🚌 La Oficina del Inspector General encontró que la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) tiene una deuda contributiva de $33.2 millones con Hacienda.

💰 De esa cantidad, $18.35 millones son principal y $14.84 millones son intereses, recargos y penalidades que se fueron acumulando.

🧾 Y lo más fuerte: la AMA le retuvo $3.3 millones a sus empleados de sus cheques entre 2022 y 2024 y nunca se los envió a Hacienda.

📉 Tampoco presentó 12 planillas trimestrales en esos tres años, entregó tarde otras ante el IRS y ya ha tenido que pagar más de $42 mil en penalidades federales.

🗣️ La AMA culpa a problemas de presupuesto y flujo de efectivo, y dice que buscará un plan de pago con Hacienda, pero la OIG no ha visto evidencia de ningún acuerdo formal.

Fuente: El Vocero

🔍 La Oficina del Inspector General (OIG) puso en la mira a la ADSEF tras un examen que encontró irregularidades en el manejo del programa de ayuda de energía LIHEAP, con costos cuestionados que suman $72,953.12.

📅 La auditoría cubrió el periodo del 1 de julio de 2023 al 6 de marzo de 2026 y revisó 201 expedientes, donde en 51 casos no se pudo identificar al supervisor que aprobó la elegibilidad y en 34 no había evidencia que validara la identidad del solicitante.

🚫 La cosa no para ahí: 31 expedientes no acreditaban la ciudadanía, 14 tenían facturas de energía incompletas o ilegibles, y hasta hubo cuatro con documentos que pertenecían a otras personas, lo que pone en riesgo la confidencialidad.

👤 La OIG también encontró que una empleada aprobó solicitudes de crisis de energía sin tener el puesto autorizado para hacerlo, con accesos a los sistemas desde 2021 sin evidencia de una designación oficial.

⚠️ El informe advierte que estos hallazgos podrían poner en peligro la futura adjudicación de fondos federales LIHEAP, exponer el programa a fraude y erosionar la confianza pública en su integridad.

💬¿Tú confías en cómo el gobierno maneja las ayudas que llegan para los más necesitados?

Fuente: Radio Isla 1320

👀 La OIG mantiene bajo supervisión los contratos de XUVO Technologies con el gobierno, tras detectar irregularidades previas con Estado y Recursos Naturales.

💻 Actualmente, XUVO maneja la plataforma digital del Departamento de Salud; el contrato oficial es de $5, pero la JSF advierte que su valor real es mucho mayor por los cargos por transacción en línea.

📝 La inspectora general Ivelisse Torres Rivera asegura que la OIG seguirá interviniendo en todos los contratos necesarios, aunque esperarán la evaluación de la Junta de Supervisión Fiscal antes de actuar.

⚠️ Contratos anteriores con Estado y DRNA presentaron deficiencias legales y administrativas, y algunos servicios aún no se han prestado pese a estar vigentes.

🔍 XUVO también tiene acuerdos con la Junta Reglamentadora del Servicio Público, siguiendo el mismo patrón de contratación sin proceso competitivo; PRITS revisa y aprueba estos contratos.

📅 En 2020, Cuarto Poder (Wapa TV) reveló que, bajo la administración de la gobernadora Wanda Vázquez, se firmó un contrato con XUVO un 31 de diciembre luego de ser rechazado por el entonces senador Larry Seilhamer.

Fuente: El Nuevo Día

📢 La Oficina del Inspector General ordenó al Departamento de Corrección el recobro de más de $2.8 millones a Physician Correctional.

💸 El DCR pagó $2,844,250.02 por encima del contrato sin evidencia de enmiendas ni justificación.

📄 ¡A puro copy paste! Se encontraron 174 facturas sin detalles específicos sobre los servicios prestados, con contenido repetitivo y sin verificación de autenticidad.

🚫 También identificaron pagos por servicios facturados sin contrato y deficiencias en los procesos de solicitud de propuestas.

📉 A pesar de que bajó la población en las cárceles, la agencia siguió pagando la compensación máxima sin hacer ajustes.

Fuente: El Nuevo Día