años de prisión, que se suman a otra pena que cumplía por asesinato. ¿Qué te parece esta saga de película? Fuente: El Nuevo Día

🚨⚖️ El doble feminicida Hermes Ávila alegó que supuestamente le prometieron la excarcelación, si retiraba las demandas contra Physician Correctional, la empresa que da servicios médicos y de rehabilitación al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). 👨‍⚕️💉También alegó que supuestamente un médico le inyectaba una sustancia que lo inmovilizaba de la cintura para abajo por varias horas para pasar los exámenes médicos que le hacía el Fondo del Seguro del Estado y el Centro Médico. ✍️ Estas fueron algunas de las denuncias que recogió un informe redactado por el gerente de Investigaciones del DCR, Alexis Rodríguez Rivera, quien investigó el esquema de Ávila para salir de la cárcel por paraplejía mediante la Ley 25, que permite la excarcelación de reos en etapa terminal. 📄El informe fue presentado ante la Comisión de Iniciativas Comunitarias del Senado, que investiga la excarcelación, en una vista pública en la que la senadora independentista María de Lourdes Santiago describió los hechos como un “esquema fríamente deliberado” que podría contener “asuntos de investigación criminal”. 🤨Según Rodríguez Rivera, el asesino Ávila también dijo que el esquema lo conocían los médicos del panel, la supervisora de Enfermería del DCR y el sargento que lo transportaba a las citas. El informe incluso alega que lo que médicos y empleados del DCR dijeron en la investigación era inconsistente con lo que declararon ante el Senado. 🔎El informe detalla fallas en el área de supervisión del DCR, en la investigación comunitaria para conceder la libertad condicional y en la evaluación de quién recibiría a Ávila en la libre comunidad. También recomienda evaluar el contrato con Physician y “prescindir” de los médicos que evaluaron a Ávila. ¿Le crees a Ávila? Si lo que dice fuera cierto, ¿qué debería pasar con el Fondo y el DCR? Fuente: El Nuevo Día

⛪La secretaria de Corrección, Ana Escobar, aclaró que las salidas que ha tenido el convicto Roberto Quiñones, asesino de Yexeira Torres Pacheco, no han sido pases especiales, sino solo participaciones en actividades religiosas. 👮‍♀️Solo 62 confinados de los 2,130 que se encuentran en custodia mínima tienen permiso para pases especiales de 24 a 72 horas sin custodia, de una población penal total de 7,419. 🗣️“Él (Quiñones) no ha salido de pase. Él ha participado de diferentes actividades, como muchísimos confinados… Son para actividades religiosas, pero salen para actividades culturales, educativas y recreativas muchísimos miembros de la población correccional”, dijo Escobar en una entrevista con Cuarto Poder (WAPA-TV). 🤝Explicó que este tipo de actividades son parte de los programas del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para la “reintegración a la comunidad paulatinamente” y la participación de cada confinado “se evalúa de manera individual”. 🔎Quiñones ha salido al menos en nueve ocasiones para asistir a misa. Sobre él, Escobar dijo: “Esta persona está siendo evaluada (para los pases). No hay ninguna garantía de que esta persona vaya a salir y tomamos todas las consideraciones”. Ya la familia de Yexeira se ha opuesto a las salidas de Quiñones, aunque no habían sido informados de esas actividades a las que asistió. 👀Escobar explicó que, para los pases, se toma en consideración la sentencia, comportamiento, evaluaciones psicológicas, participación en talleres, proceso de arrepentimiento, entre otros. 🤷‍♀️También defendió la posibilidad de estos pases, aunque reconoció que hay personas que “no hay manera de que los puedas encaminar en un proceso de rehabilitación por sus condiciones emocionales, psicológicas o psiquiátricas”. 💸Además, negó que haya hacinamiento en las cárceles, pues hay 1,800 espacios disponibles, y dijo que el DCR tiene buen presupuesto e incluso ingresos propios. ¿Qué te parecen este tipo de actividades y pases disponibles para la población correccional? Fuente: Cuarto Poder (WAPA-TV)