Un panel compuesto por los jueces apelativos Abelardo Bermúdez, Grace Grana y Nery Adames concluyó que el Tribunal de Primera Instancia había actuado correctamente cuando desestimó los cargos que pesaban contra los contratistas Juan Maldonado de Jesús y Aaron Wayne Vick, debido a que se trata de ciudadanos privados a los que se le acusa por hechos cometidos entre ellos sin la participación de un funcionario público.
Este era el único caso criminal presentado hasta ahora luego que el Gobierno de Puerto Rico estuvo a punto de pagar $38 millones mediante un contrato ‘fast-track’ por pruebas rápidas de Covid-19 a una empresa que se dedicaba a la construcción.
