Sin tener que mover un dedo, el consorcio LUMA Energy podría echarse al bolsillo unos $391 millones por la cláusula de ajuste de inflación contenida en el contrato principal, que el gobierno le extendió para que administre la red eléctrica, según un cómputo realizado por Cuarto Poder (WAPA-TV). Esta cifra no incluye los pagos fijos, ni los incentivos por desempeño, que contempla polémico acuerdo.
Ese contrato a 15 años entraría en vigor cuando la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)complete la reestructuración de su deuda de $8,259 millones. Actualmente el operador privado opera el sistema bajo un contrato suplementario.
Pero otro cómputo del economista José Alameda Lozada estimó la partida de ajuste por costo de vida en $453 millones. Ambos cálculos aplicaron una tasa de inflación de 4% a la tarifa fija que recibiría el consorcio canadiense y que empieza en los $70 millones hasta llegar a los $105 millones anuales, pero Alameda Lozada añadió un factor actuarial.
Esa partida no incluye los $7 millones por ajuste de inflación que ya recibió LUMA y que se calculó a base de la tarifa de $115 millones anuales que cobra bajo las condiciones del contrato interino.
La noticia del ajuste de los $7 millones cayó como un balde de agua fría debido al pobre servicio que ha ofrecido el operador privado desde que asumió la administración de la red eléctrica el 1 de junio de 2021. En una resolución de agosto pasado, el propio Negociado de Energía reconoció que la contratación de LUMA no ha producido mejoras en el servicio.
Al evaluar el desempeño del operador privado, el Negociado encontró que el promedio mensual de duración de las interrupciones en el servicio se redujo hasta el mes de enero de 2022. Pero de ahí en adelante, y hasta el presente, la duración de las interrupciones ha ido en aumento.
No se trata solo de los apagones.
Los clientes de LUMA se quejan del pobre servicio al cliente y la falta de personal diestro para reparar las averías. El consorcio se creó para administrar la red eléctrica de Puerto Rico y no cuenta con experiencia previa en la administración de sistemas aislados, como el del archipiélago.
Ante el malestar generalizado que crearon los apagones hace uno meses atrás, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia pidió sin éxito la salida de la alta gerencia de LUMA y la contratación de empleados adicionales para las brigadas que trabajan en la calle. Pero conforme se acercó el término para cancelar el contrato suplementario, el pasado 30 de noviembre, el primer ejecutivo pasó de colocar en probatoria a LUMA a plegarse a sus peticiones.
Pese a las deficiencias, el Negociado de Energía nunca ha multado al consorcio privado y ahí estriba el problema para el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa. El ingeniero ha asegurado que urge fiscalizar a LUMA e imponer penalidades para obligar a la empresa a mejorar el servicio que ofrece.
Torres Placa, quien votó en contra de la extensión del contrato, ha abogado por cambios en el contrato para reducir la tarifa fija que se paga al operador privado y eliminar la cláusula de ajuste por inflación. Sin tomar en cuenta los incentivos, el contrato a 15 años garantiza a LUMA unos $1,520 millones en cargos fijos.
“En caso que esta cláusula de inflación no se elimine cuando se implemente el contrato de los 15 años una manera de razonable y justa de trabajar esto es que el Negociado de Energía emita multas por esta cantidad para evitar que en años donde no se cumpla con las métricas establecidas (en el caso NEPR MI-2019-0007) no procedan estos ajustes por inflación”, apuntaló.
“Ese proceso es independientemente de quien opere la Autoridad de Energía Eléctrica si es este, un operador futuro o inclusive la misma Autoridad de Energía Eléctrica. En jurisdicciones similares cuando no hay cumplimiento con requisitos del regulador se imponen multas y penalidades”, añadió.
En octubre de 2020, el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, en inglés) analizó el contrato de LUMA y advirtió que traería consigo tarifas de electricidad más altas, entre otros problemas, por eso recomendó desistir de la contratación.
El mes pasado, la organización CAMBIO advirtió que lejos de ahorros, el contrato de LUMA supone un aumento en gastos para el gobierno por la abultada lista de consultores y asesores legales que tiene el consorcio canadiense para compensar por la falta de peritaje para administrar la red eléctrica. Según el análisis de CAMBIO, el consorcio privado gastó $100 millones en asesoría, que se sumó a los $117 millones que recibió por hacerse cargo del sistema de distribución y transmisión.
