Si para el 30 de noviembre no se ha completado el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se abre la posibilidad para una cancelación automática del contrato de LUMA Energy, que administra el sistema de distribución y transmisión de la red eléctrica.
Así lo planteó el ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), quien además propuso al gobierno que aproveche la coyuntura para solicitar al operador canadiense cuatro cambios: una revisión de tarifa, un cambio de gerencia y nuevo plan de administración, la integración de todos los empleados de la corporación pública y que la supervisión del contrato recaiga sobre la AEE.
Ahora la Autoridad para las Alianzas Público Privadas fiscaliza el contrato, pero ha sido criticada por la dejadez y falta de pericia para realizar esa tarea.
“Que le diga al operador privado ‘si tú me aceptas esas cuatro condiciones, te extendemos el contrato’. Lo que planteo es que esta es la oportunidad perfecta para esta administración que escogió la privatización como su vía y quiere hacer unos cambios a base de su forma de ver el mundo, que es privatizando, que privaticen bien. Aquí tienen la oportunidad de hacerlo”, indicó en entrevista con Cuarto Poder (WAPA-TV).
“Ahora si eso no funciona y LUMA dice no va a hacer cambios en la administración ni el contrato, se hace una transición hacia otro operador u otra forma de operar la autoridad”, agregó.
Torres Placa explicó que debido a que la AEE se encontraba en medio de la quiebra, el gobierno acordó extender a LUMA un contrato suplementario de 18 meses, que contiene una cláusula automática que lo extendería a 15 años de completarse el proceso de quiebra en un término de 18 meses. Esa misma cláusula permite su cancelación automática.
Por tratarse de un contrato suplementario, el operador privado recibe un pago anual fijo de $115 millones en vez del pago de los $105 millones anuales con bonificaciones de $20 millones, que propone el contrato de 15 años.
“Nadie se esperaba que viniera la pandemia y que el proceso de negociación de la quiebra durara más de 18 meses… la cantidad de trabajo que queda por realizar desde agosto 19, que es hoy, hasta noviembre 30 es sustancial. Es cuesta arriba”, apuntaló.
Bajo estas condiciones, según Torres Placa, no hace falta la autorización de la Junta de Control Fiscal. La autorización de la Junta y del Negociado de Energía sería requerida en el contexto del contrato a largo plazo y si LUMA incumple con disposiciones contractuales.
El debate sobre la cancelación del contrato de LUMA ha tomado auge luego de que en la pasada semana se experimentaran apagones relacionados al pobre manejo de la red de distribución y transmisión a cargo del operador privado.
Hoy, la comisionada residente, Jenniffer González Colón, reclamó la cancelación del contrato y sentenció que la Junta de Supervisión Fiscal no puede obligar al Gobierno de Puerto Rico a quedarse con un contrato que no brinda buen servicio.
Fuentes de ese medio aseguraron que ya en algunas esferas del Partido Nuevo Progresista inició un proceso de evaluación del contrato ante el reconocimiento de que dicha contratación constituye un flanco débil para la colectividad de cara a las próximas elecciones.
