💰 La Junta de Control Fiscal (JCF) autorizó soltarle un adelanto de $117 millones a LUMA Energy para evitar que el operador privado tenga excusas para justificar apagones futuros, apuntó la gobernadora Jenniffer González. ⚡ A inicios de semana, y luego del apagón general de Semana Santa, el zar de Energía y jefe de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Josué Colón, reveló que el gobierno realizaría el trámite, pero que el consorcio canadiense devolverá el dinero una vez reciba los fondos federales de reclamaciones pendientes ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), por trabajos realizados luego del paso de Fiona. 🌿 El adelanto se usará para trabajos de remoción de vegetación y mantenimiento en las subestaciones. Pero la transacción causó malestar porque LUMA recibe una tarifa fija anual de $115 millones, que incluye un ajuste por inflación, que según expertos, le allegará unos $391 millones adicionales durante el término del contrato sin mover un solo dedo. 🪓 El Negociado de Energía también ha cuestionado que el operador privado solo destine $50 millones anuales de su presupuesto para labores de desyerbe y remoción de vegetación, una de las causas principales, según el propio LUMA, de los apagones. 📉 "La JSF nos trajo la preocupación de que el gobierno federal todavía no le ha reembolsado dinero de proyectos que están preaprobados, que suman casi $117 millones, y que por lo tanto ese dinero lo necesitan para los gastos operacionales de ahora, de cuando empieza la época de huracanes", respondió la mandataria ante preguntas de _Cuarto Poder_ (WAPA-TV). 🚫 "El planteamiento de la Junta es que, en este momento en que estamos en una situación de emergencia energética, que el operador no tenga ninguna excusa para decir que hay apagones", agregó. 🔌 De acuerdo con la gobernadora, LUMA alega "que las partidas que había para situaciones de emergencia se agotaron con los apagones de diciembre, con los apagones de San Valentín y los apagones del año pasado". 📊 Pese a que LUMA no tiene fondos para estos trabajos urgentes, destina unos $200 millones en la nómina de empleados que trae de sus matrices de Estados Unidos y de Canadá, y a quienes les paga salarios jugosos y gastos de mudanza, alojamiento y educación de sus hijos, entre otros. ❓ "¿Por qué no cancelan los contratos de los $200 millones de esa nómina de lujo?", preguntó este medio. 🗣️ "Todas esas cosas son cosas que estamos pidiendo", apuntaló la mandataria. 🤔 ¿Crees que el gobierno ya debe cancelar el contrato de LUMA y dejar de pasarle la mano?

📌 La gobernadora Jenniffer González rechazó los señalamientos del director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), quien la reprendió por presentar proyectos de ley para modificar el sistema contributivo que carecen de análisis sobre su impacto fiscal y se tramitan fuera del proceso presupuestario vigente. 📨 La advertencia está contenida en una carta que Robert Mujica envió ayer a la mandataria y a los líderes de la Legislatura. 🗣️ "Sí, hay (una evaluación fiscal). El secretario de Hacienda sometió cuánto es el costo de cada una de estas iniciativas, al igual que la AAFAF. Decir que no las hay no es correcto. No solo se toma en consideración, sino que algunas de estas medidas van a generar ingresos. Por ejemplo, el pago del 4% de quienes llegan por Ley 60 genera ingresos al fisco. Así que esos ingresos también se toman en cuenta al hacer una revisión de rebajas contributivas", respondió González. 📊 La semana pasada, González presentó 13 medidas para simplificar el proceso contributivo y fomentar la inversión local, las cuales —recordó— forman parte de la plataforma de gobierno del PNP. En su misiva, Mujica objetó el trámite y el impacto fiscal de las propuestas. ⚖️ Al reaccionar a la carta, la primera ejecutiva aclaró que la JCF expresó desacuerdo con algunas medidas, como el cobro del 4% sobre las ganancias de capital para los nuevos inversionistas extranjeros que se muden al archipiélago, y la extensión de ese beneficio contributivo a los puertorriqueños, quienes actualmente pagan un impuesto sobre esas ganancias que oscila entre 15% y 24%. 📂 En el caso de esas medidas, el gobierno proveerá información adicional a la JCF y detendrá la evaluación legislativa hasta recibir el aval del ente fiscal. Las medidas que no están en disputa, como la congelación del impuesto al inventario, continuarán su trámite legislativo. ✅ "Ya la Cámara aprobó 6 o 7 medidas ayer (lunes). El Senado, espero, las pueda considerar en los próximos días", apuntó González.

💰Quince municipios reclaman una deuda de $74.1 millones a Cobra Acquisitions por el pago de arbitrios de construcción y de patentes correspondientes a los trabajos que la empresa realizó para restablecer el servicio eléctrico tras el paso del huracán María en 2017. 📍Los municipios son Gurabo, Las Piedras, Humacao, Caguas, Salinas, Arroyo, Cayey, Guayama, Yabucoa, Guaynabo, Patillas, Maunabo, Ceiba, Naguabo y Utuado, según una moción que la Junta de Control Fiscal (JCF) presentó ante el Tribunal Federal como parte del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). ⚖️ En 2018, Maunabo demandó a Cobra por el pago de $9 millones en las cortes estatales, mientras que los otros municipios enviaron cartas de cobro a la empresa, que respondió con demandas individuales impugnando el cobro del dinero en el foro estatal. 💼 Cayey, Guayama y Yabucoa lograron que el Tribunal de Primera Instancia ordenara a la AEE retener $18.3 millones de los fondos asignados por FEMA para pagarle a Cobra hasta que se resolviera la controversia. Mientras, Maunabo logró que el tribunal reconociera la deuda de $9 millones. 💡 Sin embargo, como parte del proceso de quiebra, la AEE, la JCF y Cobra alcanzaron un acuerdo sobre una deuda pendiente que afecta el reclamo de los municipios. La JCF sometió el acuerdo para la aprobación de la jueza federal Laura Taylor Swain y pidió que se hiciera cumplir la paralización automática de litigios contra la AEE, lo cual liberaría los $18.3 millones retenidos por la AEE. 📉 Según la JCF y el gobierno, el acuerdo redujo a la mitad la deuda con Cobra y no afecta los reclamos a nivel estatal. Pero los municipios están molestos con la AEE porque aprobó el acuerdo sin descontar todo su reclamo. 💸 Ese acuerdo, contenido en la moción de la JCF, establece que Cobra recibiría tres pagos: $150 millones 10 días después de aprobado el acuerdo, $20 millones el 31 de agosto de 2024, y luego los $18.3 millones. 📝 Si la jueza federal aprueba el acuerdo, los municipios —en caso de prevalecer en las demandas estatales— tendrían que cobrar su deuda directamente a Cobra sin la presión del gravamen o embargo. ¿Crees que Cobra debe pagarles a los municipios o es injusta esta deuda? Fuente: Los datos son los datos (WAPA-TV)

🍷 A pesar del papelón, la Junta de Control Fiscal (JCF) mantuvo en su posición al abogado Filex Rosado Rodríguez, quien hace dos semanas protagonizó un bochornoso episodio en un restaurante de San Juan por estar borracho. 📄 La JCF asegura que tomó medidas, que no especificó, y que el empleado asumió la responsabilidad de sus acciones. 👨‍💼 Rosado Rodríguez es asesor del director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica. Antes, trabajó como asesor del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, y previamente fue asesor de Manuel Natal cuando ocupó el cargo de representante por el PPD. 📹 Pero el abogado cobró notoriedad cuando, por las redes sociales, se corrió como la pólvora un vídeo donde aparecía ebrio en el restaurante Tinto y Blanco en Hato Rey el pasado 3 de julio. 🚫 La seguridad lo expulsó del lugar luego de proferir insultos y alardear sobre su posición. 📽️ En el vídeo, se le ve empujando a un grupo de personas y se escucha cuando le dice al guardia de seguridad que lo escolta a la salida: “De nada por el retiro de la Policía, cabr^%$es”. 👂 Aunque no quedó grabado, fuentes que estaban en el restaurante aseguraron al medio digital InDiario que increpó a un juez asociado del Tribunal Supremo, Rafael Martínez Torres, a quien le soltó: "Gracias a mí van a tener aumento los jueces". ❓ ¿Qué te parece la postura de la Junta de Control Fiscal? Fuente: NotiCel

⚖️ La jueza federal Laura Taylor Swain ordenó a la Junta de Control Fiscal (JCF), a los bonistas y a los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a sentarse a negociar de "buena fe" tras regañarlos por mantenerse estancados en sus posturas, mientras los más de 3 millones de residentes del archipiélago pagan caro por un servicio eléctrico poco confiable. 🕒 Swain también decretó una moratoria de 60 días en el procedimiento de quiebra. 📅 Hoy se celebró una vista para escuchar las propuestas para continuar con el proceso luego de la decisión del Primer Circuito de Apelaciones, que concluyó que los bonistas tienen derecho a que se les repague la deuda contraída de los ingresos netos de la corporación pública. 🎥 La jueza arrancó la jornada, que se celebró de forma híbrida (mediante teleconferencia y desde la sala de la jueza en Nueva York), con palabras de agradecimiento por la "candidez" de los planteamientos escritos y se movió a un jalón de orejas ante la intransigencia de las partes. 💬 En su alocución inicial, arremetió contra la JCF por asumir una postura "miope" y tildó la posición de los Non-Settling Bondholders como "delirante" por pensar que los recursos de la AEE son ilimitados. 🤔 Insistió en que no lograr un acuerdo demostraría una "falta de imaginación y un fracaso de actuar con un grado de decencia y compasión" por el pueblo de Puerto Rico. 🗣️ La negociación quedó a cargo del Equipo de Mediación, cuya representante indicó que sentía frustración porque las partes habían hablado mucho durante la vista, pero no mostraban señales de querer alcanzar un acuerdo. ❓ ¿Qué te parece esa descarga de la jueza Swain?

📉 La Junta de Control Fiscal (JCF) rechazó un pedido de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para acceder a una partida de $60 millones de su presupuesto para establecer un “fondo semilla” para echar a caminar una serie de proyectos basados en el plan fiscal de la institución. 💸 🗣️ Según el director ejecutivo de la Junta Fiscal, Robert Mujica, la propuesta de la UPR es muy vaga. 🤷‍♂️ 🔍 Los $60 millones son parte de un fondo especial de $102 millones que la JCF dejó bajo custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esa reserva actualmente tiene unos $96.7 millones, ya que se transfirieron cerca de$5.3 millones a la UPR para cumplir con el aumento salarial, a $9.50 la hora, de empleados no docentes, que entró en vigor el año pasado. 💼 📅 Hace cuatro meses, el presidente de la UPR, Luis Ferrao, solicitó acceso a esos fondos para implementar una propuesta que se desarrollaría en tres fases. La carta de Mujica no brinda mayores detalles sobre las iniciativas que la institución planeaba realizar. 📝 🛑 Al rechazar el pedido, Mujica repasó los parámetros para la aprobación de los fondos, como la autorización de la Junta de Gobierno de la UPR. 📋 🎓 Desde que el gobierno federal impuso la Junta Fiscal para enderezar las finanzas públicas, el organismo ha implementado medidas de austeridad que han incluido recortes al presupuesto de la UPR y propuestas para aumentar el costo de la matrícula en la universidad pública. 📉 ❓ ¿Crees que es tiempo de que la Junta Fiscal le quite el guante de la cara a la UPR? 🤔 Fuente: Metro, El Nuevo Día

🇵🇷 La Junta de Control Fiscal todavía no tiene planes para irse de Puerto Rico. Por el contrario, el ente fiscal se reorganiza y se afinca para pasar otros cuatros años controlando las actuaciones del gobierno territorial. 👥 Debe estar compuesta por siete miembros designados por el presidente Joe Biden (con la anuencia del Congreso) y un miembro exofficio designado por el gobernador o gobernadora, pero ahora mismo hay cinco nombramientos vencidos y una vacante. 📅 El mes pasado, Biden designó a Juan Sabater, un experto en inversiones, para llenar la vacante de Justin Peterson, una designación de Donald Trump. 🚦 Los otros nombramientos vencidos están en suspenso. Por ejemplo, Andrew Biggs, uno de los miembros originales, no sabe si volverá a ser renominado a esta tercera edición del ente fiscal. 💼 Mientras se barajan los nombramientos, la JCF trabaja en la etapa final del Plan de Ajuste a la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, la última quiebra pendiente del proceso de restructuración y un trámite que viene acompañado de otro cantazo al bolsillo del pueblo. 💬 Según Biggs, un experto en pensiones, luego de que la Junta logre la aprobación del polémico plan de ajuste, que economistas anticipan provocará una ristra de quiebras entre los pequeños y medianos comerciantes, el ente fiscal debe dedicarse a promover “estructuras y hábitos fiscales” que busquen la estabilidad fiscal del gobierno. 📜 La ley federal Promesa establece que la JCF podrá cesar sus funciones después de certificar cuatro presupuestos balanceados de forma consecutiva. Pero existe un debate sobre eso. 💼 El gobierno plantea que la Junta ha aprobado varios presupuestos balanceados, pero la Junta señala que esos presupuestos no están equilibrados porque de forma simultánea se aprueban leyes, que exceden los gastos autorizados. 👉 El gobernador Pedro Pierluisi calculó que la Junta debe comprar un boleto de salida para finales del 2016 o inicios del 2017, aunque la JCF hasta el momento no ha certificado un solo presupuesto equilibrado. ❓ Ante ese debate, Biggs reconoció que es un “un poco un área gris qué significa un presupuesto balanceado para propósitos de la ley Promesa”. 🤔 ¿Crees que ya es tiempo de que la Junta de Control Fiscal se vaya de Puerto Rico? Los leo. Fuente: El Nuevo Día

La Junta de Control Fiscal (JCF) dio un ultimátum al director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera Carrión, para que informe al ente fiscal si implementó dos reglamentos que fiscalizan el otorgamiento de las licencias de las máquinas juegos de azar y la interconexión de ese equipo al gobierno. En una carta del pasado viernes, el principal asesor legal de la Junta, Jaime El Koury, informó a Rivera Carrión que tiene hasta el 27 de abril para responder la pregunta y si ambos reglamentos entraron en vigor debe proveer detalles sobre su puesta en marcha. "A la luz de las preocupantes afirmaciones que la Comisión hizo en la carta del 28 de marzo de 2022, la falta de respuesta a la carta de la Junta del 9 de marzo de 2022 y los informes que hemos recibido de que la Comisión ha estado implementando los reglamentos propuestos, si no recibimos una respuesta de la Comisión para esa fecha, asumiremos que los reglamentos entraron en vigor en violación de PROMESA", afirmó El Koury en la misiva de dos páginas. "Además, de conformidad con la sección 104 (c) de PROMESA, en la medida en que se hayan implementado los reglamentos propuestos, la Junta solicita copias de todos los documentos relacionados a tal implementación, incluida, entre otras, la correspondencia relacionada a dicha implementación, las multas impuestas por violar los requisitos de licencia y las tarifas de licencias y otros pagos recibidos por la Comisión de conformidad con ambos reglamentos", agregó. Los documentos en disputa son el Reglamento para la Fiscalización Operacional e Interconexión de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta (Reglamento 9174) y el Reglamento para la Expedición, Manejo y Fiscalización de Licencias de Máquinas de Azar en Ruta (Reglamento 9175). Ambos reglamentos tienen fecha del 27 de febrero de 2020 y llevan las firmas de Manuel Laboy Rivera, pasado secretario de Desarrollo Económico y presidente de la Junta de Directores de la Comisión de Juegos; Carla Campos Vidal, pasada directora ejecutiva de la Compañía de Turismo; y José Maymó Azize, pasado director ejecutivo de la Comisión de Juegos. Esta carta, al igual que otra del 9 de marzo pasado, recoge tensión y desaprobación con las acciones de Rivera Carrión. Por ejemplo, en esta misiva El Koury revisó la cronología de fechas que el director ejecutivo de la Comisión ofreció para concluir que la Junta no cumplió con el término para pedir información y, por tanto, la Comisión podía implementar los reglamentos. "En consecuencia, no hay ninguna base para la posición de que la Comisión tiene la libertad para implementar los reglamentos debido a que la Junta no cumplió con el plazo", apuntaló el abogado. "Su carta también sugiere erróneamente que la Junta no ha sido diligente en su revisión de los reglamentos. Como es de su conocimiento, a pesar de que las versiones en español de los reglamentos propuestos fueron presentados a la Junta el 3 de agosto de 2019, la Comisión no remitió la documentación completa hasta enero de 2022", abundó. Rivera Carrión ha estado bajo fuego en los pasados meses por viajes que realizó a Estados Unidos y España para visitar las instalaciones de empresas que desean realizar negocios en Puerto Rico. También ha sido criticado por participar en un chat con miembros de la industria de los juegos de azar, a quienes debe fiscalizar, y algunos miembros de la industria lo acusan de tomar decisiones arbitrariamente. El funcionario ha rechazado los señalamientos en su contra y asegura que actúa conforme a la reglamentación de la oficina que dirige.

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, se despidió hoy del cargo que ocupó durante los pasados cinco años entre lágrimas y palabras de agradecimiento para los colegas y empleados que la acompañaron durante la travesía. Por el rostro de la mujer conocida por su talante serio, esta mañana rodaron lágrimas al pronunciar su mensaje de despedida, durante la reunión pública que el ente fiscal celebró en el Centro de Convenciones en Miramar. “Agradezco profundamente al pueblo de Puerto Rico por lo que han sido cinco años difíciles y complejos; siempre he sentido el apoyo de la gente que entendía que podía llevar a Puerto Rico a un mejor estado si trabajábamos juntos”, soltó emocionada la funcionaria mientras se le cortaba la voz. Vestida de amarillo y azul, los colores de la bandera de Ucrania, agradeció al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia por el apoyo y las medidas tomadas en solidaridad con su país. Hija de inmigrantes ucranianos, Jaresko nació en Chicago. Posteriormente se convirtió en ciudadana de ese país para ocupar el cargo de ministra de finanzas, de 2014 al 2016. Al repasar sus “logros”, auguró que el progreso logrado en el archipiélago, en particular el recorte a la deuda pública, ayudará a Puerto Rico a cincelar un mejor futuro. Tan pronto acabó su mensaje de despedida los miembros de la Junta y el público se pudieron de pie para aplaudirla. Pese a que se trataba de su última reunión pública con la Junta, no hubo protestas. Pero no fue la único que lloró. En medio de sus palabras de despedidas, el presidente de la Junta, David Skeel, y John Nixon, también soltaron lágrimas. Skeel describió a la exministra de finanzas de Ucrania como el “quarterback” o jugador de ataque indispensable que necesitaba el ente fiscal para acometer la tarea de ayudar a negociar el Plan de Ajuste a la Deuda, que entró en el 15 de marzo. En tono jocoso, recordó que a veces se escuchaban sus gritos al negociar con políticos. También mencionó que en el país báltico a Jaresko la apodaron como “Mujer de Hierro de Ucrania y la tecnócrata favorita de todos”. “Cuando una estatua en honor a ella se erija en Puerto Rico, me sospecho que habrá una en algún momento, no estoy seguro que dirá la tarja, pero ciertamente hará referencia al hecho de que ella llegó, vio y trabajó incansablemente para ayudar a allanar el camino para un mejor futuro para cada puertorriqueño y para cada persona que sienta cariño por esta Isla”, argumentó Skeel. Los otros miembros de la Junta, Antonio Medina, Justin Petersen y Arthur González también ofrecieron breves mensajes. Pierluisi Urrutia agradeció a Jaresko su trabajo, pero aprovechó la ocasión para reclamar mayor autonomía para el gobierno y solicitarle públicamente a la Junta que reconsidere su posición y le permita acceso al fondo de emergencias para mitigar el impacto del aumento en la luz que entraría en vigor el 1 de abril. Jaresko dejará el cargo el 1 de abril, pero se quedará en Puerto Rico hasta que su hija se gradué de cuarto año. Apuntó que no viajará a Ucrania y que dedicará su tiempo a trabajar de manera voluntaria a luchar para que acabe la guerra. Por ahora, tampoco tiene otro trabajo alineado.

La Junta de Control Fiscal aprobó condicionalmente 18 propuestas de Acuerdos de Compra y Operación de Energía (PPOA, en inglés) entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y 15 compañías para proveer 844 MW de energía renovable para Puerto Rico. Esta acción ocurre en momentos en que el costo del combustible se ha disparado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y surgen reclamos para adoptar fuentes de generación de energía verde. Los contratos aprobados son con Clean Flexible Energy LLC, CS-UR Juncos PY LLC, Convergent Coamo Energy Storage 1 LLC, Esmeralda Solar Farm LLC, Diversys Solar LLC, Go Green Usa America Corp., Pattern Barceloneta Solar LLC, Guayama Solar Energy LLC, Solaner Puerto Rico One LLC, Solarblue Bemoga LLC, YFN Yabucoa Solar LLC, Tetris Power LLC, Enerxia Solar LLC, Pattern Vega Baja Solar LLC y Ciro Two Salinas LLC. El ente fiscal apuntó que apoya el uso de fuentes de electricidad de bajo costo, limpias y renovables para Puerto Rico y el requisito del Negociado de Energía, que exige que la AEE adquiera más de 3,700 MW de energía renovable mediante un proceso competitivo. Actualmente, Puerto Rico genera menos del 4% de su electricidad a partir de recursos renovables. Además, genera aproximadamente el 50% con aceites combustibles sucios y costosos. La Junta también señaló que mientras la mayoría de los estados y países desarrollados han reducido progresivamente su dependencia de los combustibles fósiles, la AEE no ha realizado las inversiones necesarias para modernizar su flota a fin de que sea más limpia y eficiente y esté basada en recursos renovables. Las 18 propuestas permitirán que Puerto Rico genere 23% de su electricidad de fuentes de energía renovable para 2024, que constituye un paso importante para el logro de su objetivo de generación 100% renovable para 2050. La Junta informó, en un parte de prensa y tras concluir su reunión mensual, que se seleccionaron los proponentes en función del precio y de las calificaciones técnicas y financieras. "Este es un momento histórico para Puerto Rico", afirmó la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko. "Puerto Rico está estableciendo por fin una electricidad limpia y asequible después de haberse aferrado durante décadas a una energía sucia y costosa. La fiabilidad y asequibilidad energética es el núcleo de cualquier estrategia de desarrollo económico. Además, el exitoso proceso de adquisición atrajo a licitadores altamente cualificados. Se trata de un progreso sustancial tanto en el proceso como en los resultados, lo cual es un buen augurio para la transformación de la AEE y el futuro de Puerto Rico", agregó. La AEE había intentado iniciar la adquisición de proyectos de energía renovable mediante la negociación de enmiendas a los contratos celebrados hace muchos años con 16 contratistas de generación de energía renovable, ninguno de los cuales estaba en funcionamiento en el momento de estas enmiendas. En 2020, después de una extensa revisión, la Junta rechazó todos esos contratos no operativos porque los proyectos no eran el resultado de un proceso de adquisición competitivo y los precios excedían los puntos de referencia establecidos en el Plan Integrado de Recursos (PIR) y en el Plan Fiscal certificado para la AEE. Posteriormente, la AEE inició un proceso de licitación pública para los proyectos de energía renovable. Este proceso dio lugar a una fuerte participación en el mercado, con la presentación de más de 70 ofertas, muchas de las cuales eran de desarrolladores reconocidos por el sector. Todas las ofertas presentadas en este proceso de adquisición competitiva proporcionaron condiciones de precios más favorables que cada uno de los 16 proyectos que la AEE había presentado a la Junta. La aprobación de los contratos propuestos supondrá un ahorro de hasta $387 millones en un periodo de 15 años. Según el ente fiscal, los contratos cumplen con el Plan Fiscal Certificado para la AEE y promueven la competencia en el mercado, los dos criterios que Junta utiliza para evaluar estas propuestas. El Negociado de Energía aprobó previamente los contratos propuestos. LUMA Energy LLC, el operador de la red de la AEE, está realizando estudios de interconexión y de impacto de mejora del sistema con respecto a los proyectos de los contratos propuestos. En caso de que estos estudios de impacto en el sistema produzcan una variación importante en las métricas de costo en cuanto a los costos estimados incluidos en los contratos propuestos, habría que presentar de nuevo al Negociado estos contratos con variación importante, para su aprobación. La aprobación de la Junta está condicionada al visto bueno del Negociado de Energía. Pese al tono celebratorio del ente fiscal, al final de la reunión de hoy, que se celebró en el Centro de Convenciones en Miramar, varias personas relacionadas a la industria de las fuentes de energía renovable reprocharon a los miembros de la Junta la lentitud del proceso de aprobación de estos proyectos.

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) eliminó esta tarde el recorte de $28 millones que se efectuaría en la nómina de la institución como parte del Plan Fiscal 2022-23. La Junta de Control Fiscal (JCF) lleva cinco años recortando el presupuesto de la UPR, pero la idea de activar la tijera en la nómina de la Institución fue de la Oficina de Transformación Institucional (OTI). El ente rector de la UPR votó a favor de una moción que presentó la representante del claustro, la doctora Margarita Villamil, para eliminar ese recorte en la nómina. La votación fue 11 a favor, 5 en contra y un abstenido. La presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría, logró convencer a la Junta de Gobierno de que hay dinero en caja para mantener la nómina actual. Reiteró que reducir la plantilla laboral impactaría directamente los servicios que se ofrecen a la comunidad estudiantil. Así que ahora se le exige a la OTI, como a la Oficina de Finanzas y Presupuesto de la Administración Central, enmendar el Plan Fiscal y someterlo ante la JCF sin el recorte de $28 millones. La OTI fue creada en el 2018 y está adscrita a la Junta de Gobierno de la UPR. Tiene la misión de crear prácticas eficientes y proyectos de transformación y reformas universitarias conforme al Plan Fiscal.

A horas de que entre en vigor el Plan de Ajuste a la Deuda, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia se dirigió a los puertorriqueños y puertorriqueñas para asegurar que el archipiélago inició el camino hacia la recuperación económica. En un mensaje grabado, el mandatario insistió en que el pago de la reestructuración de la deuda del gobierno y de los sistemas de retiro del magisterio y de la judicatura “es sostenible” a pesar de que expertos de grupos como Espacios Abiertos y el Centro para la Nueva Economía señalan que las propias proyecciones de la Junta de Control Fiscal estiman que Puerto Rico enfrentaría otra quiebra en 15 años. "Me presento ante ustedes para compartir la promesa de mejores tiempos para nuestra querida Isla. Llevamos muchos años sufriendo las secuelas negativas de la crisis fiscal, así como de los devastadores efectos de los huracanes, los terremotos y la pandemia. Sin embargo, hoy quiero hablarles de una nueva era, un nuevo comienzo del futuro económico de Puerto Rico", afirmó al inicio de la alocución. "En el día de mañana se formalizará la reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico, con la efectividad del Plan de Ajuste que fue recientemente confirmado por el Tribunal Federal. Mañana nuestro gobierno dará un gran paso hacia adelante, un paso hacia la recuperación económica de nuestra Isla", agregó. Con su escritorio como telón de fondos, Pierluisi Urrutia ofreció un mensaje optimista que se extendió tres minutos y cuarenta segundos. No mencionó el recorte a las pensiones que provocó un éxodo de juezas y jueces y en la Rama Judicial, ni las manifestaciones de las maestras reclamando un aumento en su salario y un retiro digno. Tampoco habló de las secuelas de la invasión en Ucrania, que disparó los precios de los combustibles y las materias primas y que podría causar escasez de alimentos en verano. "Ahora cerramos ese capítulo y empezamos a escribir una nueva historia de prosperidad", apuntaló. "Como todo acuerdo entre diversas partes, el plan de ajuste no es perfecto. Lo que sí puedo garantizarle a nuestra gente es que tiene muchas cosas buenas para Puerto Rico", abundó. Acorde al tono positivo, indicó que el plan de ajuste elimina las reclamaciones de cobro y limpia el crédito del gobierno. "Además, de $33 mil millones que le debíamos a nuestro acreedores, ahora solo adeudaremos$7,500 millones, una reducción de casi un 80%. Antes de este acuerdo anualmente hubiéramos tenido que pagar 25 centavos de cada dólar que ingresa el gobierno, y ahora eso se redujo a 7 centavos. Por eso podemos decir que la deuda reestructurada es sostenible", resaltó Pierluisi Urrutia, quien se encuentra de viaje en Miami. "Ahora tendremos certeza de que podemos cumplir con nuestras obligaciones y enfocar todos nuestros recursos en proveer los servicios que merece nuestro pueblo, en crecer nuestra economía y crear las condiciones para que cada puertorriqueña y puertorriqueño tenga las oportunidades de alcanzar su potencial, que todas y todos podamos lograr nuestras metas aquí en nuestra tierra", añadió. Todavía queda pendiente la negociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.

El recorte de beneficios de retiro contenido en el Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) lanzó al sistema de educación público a su peor crisis y desembocará en un éxodo de maestros, según la secretaria general de la Asociación de Maestros, Sybaris Morales Paniagua. La educadora no ofreció una cifra. Anticipó que el alcance de ese éxodo masivo de educadores y educadoras se conocerá después del 15 de marzo cuando entren en vigor las disposiciones del PAD y pase la fecha que tienen los maestros para renunciar y conservar los beneficios que tienen hasta el momento. El Departamento de Educación ha estimado que unos 2,800 maestros podrían acogerse al retiro o dejar sus puestos ante los cambios en sus beneficios de retiro. "Es un momento difícil pero nosotros sabemos que el Departamento de Educación tenía conocimiento de esta situación. Nosotros lo advertimos. Ya los registros se han agotado", apuntó a preguntas de Jay Fonseca en el programa Los datos son los datos, que transmite diariamente WAPA-TV. Después de que la jueza federal Laura Taylor Swain aprobó el PAD el mes pasado y la Junta de Control Fiscal (JCF) ratificó un nuevo plan fiscal que propone una aumento condicionado a los maestros de $470, este semana arrancó con un alto índice de ausentismo en las escuelas públicas como expresión de protesta por las medidas de austeridad. El Ejecutivo y el Legislativo también avalaban el PAD. La protesta pacífica ha sido bautizado como el "teacher's flu" o la gripe de los maestros. El nombre surge del "blue flu", una acción concertada de los policías de ausentarse en protesta por sus paupérrimas condiciones de trabajo. Ayer, faltaron 4,429 maestros de una plantilla de 22,690. Hoy la cifra alcanzó 4,557, según datos oficiales. "El maestro, en este momento que está enfrentando unas emociones, unas situaciones particulares. Está tomando unas decisiones: si renuncio, si me quedo… Está estresado. Están pasando situaciones y definitivamente es un momento de crisis", afirmó Morales Paniagua. Explicó que a partir del 15 de marzo se congelarán los beneficios de los maestros, que pasarán de un sistema de pensión vitalicia a un plan de contribución definida. También cotizarán al seguro social los educadores que tengan menos de 45 años. "Si no tiene los 30 años de servicio y los 50 años de edad, según el plan de la Junta de Control Fiscal, si no cumple con esos dos criterios, al momento pierde el 75% de su pensión y pasa a un 1.8% de su salario", apuntó la líder sindical. Esto significa que la pensión de un maestro o maestra se achicaría a $1,200 o menos al mes. La cosa se complica porque hasta ahora los maestros no pagaban seguro social así que no tienen acceso al Medicare. También censuró que la JCF amarre el aumento en el salario de los maestros a métricas de asistencia porque los sistema de asistencia del DE no operan adecuadamente y porque se trata de una condición que no se exige a otros empleados públicos. La Asociación de Maestros abogaba por un alza que elevara el salario base de un maestro a $3,500 mensuales para paliar la pérdida de beneficios. La propuesta de la Junta solo lo lleva a los $2,220 mensual. El salario base de un maestro es $1,750 mensuales. La baja paga obliga a muchos maestros a buscar un segundo empleo, indicó Morales Paniagua. Esta mañana el país despertó con la noticia de un maestro que murió en un accidente de tránsito al salir de su segundo trabajo como guardia de seguridad en el municipio de Cataño. Al mismo tiempo, la Junta frenó una medida que elevaría el salario de un maestro a $2,700 mensuales. La medida, que se encuentra ante la consideración del Senado, no identifica adecuadamente la fuente para pagar el alza, de acuerdo al ente fiscal. La Asociación de Maestros no ha convocado a la protesta. En este momento negocia un nuevo convenio colectivo. Previo a la aprobación del PAD, el sindicato negoció dos propuestas con la JCF, pero ambas fueron derrotadas en votaciones internas del sindicato.