Salpicada de controversias la hoja de vida del nuevo Secretario del DACO

Hiram Torres Montalvo, designado secretario del DACO

Hace seis años, el Tribunal Supremo impuso una multa de $5,000 al licenciado Hiram Torres Montalvo por radicar un pleito frívolo en un intento por descarrilar el nombramiento de la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez.

Conocido por su activismo político, el designado secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) también corrió varias campañas fallidas a la legislatura y se ha destacado como contratista del Municipio de Cataño, de la Administración de Familias y Niños, de la Cámara de Representantes y del Senado.

Torres Montalvo copó titulares el 7 de marzo de 2016 luego de que el Tribunal Supremo determinó que no tenía la capacidad legal para inmiscuirse en la decisión del entonces gobernador Alejando García Padilla de designar a Oronoz Rodríguez para presidir la curia.

Ante rumores de que la mayoría estadista del Supremo se aprestaba a nombrar a su propio presidente y anticipando un golpe estado, la mayoría popular del Senado confirmó a la entonces jueza asociada a toda prisa para cubrir la vacante dejada por la presidenta Liana Fiol Matta, que se acogió al retiro.

Aprovechando la crisis política, Torres Montalvo demandó al gobernador alegando que la Constitución no le concedía la facultad para hacer esa designación sino que esa función recaía sobre los jueces y juezas del Supremo.

“Lo que ha pretendido establecer el peticionario, mediante argumentos ostensiblemente frívolos, no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Esto es así, pues, tanto la claridad en el contenido de los preceptos constitucionales citados, así como la evidente intención

de la Asamblea Constituyente al redactarlos, no dejan margen a dudas de que en nuestro ordenamiento jurídico los nombramientos a los puestos de Juez Presidente y Juez Asociado de este Tribunal recaen en nuestras ramas hermanas, esto es, en la Rama Ejecutiva y en la Rama

Legislativa”, apuntaló el Supremo en una opinión escrita por el juez asociado Roberto Feliberti Cintrón.

“Resolvemos, por lo tanto, que procede imponerle a la parte peticionaria el pago de honorarios de abogado por la cantidad de $5,000 a favor del Estado por iniciar y persistir en una reclamación totalmente frívola que atenta contra el mejor funcionamiento de este Tribunal y la Rama Judicial”, agregó.

En ese momento, Torres Montalvo aspiraba a un puesto de legislador en las próximas elecciones generales, que no logró. Más tarde intentó sin éxito convertirse en senador por acumulación bajo la insignia de la Palma.

En el 2015, también encabezó manifestaciones en contra del AutoExpreso y demandó a la Autoridad de Carreteras para detener el sistema de fotomultas en las plazas de peajes del país, un logro que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia destacó ayer al anunciar su designación. Ese mismo año, radicó otra demanda para exigir al Departamento de Hacienda el pago de los reintegros.

Un año antes, radicó una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental cuestionando el uso de las escoltas de la entonces secretaria de Hacienda, Melba Acosta Febo. Además, radicó una demanda a nombre de un grupo de ciudadanos de Toa Alta, quienes buscaban que el ayuntamiento dejara de operar un vertedero municipal.

Durante la incumbencia del secretario de Asuntos del Consumidor, Luis Rivera Marín, el abogado laboró en la División Legal del Departamento de Asuntos del Consumidor del 2011 al 2012.

Al momento de su nombramiento, Torres Montalvo mantenía un contrato con el Municipio de Cataño por asesoría legal. Con un tope de $12,500, el contrato cubre el periodo del 1 de agosto de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Otro contrato de $45,000 con la Administración de Familias y Niños expira el 30 de junio de 2023.

Pese a que estaba muy activo en las redes sociales, tras su nombramiento las cuentas en Facebook y Twitter aparecen cerradas o limitadas a sus amigos.

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