El pasado 11 de octubre entró en vigor la Ley 85-2022, que enmienda el Código Penal para que toda persona que esté cumpliendo sentencia en una institución carcelaria sea considerada para libertad bajo palabra tan pronto cumpla el 75% del término de reclusión impuesto.
Esto obligará al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) tendrán que contratar más personal en las próximas semanas para tramitar lo que se espera sean cientos de solicitudes de personas convictas que son elegibles para evaluar si pueden salir de prisión antes de lo que dicta la sentencia.
