Jay Fonseca
#AutoridadDeTierras

ASESOR PNP CON FEI POR GUISAR POR TODOS LADOS

🚨 Radican 10 cargos criminales por presunto fraude con fondos públicos destinados a un proyecto en Guaynabo.

💰 El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) informó que presentó diez cargos contra José Miguel Huertas Torres y la corporación 3T Industrial and General Contractors Corp. por un presunto esquema de fraude y apropiación ilegal de $380,000 en fondos públicos asignados a un proyecto de infraestructura en el sector Quebrada Margarita, en Guaynabo.

⚖️ Los cargos incluyen dos violaciones por fraude y ocho por apropiación ilegal grave de fondos públicos. La jueza Milagros Muñiz Mas, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $20,000 por cada uno, para un total de $200,000.

📅 La vista preliminar fue señalada para el 14 de julio.

🔎 Según el PFEI, la investigación también reveló el alegado uso de propiedad pública para fines personales y el uso ilegal de fondos públicos.

🏛️ Huertas Torres laboraba para la Autoridad de Tierras como técnico a cargo de proyectos en el distrito de Bayamón y servía como enlace entre la agencia, organizaciones sin fines de lucro que recibían los fondos y los legisladores que asignaban el dinero.

👀 El PFEI aseguró que continuará investigando y procesando casos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos.

Sale bien del caso donativos legislativos

⚖️ El Tribunal de Apelaciones revocó una decisión del Tribunal de Primera Instancia y ordenó desestimar la denuncia criminal contra la exfuncionaria Dorally Rivera Martínez, al concluir que la investigación del Fiscal Especial Independiente (FEI) se extendió por un tiempo irrazonable.

⏳ Según la sentencia, la investigación duró 1,103 días, cuando la ley establece que el FEI debe completar este proceso en 90 días, con la posibilidad de una sola prórroga adicional de 90 días si existe justa causa.

🧾 La denuncia presentada en noviembre de 2025 alegaba que Rivera Martínez incurrió en negligencia en la supervisión de contratos y manejo de fondos públicos en la Autoridad de Tierras, lo que habría provocado la pérdida de dinero público.

📑 Durante el proceso se concedieron múltiples prórrogas y hasta se paralizó la investigación mientras la Oficina del Contralor realizaba una auditoría, lo que el tribunal entendió excedió los límites que permite la ley.

🏛️ El Tribunal de Apelaciones concluyó que la extensión de la investigación por más de mil días fue contraria a la ley y al debido proceso, por lo que determinó que el FEI actuó fuera de su autoridad legal (ultra vires) al presentar los cargos.

🚨¿Qué opinas de que el caso se cayera?

Tony Soto sale limpio de revolú de barrilito

⚖️ Antonio “Tony” Soto, exrepresentante del PNP, mantiene un acuerdo de inmunidad como testigo en la investigación de malversación de hasta $7 millones en fondos públicos para canalizar una quebrada en Guaynabo.

💰 Soto había asignado $1.2 millones del Fondo General y el resto del “barrilito” de la Autoridad de Tierras; los trabajos nunca se realizaron y parte del dinero terminó en gastos personales del contratista José “Joe” Huertas Torres.

👀 La vista preliminar contra la exdirectora de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, y Huertas Torres se canceló porque Huertas Torres no tenía abogado.

📄 La defensa de Rivera Martínez solicitó desestimar los cargos por presunta negligencia, alegando que la OPFEI excedió los 180 días legales para presentar la denuncia y paralizó la investigación mientras la Oficina del Contralor auditaba el caso.

📅 La vista de estatus se pautó para el 15 de diciembre y la preliminar comenzaría el 27 de enero; Soto y otro testigo con inmunidad, Heriberto Andújar, siguen colaborando con la investigación.

👀 ¿Crees que el acuerdo de inmunidad para Antonio “Tony” Soto es justo o debería enfrentar cargos también?

Fuente: El Nuevo Día

20 testigos en caso por malversación de barrilito

💼 La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) presentó cerca de 20 testigos en el caso contra Dorally Rivera Martínez, exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, y José Miguel “Joe” Huertas Torres, imputados por presunta malversación de hasta $7 millones en fondos públicos para la canalización de una quebrada en Guaynabo.

⚖️ La vista preliminar fue pospuesta porque Huertas Torres no contaba con abogado, aunque la fiscal especial Zulma Fúster Troche aseguró que estaban listos para continuar con la prueba.

💰 Según la investigación, los trabajos nunca se realizaron y el dinero fue transferido a la empresa 3T Industrial & General Contractor, que no estaba autorizada legalmente para ejecutar las obras.

📝 La defensa de Rivera Martínez solicitó que los casos se lleven por separado y presentó una moción de desestimación alegando violación de derechos y exceso de tiempo en la investigación.

📅 La jueza programó vista de estatus para el 15 de diciembre y la vista preliminar comenzaría el 27 de enero, advirtiendo que Huertas Torres debe presentarse con abogado.

Fuente: El Nuevo Día

Cargos por malversación con barrilito de Autoridad de Tierras

⚖️ El Tribunal de Bayamón radicó cargos por malversación de fondos públicos del barrilito de legisladores contra la exdirectora de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, y el contratista José M. Huertas Torres, dueño de 3T Industrial & General Contractor.

💰 El caso se centra en la malversación de $7 millones en fondos públicos, aunque las denuncias iniciales cubren $1.2 millones destinados a la canalización de la Quebrada Margarita en Guaynabo.

🔎 Los Fiscales Especiales Independientes (FEI) Zulma Fúster Troche, Fabiola Acarón Porrata-Doria y Ramón Mendoza Rosario presentaron las denuncias basadas en hallazgos de la investigación del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes.

📄 Los cargos incluyen negligencia en el cumplimiento del deber, fraude, apropiación ilegal agravada, lavado de dinero, falsificación de documentos, perjurio y manipulación de testigos, entre otros delitos del Código Penal.

🏛️ La pesquisa también detectó que se utilizó propiedad pública para fines personales y que se permitieron usos ilegales de fondos públicos; la investigación sigue abierta y en curso.

Fuente: PFEI