La Cámara de Representantes aprobó hoy a viva voz, la Resolución Conjunta del Senado 240, que ordena al Departamento de Hacienda suspender temporalmente por 45 días, el arbitrio a la gasolina y al ‘diesel oil’, mejor conocida como “la crudita”.

La medida también busca declarar un dividendo extraordinario de $50,000,000, con el propósito de compensar la pérdida de ingresos que representará la suspensión temporera del arbitrio al combustible y ordenar al Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) a mantener vigente una orden de prohibición de aumentos de márgenes de ganancia en la venta de gasolina, gas licuado de petróleo y diesel.

Según la pieza legislativa, “los dividendos que reciban los aseguradores privados miembros de la Asociación no estarán sujetos a ninguna otra contribución. Los recaudos obtenidos a través de la contribución especial y única aquí dispuesta no serán considerados como parte del cómputo de ninguna de las fórmulas existentes para el cálculo de asignaciones presupuestarias a ser consignadas como parte del proceso presupuestario constitucional”.

Esta legislación propone extender por otro periodo de 45 días, de ser necesario y tener el financiamiento, sin necesidad de legislar. Esta enmienda fue propuesta por el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez. De igual manera, la pieza legislativa tuvo enmiendas de ambos cuerpos legislativos, y a su vez, del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

Finalmente, el proyecto de ley ordena al DACO mantener vigente una orden de prohibición de aumentos de los márgenes de ganancia bruta en todos los niveles de distribución y mercadeo en la venta de gasolina, gas licuado de petróleo y diésel mientras dure la suspensión del arbitrio. 

La Cámara también dio paso a la Resolución de la Cámara 718, con el fin de solicitar al Gobierno de los Estados Unidos conceder una exención parcial del cumplimiento de las Leyes de Cabotaje para transportar a Puerto Rico petróleo y sus derivados, mientras dure el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como sus efectos colaterales, con el fin de apoyar la demanda para la producción de energía y combustibles en la isla.

El proyecto de ley del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y los representantes Luis Raúl Torres Cruz y José H. Rivera Madera resalta que el aumento del combustible sumado a los efectos inflacionarios y de las emergencias ha causado alzas continuas en los precios de alimentos, transporte, y energía afectando negativamente el gasto de los consumidores y negocios. Asimismo, este panorama ha dificultado retomar el camino hacia un desarrollo económico sostenible, al obligar al Gobierno de Puerto Rico ajustar las proyecciones en los planes de recuperación fiscal y económica a causa de circunstancias que en su mayoría no eran previsibles.  

ORDENAN TERMINACIÓN CONTRATO DE LUMA

Ante la avería en Costa Sur que provocó un apagón general en Puerto Rico el pasado 7 de abril, la Cámara de Representantes ratificó hoy a viva voz una medida que ordena la terminación del contrato de LUMA Energy.

Se trata de la Resolución Conjunta de la Cámara 315, que ordena a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPPR) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) notificar a LUMA Energy que darán por terminado el contrato conocido como el Operation and Maintenance Agreement (OMA) del 17 de junio de 2020 y el Supplemental Agreement del 22 de junio de 2020, en un término 60 días, por incumplimiento de varias cláusulas contractuales por parte de LUMA Energy, LLC.

“El desempeño deficiente de LUMA Energy, que al momento en que tomó el control del sistema eléctrico de Puerto Rico, el 1 de junio de 2022, redundó en que el sistema eléctrico del país empeorara. Este contrato es leonino y es un robo para el pueblo de Puerto Rico”, expresó el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Luis Raúl Torres Cruz. 

La exposición de motivos de la medida expone que “LUMA Energy ha incurrido en gastos en exceso de los estimados y presupuestados. Durante los primeros dos trimestres del año fiscal 2021-2022, estando LUMA Energy en control del sistema eléctrico (excepto la generación de electricidad), la compañía privada se sobregiró del presupuesto aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico por cuantías millonarias en ambas ocasiones”.

Además, el cuerpo avaló el Proyecto de la Cámara 899 de la representante, Estrella Martínez Soto, con el fin de crear la Ley para la Fiscalización de la Industria del Gas Licuado del Petróleo en Protección de los Consumidores.

SENADO APRUEBA OTRO IMPUESTO

En la sesión del Senado, la Cámara Alta aprobó el Proyecto de la Cámara 826, que impondría un arbitrio municipal de 1% sobre el valor de los vehículos de motor que se cobraría a los centros de ventas de autos.

Diecisiete de los 27 senadores y senadoras presentes en el hemiciclo votaron a favor de la medida, que ahora regresa a la Cámara de Representantes porque recibió enmiendas en el informe que presentaron las comisiones de Autonomía Municipal y de Hacienda, informó el periódico Metro.

La pieza legislativa de la autoría del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y los representantes populares Jesús Santa Rodríguez, Juan José Santiago Nieves y Ángel Fourquet Cordero enmienda múltiples artículos de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito y el Código Municipal aprobado en 2020.

Según el proyecto, solo quedarán exentos de pagar el impuesto los vehículos que adquieran entidades del gobierno estatal, el gobierno federal y los municipios.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia presentó hoy una medida de administración que busca atender el aumento significativo en el costo del petróleo que ha provocado un impacto en el precio de la gasolina como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. 

La medida, que será radicada por las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes y el Senado, establece una suspensión en el cobro del arbitrio a la gasolina y al “diesel oil”, conocida como la crudita, a la vez que identifica la fuente de repago. 

“En ánimo de buscar soluciones inmediatas a la crisis en el aumento vertiginoso del petróleo y la gasolina como resultado del conflicto bélico en Ucrania, estoy presentando una medida de Administración que busca poner en pausa el cobro del arbitrio por 45 días. Pero esta misma iniciativa identifica la fuente de repago para cubrir el impacto fiscal, lo que cumple con el principio de neutralidad fiscal que establece PROMESA”, sostuvo el gobernador en declaraciones escritas.

El primer ejecutivo explicó que “la medida que estamos presentando autoriza a que la Asociación de Suscripción Conjunta emita un dividendo por $50 millones y que el Departamento de Hacienda le imponga una contribución de 50%, lo que generaría $25 millones, que es el costo estimado que tendría la suspensión del cobro del arbitrio por 45 días”. 

El Proyecto también indica que el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, informará en 15 días luego de que se convierta en ley, a ambos cuerpos legislativos, así como al gobernador, el cumplimiento con todas las gestiones realizadas para reducir el impacto de este arbitrio a la población.

El gobernador Pierluisi Urrutia expresó que esta propuesta atiende el impacto fiscal de suspender el arbitrio y cumple con el Plan Fiscal, por tanto, la Junta de Control Fiscal no debería la medida.

 “Estamos actuando con sentido de urgencia y de manera pragmática para lograr resultados lo antes posible en beneficio del pueblo, con un lenguaje que no debe tener resistencia de la Junta y salvaguardando la responsabilidad fiscal que tenemos como Gobierno. Esta propuesta presenta una solución necesaria y urgente que puede atenderse de manera inmediata para poder brindar un alivio al pueblo que se ha visto afectado por las consecuencias de la guerra en Ucrania”, afirmó.

El presidente del Partido Popular Democrático y del Senado, José Luis Dalmau Santiago, presentó una medida similar solo que propuso que el costo de la medida se sufragara con un aumento en los ingresos que el Departamento de Hacienda proyectó para el año fiscal en curso.

La propuesta del Ejecutivo se produce un día después de que la Junta de Control Fiscal volvió a rechazar otra propuesta para darle acceso al fondo de emergencias para paliar al aumento en el costo del combustible que utiliza la red eléctrica para producir energía en el archipiélago. El Negociado de Energía tiene ante un consideración un aumento de 4 centavos en el kilovatio hora, que se traduce a un aumento de un 16% en la factura de luz a nivel residencial.

En una carta enviada hoy al presidente de la Junta de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia urgió al ente fiscal a que reconsidere su posición sobre la propuesta del Gobierno para autorizar el desembolso de no menos de $200 millones de la Reserva de Emergencias Estatal para subsidiar el costo de energía eléctrica a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Al mismo tiempo, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, adelantó que pondera una propuesta para la eliminación permanente del impuesto al combustible ante la proyección de aumento en los recaudos que recibirá el gobierno. Esta medida también busca aliviar el golpe en el bolsillo que ha causado la volatilidad en los precios del crudo debido a la guerra.

Ambas reacciones ocurren luego que la JCF rechazó una solicitud del mandatario para acceder al fondo y recomendó, en cambio, utilizar fondos federales para mitigar ese aumento en el costo del combustible que utiliza el sistema de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ayer, el ente fiscal también objetó una medida de la autoría de Dalmau Santiago, que impone una moratoria de 45 días en el cobro del impuesto al combustible, pero dejó la puerta abierta para discutir ese proyecto y alinearlo con el plan fiscal y presupuesto ya aprobados por el ente fiscal. El Senado ya aprobó la medida, que pasó a la consideración de la Cámara de Representantes.

“El Gobierno evaluará las opciones para continuar optimizando el uso de fondos federales y programas existentes, pero reconocemos que esas acciones son insuficientes para atender adecuadamente esta crisis energética global. Según usted indica en su carta, parece que estamos de acuerdo en que la Autoridad de Energía Eléctrica necesita una inyección de dinero para evitar futuros aumentos en las tarifas de energía eléctrica, sin embargo, diferimos en cuanto a la cantidad y las fuentes de financiamiento”, advirtió Pierluisi Urrutia al reiterar que la solicitud se debe a la guerra y no a insuficiencias operacionales de la corporación pública.

“Solicito que la Junta reconsidere su posición”, insistió el gobernador al añadir que “el impacto a Puerto Rico no puede ser sobreestimado porque el inesperado aumento en los precios del petróleo que necesitamos para la generación de energía requeriría aumentos tarifarios súbitos y significativos en la AEE para atender esta emergencia. Si hay algo que constituye una emergencia, es esto. La emergencia actual no habrá sido provocada por la naturaleza, pero sus ramificaciones económicas en Puerto Rico son iguales. Sin una inyección de fondos adicionales, los costos energéticos de la AEE, que ya son de los más altos a nivel de todo Estados Unidos, tendrán que aumentar, forzando a que muchos ciudadanos escojan entre mantener las luces de sus residencias encendidas o darles de comer a sus familias – una decisión que nadie debiera tener que hacer”.

De paso, Pierluisi Urrutia enfatizó que el Gobierno no está solicitando un uso incondicional de la Reserva de Emergencias Estatal y aclaró que la Junta mantendría la autoridad y la decisión final de aprobar el uso de cualquier desembolso proveniente de la Reserva. Asimismo, indicó que de ser necesario el Gobierno someterá ante la JCF enmiendas al Plan Fiscal Certificado.

“No aprobar el acceso al Fondo de Reserva de Emergencias ahora expondría a Puerto Rico a efectos económicos negativos que se pueden evitar. El tiempo apremia y actuar ahora nos ayudará a abordar esta emergencia de manera más efectiva”, apuntaló.

Dalmau Santiago, por su parte, señaló solicitó una certificación de la proyección de ingresos al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

“La carta difundida ayer por la Junta de Supervisión Fiscal con relación a la Resolución Conjunta que dispone una moratoria de 45 días en el recobro del arbitrio especial al combustible, conocido como la crudita, no es un rechazo absoluto a dicha propuesta. Lo que plantea el ente federal es que resulta necesario identificar $25 millones que es el costo estimado de dicha moratoria. Asimismo, la junta reitera su disposición para colaborar en enmiendas a la medida que reflejen de donde saldrá el dinero que sustituye el recaudo de dicho arbitrio”, apuntó en declaraciones escritas.

“Es de conocimiento general que los recaudos del fondo general, es decir del gobierno, han aumentado, excediendo las expectativas tenidas en el presupuesto aprobado y certificado como balanceado por la propia Junta. En consecuencia, hay fondos suficientes de ese aumento en recaudos para subsanar cualquier desfase de la crudita cuando esté en moratoria. Además, existe recursos de fondos ARPA que pueden destinarse a este alivio al bolsillo de todos. De hecho, la medida fue enmendada en el Senado para establecer la procedencia de los fondos, por lo que el comentario de la Junta se hace inoficioso”, agregó.

Por tanto, el líder senatorial solicitó la certificación para validar la disponibilidad de los ingresos estatales y anticipó que evalúa la eliminación permanente del arbitrio a la gasolina. Pero no ofreció detalles de esa propuesta.

Puerto Rico tiene abastos de gasolina para 70 días, según trascendió hoy durante una mesa de diálogo convocada por el senador Carmelo Ríos Santiago para evaluar alternativas que ayuden a aliviar el impacto en el bolsillo, que ha causado la invasión de Rusia en Ucrania.

Rusia es uno de los mayores productores de petróleo. Desde que inició el ataque a su vecino el pasado 24 de febrero, el precio de la gasolina se ha disparado a nivel mundial. También han surgido preocupaciones por el efecto a largo plazo del conflicto, que podría afectar los  suministros de combustible y provocar escasez de alimentos.

Como parte de esa conversación, un grupo de senadores rojos y azules anticipó que presentará legislación para enmendar la ley que regula la industria de la gasolina y el estatuto que fija la crudita. Además, surgió una propuesta del propio Departamento de Hacienda para reducir el impuesto sobre ventas y uso (IVU) que pagan los detallistas de gasolina, pero solo en tiempos de emergencias.

Durante la conversación, que se celebró en uno de los anexos del Capitolio y contó con representación de los senadores de las diversas delegaciones, funcionarios públicos y el sector privado, el presidente del Comité de Detallistas de Gasolina del Centro Unido de Detallistas, Carlos Crespo, desglosó los costos de los operadores de gasolineras.

"Los bancos están ganando más que nosotros", apuntaló al resaltar el cargo que cobran los bancos por el uso de sus tarjetas de crédito y de débito.

El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Estras Vélez, expresó preocupación por la orden que emitió el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) congelando los márgenes de la ganancia bruta de la venta de gasolina y abogó por su flexibilización dada la precariedad de algunos de estos negocios.

Pero el secretario del DACO, Edan Rivera Rodríguez defendió la medida como una acción preventiva para evitar abusos. También señaló que la agencia cuenta con un proceso expedito para que las gasolineras que enfrentan una situación precaria soliciten una exención a la orden de congelación de la ganancia. Solo 10 negocios han pedido la exención hasta el momento.

En esa línea, aclaró que emitió la orden de congelación tan pronto inició el conflicto bélico para proteger a los consumidores. Siguiendo la lógica del libre mercado, el precio de la gasolina subió de inmediato a pesar de que los inventarios de gasolina disponibles en ese momento se habían adquirido con anterioridad y a un precio menor.

Reconociendo que el impuesto a la gasolina o crudita ya está comprometido, el senador William Villafañe Ramos propuso flexibilizar ese impuesto usando un modelo que permite que el cargo baje en momentos de crisis y que vuelva a subir una vez se supere la emergencia y baje el precio del petróleo.

De esa forma, según Villafañe Ramos, no se altera la partida destinada al pago de las obligaciones del gobierno.

“Eso se conoce como el ‘acordeón’. En un momento como en el que estamos ahora, funcionaría que esos 0.53 centavos que el Gobierno se queda, se bajen y puedan eliminarse por completo y el momento en que el precio sea uno cómodo para el contribuyente, pues entonces se recupera”, explicó a preguntas de la prensa.

Villafañe Ramos reconoció que por tratarse de una medida que afecta los ingresos del gobierno requiere de la aprobación de la Junta de Control Fiscal.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, propuso una moratoria en la crudita y el impuesto al inventario. Esa pérdida de ingreso, según el político, se puede subsanar con el sobrante de $800 millones que el Departamento de Hacienda indicó tendrá a finales de este año fiscal. El representante Carlos "Johnny" Méndez Núñez también propuso una moratoria en el cobro de la crudita.