Kamille Camacho Monclova, una joven madre y estudiante de salud pública que tiene diabetes tipo 1, narró a Cuarto Poder (WAPA-TV) su angustia tras enterarse que tendría que pagar $500 mensuales por insulina, adicionales a los $300 que paga por un plan privado, pues su cubierta había alcanzado el tope anual.
La mujer adquirió un plan individual para ella y su hijo con la aseguradora Triple-S, el pasado mes de marzo. Debido a su condición, optó por la cubierta más amplia que le ofrecieron y la única que cubría su tipo de insulina, según fue orientada.
Pero cuando Camacho llegó a la farmacia para buscar sus dosis de este mes, le indicaron que su deducible no sería los cerca de $100 que acostumbraba a pagar, sino que tenía que costear la totalidad de la insulina.
Por su parte, Triple-S dijo en declaraciones escritas que “en 2010 con la aprobación del Affordable Care Act (Obamacare) el gobierno federal modificó las normas aplicables al mercado de planes médicos individual con el objetivo de proveer mayor acceso a servicios de salud a la población. Estos diseños de planes individuales establecen varios niveles y límites en algunos componentes para mantener económicamente razonable el acceso a servicios de salud. Con ello se permite que cada individuo pueda seleccionar la cubierta que mejor se ajusta a sus necesidades. Todo diseño de plan de salud requiere aprobación de la Oficina del Comisionado de Seguros”.
“La cubierta seleccionada por nuestra asegurada en efecto tiene ciertos límites. No obstante, si esta cubierta ya no se ajusta a sus necesidades, Triple-S tiene otras opciones con beneficios adicionales que la asegurada pudiera seleccionar. A tales fines estaremos dando la orientación correspondiente. Nuestro interés es ofrecer alternativas para las diversas necesidades de la población de Puerto Rico, tomando en cuenta calidad y asequibilidad”, continúo la declaración refiriéndose al caso particular de Camacho.
Sin embargo, la joven se había comunicado con el representante de la aseguradora que le vendió su plan para auscultar otras cubiertas y no encontró otras opciones.
“En este pánico en el que entro le pregunto, pues qué alternativas yo tengo, cuánto tengo que pagar para yo poder tener estos medicamentos por doce meses y entonces él me dice pues las alternativas que tienes son, intentar con la reforma, […] lo otro que puedes hacer es buscar un trabajo que tenga una cubierta grupal”, relató Camacho.
La situación de Camacho no es un caso aislado según la presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, Leticia Hernández.
“Pasa en términos de la insulina, pasa con otros medicamentos que llega el momento que el paciente no los puede continuar utilizando porque tiene que decidir entre hago mi compra, pago mi casa, pago mi electricidad, mi agua o compro mis medicamentos. O simplemente el costo es tan alto que no pueden continuar utilizándolos porque su cubierta no aporta lo suficiente para que ellos puedan continuar esas terapias”, explicó.
Precisamente un estudio comisionado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en 2018, encontró que para 14.1 por ciento de los diabéticos encuestados en Estados Unidos, pagar insulina les costó más del 40 por ciento de los ingresos familiares restantes luego de cubrir las necesidades básicas.
Otro estudio del Colegio Americano de Médicos cuantificó en 1.3 millones los diabéticos estadounidenses que racionaron sus dosis de insulina por no poder pagarlas.
Mientras tanto, en Puerto Rico, casi la mitad de la población es diabética o prediabética según un estudio reciente de la compañía Abartys Health en alianza con la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Y la problemática de racionar la insulina no es ajena a nivel local.
“Eso es algo que sucede en muchos pacientes que ellos racionan la insulina, nosotros pues vemos que este paciente no llega al control vemos muchas veces [que] hacemos ajustes a la terapia de este paciente y no llega a control y muchas veces estos pacientes sienten hasta vergüenza en decirnos a nosotros, mire doctora es que no puedo pagar mis insulinas”, recalcó la endocrinóloga Hernández.
En cuanto al caso de Camacho, el pasado 15 de noviembre recibió una carta en la que le comunicaban que es elegible para el programa Medicaid. Sin embargo, requiere la receta de otro médico que esté bajo la nueva cubierta para que le puedan despachar su insulina.
Al momento, Camacho está desprovista de sus dosis de insulina por parte del sistema de salud.
