Senado detuvo medidas contra violencia de género pese a que tenían aval del gobernador

Dos proyectos aprobados para lidiar con la emergencia de violencia de género que enfrenta el país quedaron varados en el Senado y nunca fueron enviados a la Oficina del Gobernador para su consideración y firma.

El pasado 24 de junio, seis días antes de que acabara la pasada sesión ordinaria, la Cámara de Representantes aprobó una medida que incorpora al Código Penal vigente las categorías de feminicidio y transfeminicidio. Ese mismo día avaló otra medida que requiere que un representante del Ministerio Público esté presente durante la vista de determinación de causa para arresto en los casos de violencia doméstica.

Pese a que existe ambiente en La Fortaleza para la aprobación de ambas medidas, el Senado aguantó su envío hasta el inicio de la nueva sesión, que arranca hoy, lunes, para supuestamente obligar al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia a atenderlas con premura.

Según indicó el portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático, Javier Aponte Dalmau, a través de su portavoz de prensa, la decisión de frenar las medidas ocurrió por la cantidad de medidas que vetó el gobernador durante el verano.

Cuando las medidas se envían al Ejecutivo y la Legislatura está en receso, el primer ejecutivo tiene 30 días para evaluarlas y firmarlas. No tiene que explicar un veto. Pero cuando el cuerpo está sesionando el gobernador tiene 10 días para atenderlas y tiene que justificar su veto.

La sesión pasada cerró el 30 de junio.

Los proyectos, que todavía no han sido firmados por los líderes legislativos, serán enviados próximamente para la firma del gobernador junto a otra veintena de medidas aprobadas y detenidas en la Asamblea Legislativa.

A inicios de su administración, Pierluisi Urrutia decretó un estado de emergencia para atender la violencia de género, que según el estudio “Persistencia de la Indolencia: Feminicidios en Puerto Rico 2014-2018”, acaba con la vida de una mujer cada 7 días.

Luego el gobernador ordenó al Departamento de Justicia revisar su política de manejo de los casos de violencia doméstica para que un fiscal acompañe a la víctima en la vista de Regla 6 o causa para arresto. Tras el asesinato de Andrea Ruiz Costas quedó al descubierto que los fiscales no siempre se presentan a estas vistas.

Ruiz Costas acudió al Tribunal de Caguas en busca de una orden de protección ante el patrón de acoso y maltrato al que la sometía su expareja, Miguel Ocasio Santiago, quien la asesinó un mes después de que dos juezas rechazarán extenderle una orden protectora.

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