Tatito Hernández condiciona apoyo para nueva APP de generación de energía a que salga LUMA Energy

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, condicionó su voto a favor del contrato para la privatización del sistema de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a cambio de la cancelación del contrato de LUMA Energy.

En entrevista con Yennifer Álvarez Jaimes en el programa Los datos son los datos (WAPA-TV), reconoció que su representante ante la Junta de Gobierno de la Autoridad para las Alianzas Público Privada (AAPP), Liza Ortiz Camacho, tiene la facultad para fiscalizar el polémico contrato del consorcio canadiense, pero esquivó preguntas sobre la posibilidad de procurar la anulación de dicho acuerdo desde esa tribuna.

“Quiero ser consistente con lo que planteamos hace un mes atrás, si no salimos de LUMA no hay voto de la Cámara de Representantes para una nueva alianza público privada sea buena o mala”, apuntó sobre su posición en torno a la privatización el sistema de generación.

La AAPP se encuentra en el proceso de escoger a un nuevo operador de la flota de generación. Un comité evaluó ocho propuestas y, según informó El Nuevo Día el mes pasado, seleccionó a Encanto Power LLC, propiedad de New Fortress Energy.

Hernández Montañez también abogó por enmiendas a las leyes que regulan la privatización de servicios esenciales para garantizar transparencia y fiscalización gubernamental adecuada.

“La realidad es que hay un planteamiento previo a llegar ese momento (pedir la cancelación del contrato el 30 de noviembre) y que esperamos que se dé. Esa es nuestra aspiración. Que se pueda evaluar una nueva alternativa en la extensión de un nuevo contrato. Estamos conscientes que la política pública del gobierno no va a ser regresar a la AEE, ni a nada que sea similar. Ellos quieren mantener esta visión de alianzas público privada, pero ¿dónde ha fallado este contrato? Ha fallado en la transparencia, en la sensibilidad, en la capacidad para manejar un sistema eléctrico en el trópico”, argumentó.

Ayer, Hernández Montañez catalogó la respuesta LUMA tras la emergencia ocasionada por el huracán Fiona como deficiente y le dio una nota de “F”.

Desde el 1 de junio de 2021, LUMA Energy opera el sistema de transmisión y distribución mediante un contrato suplementario, que expira el 30 de noviembre. Para el Centro de la Nueva Economía, el abogado Rolando Emanuelli y el representante de los consumidores ante la AEE, Tomás Torres Placa, ese contrato vence de forma automáticamente ese día sin requerir acción del operador privado o de un tribunal, como plantea el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

De acuerdo a la interpretación del primer ejecutivo, el acuerdo contractual con LUMA contiene “condición resolutoria” que otorga la potestad de cancelación solo al operador privado.

Hoy, Hernández Montañez no respondió cuál interpretación del contrato entiende que es correcta y minimizó el rol de su representante ante la Junta de Gobierno de la AAPP.

“La realidad es que tenemos una persona que puede participar de cualquier contrato futuro, sí tiene una responsabilidad ministerial desde el punto de vista de fiscalización de lo que se ventila en el día a día y ha estado obviamente haciendo su trabajo, pero lo que tiene en su ‘pipeline’ con otros miembros de esa Junta la próxima alianza público privada que se está ventilando, que es la generación. Esta transacción (el contrato de LUMA) se adjudicó por la pasada administración. No fue una transacción que representantes de este cuerpo legislativo, de este cuatrienio, participarán. Ni el gobernador tampoco”, señaló.

Aunque forman parte de dicha Junta, la licenciada Ortiz Camacho y el licenciado Eduardo Ferrer Ríos, quien representa al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, han mantenido silencio sobre el contrato de LUMA.

Sin estos llamados representantes del interés público, la AAPP no puede tomar acuerdos, según la Ley 29 de 2009 o Ley de Alianzas Público Privadas. Además, la Ley 20 de 2018 o Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico estipula “que cualquier transacción de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) que no involucre la venta de activos de la AEE” requiere el voto afirmativo de ambos representantes del interés público.

Mira la entrevista aquí: Tatito le da una “F” a LUMA Energy tras el paso de Fiona

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