Tres días después de que el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, solicitó la desestimación de los cargos que pesan en su contra alegando que el dinero en efectivo que recibió del convicto contratista Oscar Santamaría Torres era un donativo de campaña y no un soborno, la Fiscalía Federal reveló que el testigo cooperador realizó esos pagos bajo la supervisión del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y usando el dinero de la agencia federal.
El dato salió a relucir hoy, durante una vista virtual con antelación al juicio ante la jueza federal Aida Delgado Colón, luego de que el licenciado Eduardo Ferrer Ríos solicitó al ministerio público copia de los estados bancarios de Santamaría Torres que muestren “las cuentas de las cuales retiró el dinero para las aportaciones a la campaña política de nuestro cliente”.
“Santamaría hizo los pagos de los sobornos a Ángel Pérez bajo la dirección del FBI. No estoy seguro que pide la defensa”, apuntó uno de los dos fiscales que participó en la vista celebrada mediante videoconferencia y quien no se identificó para récord.
Los periodistas solo pueden escuchar la vista por teléfono. No tienen acceso a la plataforma de zoom que permitiría ver quién habla. En la vista de hoy, participaron los fiscales Scott Anderson y Nicholas Cannon.
El fiscal, luego a preguntas de la togada, indicó que el pago de los sobornos se realizó con fondos del FBI.
Ante la confusión que creó la petición de los estados bancarios, el licenciado Ferrer Ríos aclaró que la fuente del dinero federal no estaba en pugna pero que en los informes 302, que son los formularios para documentar las entrevistas del FBI, “el testigo indicó que dio dinero para la campaña de nuestro cliente de fuentes que no provenían del gobierno federal”.
Tras la aclaración, la fiscalía acordó realizar una llamada a los abogados de defensa para dilucidar el alcance de la petición y posteriormente presentar una moción informativa a la jueza Delgado Colón explicando el desenlace del asunto.
Ferrer Ríos, quien estuvo en la vista junto al licenciado José Olmo Rodríguez, también pidió un listado de todas las empresas vinculadas a Santamaría Torres, una petición que la fiscalía dijo atenderá tras solicitar medidas cautelares para que no “se propague la información”.
Durante la vista, que se extendió unos 20 minutos, el licenciado Olmo Rodríguez aseguró que la controversia del “quid pro quo” planteada en la moción de desestimación debía resolverse ahora, mientras que la fiscalía argumentó que era un asunto para el jurado. Los abogados de defensa alegan que la evidencia del ministerio público no demuestra que existió un acuerdo explícito entre Santamaría Torres y el exalcalde de Guaynabo para que el funcionario aceptara sobornos a cambio de extenderle contratos municipales a las empresas del contratista. Insisten en que el dinero que recibió Pérez Otero consistió de aportaciones a su campaña política, que no informó.
Hoy, durante la vista, la jueza Delgado Colón también preguntó a los abogados defensa si habían recibido como parte del descubrimiento de prueba los videos de mayo 19, julio 1 y agosto 11 de 2021 y las grabaciones de teléfono con transcripciones de junio 1, agosto 19 y 27 de 2021. Esas grabaciones, según el ministerio público, evidencian el soborno.
“Proveyeron todo y todo está en orden”, afirmó Ferrer Ríos.
La moción de desestimación de Pérez Otero se dio tras rechazar varias propuestas del ministerio público para declararse culpable de cargos de corrupción pública. El juicio está pautado para comenzar el 13 de marzo de 2023.
La Fiscalía Federal presentará de 8 a 10 testigos y la defensa anticipó hoy que sentará a declarar a menos de 5 testigos. Por los delitos imputados, el exalcalde se expone a una sentencia de hasta 20 años de cárcel.
