El pasado martes el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó una petición de la Junta de Control Fiscal para revisar una decisión que le costará millones largos al pueblo por la postura del ente fiscal de no querer pagarle una compensación a los dueños de las propiedades expropiadas por el Gobierno de Puerto Rico.
Pese a que tanto la Constitución de Puerto Rico como la Constitución de Estados Unidos establecen que la propiedad privada no puede ser utilizada para uso público sin el pago de una justa compensación, los abogados de la Junta han argumentado que la Ley federal Promesa libera al gobierno de ese pago.
Pero hasta ahora ningún tribunal le ha dado la razón.
Hace dos años, la jueza federal Laura Taylor emitió la primera de dos órdenes en las que concluyó que la quiebra gubernamental no eximía al gobierno del pago de dichas reclamaciones. El 18 de julio de 2022, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó la sentencia de Taylor Swain y ordenó el pago íntegro de las sentencias de expropiación forzosa.
¿De cuánto estamos hablando?
Los abogados de la Junta informaron a la jueza Taylor Swain que estimaban que las sentencias de expropiación sumaban unos $400 millones y que el Plan de Ajuste aprobado contaba con una partida de $532 millones para su pago. Esa cifra, según expertos, incluye más de $50 millones en intereses acumulados que se hubieran evitado si los abogados de la JCF no hubieran insistido en una posición “frívola”, que a fin de cuentas les beneficia a ellos.
