Recursos Naturales ignora preguntas sobre pesquisa de árboles envenenados en parque de Condado

Un velo de misterio envuelve la pesquisa que Departamento de Recursos Naturales dijo que encaminó para determinar si los siete árboles del parque de Condado, eje de una controversia reciente por una intentona de venta, murieron por envenenamiento.

Inicialmente el portavoz de prensa de la agencia indicó a Cuarto Poder (WAPA-TV), mediante mensaje de texto:  “estoy verificando con la División Legal. Tan pronto tenga información te llamo”. Luego de ese mensaje del 4 de octubre no respondió llamadas, ni mensajes de texto.

En enero, los vecinos de Condado presentaron una querella ante la agencia cuando notaron que los troncos de los árboles del parque Ana Roqué de Duprey tenían perforaciones y comenzaban a secarse. Había cuatro árboles en la acera y tres en el terreno del parque: dos robles y un almendro. Ahora solo quedan los tres árboles del parque: dos secos y uno que todavía tiene follaje verde.

“Uno de los robles se ha negado a morir, pero no sabemos si va a sobrevivir”, contó líder comunitario Amaury Rivera.

Rivera explicó que dos funcionarios de Recursos Naturales visitaron el lugar poco después de radicada la querella. Tomaron fotos y notas, pero nada pasó.

El curso de esa pesquisa volvió a aflorar en verano cuando los vecinos denunciaron la sigilosa venta del parque por $145,000. En medio de esa polémica y una  investigación legislativa que se convocó para investigar el asunto, la secretaria de Recursos Naturales Anaís Rodríguez Vega ha ofrecido respuestas contradictorias, según el portavoz de la comunidad de Condado y una de las personas que demandó para obtener información y revertir la sospechosa transacción.

“La secretaria (Rodríguez Vega), en las vistas públicas que hubo en la Legislatura, inicialmente dijo que no había querella, pero cuando se hizo la vista ocular ahí dijo que sí y luego cuando participó en las vistas posteriormente mencionó que sí existía la querella desde enero y que había sido engavetada. Yo estaba sentada de ella cuando lo dijo”, indicó Rivera.

“Después ella dijo que se iba a volver a abrir la querella original y que se iba a preparar un reporte. No sabemos si se hizo el reporte”, agregó.

En julio 26, el periódico digital NotiCel informó que Rodríguez Vega anticipó que podrían imponerse multas si la agencia comprobaba que hubo envenenamiento de los árboles del parque.

Seis meses después de radicar la querella ante la agencia, los vecinos denunciaron que Krug Property había adquirido a precio de quemazón ese predio, que ubica en la exclusiva Avenida Ashford, justo al cruzar la calle de la playa, para construir un lujoso proyecto de vivienda.

Aunque el terreno pertenece al Municipio de San Juan, la empresa presentó ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) una solicitud de adquisición. Posterior a la petición, la agencia inscribió la propiedad a nombre del gobierno porque alegaba que “no existía evidencia que acreditara el dominio a persona, entidad o agencia alguna” y vendió el parque al desarrollador, que planeaba unir ese predio a una parcela contigua para construir un condominio de 12 pisos. El arquitecto a cargo del proyecto era José Fernando Váquez cuñado del abogado y cabildero Andy Guillermard y esposo de Caridad Pierluisi, la hermana del gobernador Pedro Pierluisi.

Al principio, el ayuntamiento capitolino se desvinculó de la transacción, pero en medio de las protestas ciudadanas reconoció la titularidad del predio y demandó al DTOP y a Krug Property para recuperar el parque Ana Roqué Duprey. Ya en ese momento, había iniciado la investigación de la Cámara de Representantes y el desarrollador había cercado el parque, eliminado los bancos del lugar y presentado una petición de permisos de construcción ante el Municipio de San Juan. Como parte de la preparación para iniciar la construcción, empleados de esa empresa aparentemente trataron de eliminar los árboles, alertaron los vecinos de la comunidad.

“Tenemos un testigo que vio cuando estaban taladrando los árboles. Eso fue a las 6:00 a.m. en diciembre y fueron los mismos empleados que estaban en el proceso de demolición de la casa que estaba en el solar aledaño. Quiere decir que esos empleados eran del desarrollador, cruzaron la verja y comenzaron a taladrar”, apuntó Rivera.

También existe otra pugna. La nueva verja que colocó el desarrollador en su parcela toma tres pies y medio de terreno del parque, un deslinde que el líder comunitario insistió impugnará para mantener la integridad del parque. La comunidad tampoco está en sintonía con la propuesta para realizar mejoras al parque que presentó el alcalde Miguel Romero Lugo.

Pero las preguntas en torno al manejo del parque no terminan ahí.

En agosto pasado, el Departamento de Justicia anunció que las partes lograron un acuerdo, que reconoció la titularidad del Municipio de San Juan, pero no contempló exigirle al desarrollador tomar medidas de mitigación ante la muerte de los árboles.

Como parte de esa transacción, el DTOP devolvió a Krug Property los $145,000 que pagó por el parque y $9,857 por los cargos asociados a la abortada venta del espacio comunitario, lo que significa que el gobierno devolvió al desarrollador gastos privados incurridos en la polémica transacción.

Cuarto Poder preguntó a Justicia y al Municipio de San Juan sobre ese acuerdo transaccional y el ayuntamiento respondió por escrito que “el terreno se recibió como estaba” y que “el Municipio no acordó pagar cuantía alguna. DTOP acordó reembolsarle unos gastos al proponente”.

Justicia, quien sirvió de abogado del DTOP en la demanda, respondió por escrito que la partida de $9,857 se acordó “porque fue parte de los gastos en que incurrió Krug Property por la compraventa del terreno, que fue devuelvo por éste como parte de la estipulación”.

“Nos parece que esa respuesta debe dirigirse al Municipio de San Juan, dueño de la propiedad”, respondió ante la pregunta de por qué no se le requirió al desarrollador entregar el parque en su estado natural.

0 Shares:
You May Also Like