🔫 La Policía encontró el cuerpo parcialmente calcinado de un hombre en el sector La Julia, en Salinas, tras recibir reportes de vecinos sobre una intensa balacera la noche del martes. 💥 En la escena se recuperaron 56 casquillos de rifle AK-47 y alrededor de 50 adicionales de calibres 9mm y .40, evidenciando la magnitud del ataque. 🧑‍🦱 La víctima, aún sin identificar, presentaba el cráneo destrozado y tenía trenzas tipo dreadlocks. 👮‍♀️ La División de Homicidios del CIC de Guayama lidera la pesquisa sobre este crimen, es el tercero registrado este año en la comunidad. Fuente: El Vocero

🔍 La Oficina de Ética Gubernamental impuso una multa de $4,000 a la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, por nombrar a una ayudante administrativa como directora interina de Finanzas sin que tuviera la preparación académica o la experiencia para ocupar el cargo. 💼 💡 La agencia también ordenó que la primera ejecutiva municipal restituya $15,914 del diferencial que otorgó a la empleada, que ocupó los dos puestos de forma simultánea, pero que ya no trabaja en el ayuntamiento. 💸 📣 De inmediato, Bonilla Colón informó que apelará la determinación, que señaló responde a persecución política y comparó la situación con la designación de Nino Correa, un experimentado rescatista que ocupó el cargo de comisionado interino del Negociado de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres pese a que no había completado su bachillerato. Este nombramiento contó con el aval del Senado y Correa completó el bachillerato logrando la designación en propiedad. 📝 📄 La querella detalla que Bonilla Colón nombró a Jessica González Carbonell como su ayudante administrativa el 14 de enero de 2013. 📋 👩‍🔬 González Carbonell estudió química e ingeniería civil. Antes de trabajar en el ayuntamiento, fue Auxiliar de Ingeniería del DTOP y Directora de Obras Públicas del Municipio de Guánica. 🏗️ 🔄 Nueve meses luego de laborar como ayudante administrativa, la alcaldesa de Salinas la nombró directora de Finanzas interina. La volvió a nombrar a dicho cargo de forma interina en otras siete ocasiones sin que la Legislatura municipal avalara el nombramiento. 📅 💰 Como ocupó ambos puestos simultáneamente y por más de 30 días, González Carbonell recibió un diferencial de $527 mensuales. 💵 🔎 Este hallazgo afloró durante una auditoría de la Oficina de la Contralora, que refirió la situación a Ética Gubernamental, que concluyó que ese interinato violó disposiciones estatales y municipales. 📉 🚪 La empleada de confianza finalmente renunció a su puesto de confianza en el ayuntamiento el 31 de julio de 2020 sin nunca completar un grado en contabilidad, finanzas o áreas relacionadas. 🎓 ❓ ¿Crees que la alcaldesa se merece la multa? 🤔

El gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia junto al secretario de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, anunció la firma de un acuerdo interagencial entre Vivienda y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que da paso a la inversión de $35 millones en dos proyectos de la corporación pública y a su vez inaugura el Programa de Subvención para Mitigación de Riesgos, el primero de los nueve que lanzarán este año bajo la partida de fondos CDBG-MIT. Mediante el programa, que parea fondos de mitigación con los de FEMA, la AAA se propone instalar cuatro generadores de energía para la represa del lago La Plata que reducirá la interrupción del servicio de agua potable a 369,000 personas, en caso de alguna falla en el sistema eléctrico. Además, desarrollará una planta de tratamiento de agua para la población del municipio de Salinas, que actualmente es susceptible a eventos de sequía. Aunque ambos proyectos se encuentran en etapa de diseño, su desarrollo tomará de 3 a 4 años. La AAA estimó que el proceso de subasta para la instalación de los generadores iniciará a finales del próximo año, mientras que la planta podría estar en servicio en unos 4 años. “Lo importante de este programa es que permite utilizar estos fondos para adelantar los proyectos y el total del costo se le aplica al pareo global de la aportación estatal que incluye todos los proyectos bajo el programa de subvención para Mitigación de Riesgos de FEMA. Es decir, en vez de tener que aportar a cada proyecto por separado, se acumula para el total. De esta forma este programa particular nos va a permitir desarrollar proyectos de infraestructura que no se habían podido hacer antes y que van a atender las vulnerabilidades que hemos sufrido y fortalecer nuestro entorno en beneficio del pueblo de Puerto Rico. El Departamento de la Vivienda estará administrando este programa en coordinación con la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3), para asegurar el cumplimiento con todos los requisitos de HUD y de FEMA”, comentó el gobernador sobre el acuerdo que fue firmado por el secretario de Vivienda y la presidenta de la AAA, Doriel Pagán. “Estos son los primeros de muchos otros proyectos que se están evaluando para realizarse a través de este programa. El mismo incluye cientos de millones en proyectos de la Autoridad, tales como mejoras a represas, plantas de aguas usadas y optimización del sistema de manejo y distribución de agua potable, así como proyectos de control de inundaciones. Asimismo, se evaluarán proyectos de mejoras al sistema eléctrico, de infraestructura crítica y otros que nos ayuden a mitigar el impacto de desastres naturales en Puerto Rico”, añadió el primer ejecutivo en un parte de prensa. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, en inglés), asignó $8,285 millones para actividades de mitigación y asistencia al Gobierno de Puerto Rico bajo el Programa CDBG-MIT. De acuerdo con el Plan de Acción que elaboró la agencia local, el enfoque de este nuevo programa también conocido por sus siglas en inglés como HMGP-MIT, es completar proyectos de mitigación actualmente administrados por FEMA. El secretario de la Vivienda, explicó que “este programa es una gran oportunidad para desarrollar proyectos de infraestructura que, de otra manera, probablemente no serían posibles. Vivienda entiende que los desastres naturales de los pasados años han expuesto vulnerabilidades que ahora serán atendidas bajo este y el resto de los programas de mitigación que nos proponemos lanzar antes de culminar el año”. En tanto, la presidenta de la AAA expresó que este Acuerdo “reafirma el compromiso del Gobierno de Puerto Rico para continuar de forma ininterrumpida los esfuerzos de reconstrucción de la Isla. La Autoridad tiene como meta el maximizar las oportunidades de financiamiento y así continuar mejorando nuestra infraestructura de manera resiliente para el beneficio de nuestros abonados. Agradecemos el apoyo incondicional del Departamento de Vivienda, COR3 y FEMA en todo el proceso, quienes junto al equipo de la AAA han logrado que estos proyectos fueran aprobados.” La aportación del gobierno federal, desembolsada mediante FEMA, típicamente consiste en un 75% y requiere que la entidad receptora, en este caso la AAA, aporte un 25%. Este nuevo programa permite que Vivienda pueda utilizar fondos CDBG-MIT para cubrir el 100% de proyectos estratégicamente seleccionados entre COR3 y Vivienda, los cuales representan el 25% del pareo requerido globalmente para todos los proyectos del Programa de FEMA. El Acuerdo firmado es la primera inversión de fondos de mitigación que realizará el Departamento de la Vivienda mediante el programa que cuenta con un presupuesto de $1,000 millones, y del que se podrán beneficiar también organizaciones, y agencias estatales. Bajo este programa, Vivienda atenderá proyectos de infraestructura con una gran envergadura. Al momento, los proyectos preliminarmente contemplados bajo HMGP-MIT incluyen mejoras mayores a represas, plantas de tratamiento de aguas usadas, mejoras sustanciales a sistemas de manejo y distribución de agua potable y sistemas de control de inundaciones. Vivienda logra los $1,000 millones en desembolsos de fondos de recuperación El gobernador y Rodríguez Rodríguez también informaron que bajo los fondos de recuperación CDBG-DR se superó el desembolso de $1,000 millones, meta que se había establecido para el final de este año. “Los $1,000 millones ya desembolsados incluyen proyectos para proveer vivienda digna a personas de bajos y moderados ingresos, iniciativas de desarrollo económico y emprendimiento, proyectos de infraestructura municipal y multisectorial, programas de planificación y mitigación, y de promoción del turismo. Esto es importante porque, luego de años previos a nuestro gobierno con restricciones administrativas impuestas por HUD, nuestro Departamento de Vivienda ha sido clasificado como una jurisdicción que se encuentra en el ritmo adecuado de gastos de recuperación”, añadió Pierluisi quien en sus visitas cada semana a municipios entrega llaves de hogares reconstruidos afectados por los huracanes Irma y María. Fue el año pasado bajo el mandato del gobernador Pierluisi, y luego de transcurridos varios años de los huracanes de 2017, que el gobierno local consiguió el acceso a la totalidad de los fondos de recuperación, en el año 2021 y activó el trabajo de reconstrucción en Puerto Rico a través del programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3), mediante el cual se han impactado a más de 5,600 familias puertorriqueñas. La inversión supera los $530 millones y en la actualidad, se han comprometido $6,654 millones para diferentes actividades de recuperación que representan el 66% de todos los fondos CDBG-DR asignados a Puerto Rico. El secretario de la Vivienda apuntó que “estamos sumamente motivados en continuar con la aceleración del trabajo que se ha realizado durante los pasados meses y que ha sido completamente transparente, tanto con el gobierno local como con el federal. No hemos tenido un solo señalamiento de mal manejo de fondos y, por el contrario, seguimos día a día mejorando la eficiencia de los programas y ampliando los canales de visibilidad para nuestra gente”. Tras varios años de restricciones administrativas iniciales, Vivienda aceleró su ritmo de gastos por lo que el gobierno federal concluyó que Puerto Rico se encuentra en el ritmo adecuado de gastos de los fondos de recuperación on pace spender, según el informe financiero de los fondos CDBG-DR. Como cuestión de hecho, Rodríguez Rodríguez recordó que, como una autogestión, el Departamento de la Vivienda lanzó un Portal de Transparencia que provee información detallada sobre el desembolso de fondos CDBG-DR en cada uno de los programas de recuperación. El gobernador y Rodríguez Rodríguez destacaron que para el sector de Vivienda se han desembolsado más $693 millones, mientras que para el de Desarrollo Económico se ha hecho lo propio con más de $153 millones. Los municipios han sido apoyados por el sector de Infraestructura y Multisectorial con $44 millones en desembolsos y $15 millones en el sector de Planificación que ayudarán a promover la estrategia global de recuperación con el fin de asegurar la preparación y protección ante eventos futuros. También informaron que algunas de las aportaciones más notables a la cifra de desembolsos se consiguieron mediante el Programa de Brecha de CDBG-DR de los Créditos Contributivos de Vivienda por Ingresos Bajos (LIHTC, por sus siglas en inglés), con $56,466,139 para la construcción de viviendas de alquiler a bajo costo. De igual forma, en el Programa de Asistencia Directa al Comprador se utilizaron $3,321,604.76 para la compra de nuevas propiedades, y en el Programa Subsidio de Alquiler con $10,048,712 se subvencionó el alquiler de residencias a personas mayores de 65 años. Asimismo, a través del Programa de Financiamiento para Pequeñas Empresas se desembolsaron $91,339,076 para la recuperación de pequeños negocios mientras que con el Programa Renacer Agrícola se utilizaron $11,401,601 para el fortalecimiento de la producción de alimentos en la Isla. Por último, con el Programa de Pareo de Partidas No Federales se continúan pareando los proyectos elegibles que sometieron los gobiernos municipales ante la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) mediante un desembolso de $35,497,140. Estos anuncios se dieron en la coyuntura de la celebración del 50 aniversario del Departamento de la Vivienda.

Agentes del federales y estatales llegaron esta mañana a Bahía de Jobos en Salinas, donde algunos invasores ocupan ilegalmente terrenos de la reserva natural, informó NotiCentro. La visita es parte de una investigación en curso. Al lugar llegaron agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), de la Fiscalía Federal, del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), y de la Policía de Puerto Rico para observar el alcance de los daños ocasionados al ambiente. Además, están presentes las fiscales del Departamento de Justicia que llevan a cabo la investigación a nivel estatal. Previamente, el jefe de la fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, había indicado que las autoridades federales evaluaban la situación. La vista ocurre en momentos en que la Legislatura debate si debe otorgarle inmunidad a algunos de las personas que ocupan los terrenos de forma ilegal y que el Departamento de Recursos Naturales demandara para desahuciar a 12 personas, que ocupan ilegalmente terrenos en Bahía de Jobos.

Un oficial del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales en Salinas se disparó en la cabeza en un intento de suicidio luego que trascendió que se investigaría si los vigilantes ignoraron la comisión de delitos ambientales en Bahía de Jobo en dicho ayuntamiento . El hombre se encuentra en estado grave. Varias agencias y la Cámara de Representantes investigan el proceso que permitió que personas invadieran los terrenos de la reserva natural, ocasionado grave daño al mangle. Pese a que se trata de una reserva natural bajo la tutela del Departamento de Recursos Naturales, las personas que se han alojado en el lugar de forma ilegal cuentan con servicio de agua y luz. En un informe preliminar, el Negociado de la Policía detalló que investiga el intento de suicidio ocurrido en la tarde de hoy, en la oficina Marítima de Recursos Naturales, del Barrio Playa Salinas. El parte indica que el hombre fue transportado al Hospital Sur Med, donde recibió los primeros auxilios. Pero fuentes de Cuarto Poder señalaron que será transportado a Centro Médico.

La secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, confirmó ayer que las agencias concernidas identificaron que residentes sometieron documentos fraudulentos o insuficientes para obtener servicios de agua y luz en la Bahía de Jobos, en Salinas. También aseguró que el gobierno tomará medidas para garantizar la restauración de la reserva natural, cuyo mangle ha sufrido daños por la construcción ilegal en esa zona. Rechazó, sin embargo, que La Fortaleza conociera de la situación previo a que trascendieran públicamente las denuncias de ilegalidades, que llevan años ocurriendo en el lugar, según han reconocido varios funcionarios.

Hay sobre una veintena de tomas ilegales de energía eléctrica en las propiedades levantadas en la reserva natural Bahía de Jobos en Salinas y las autoridades llamadas a actuar siguen pasándose la papa caliente. Más temprano, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, dijo que le corresponde ahora a LUMA Energy cortar el servicio de luz a aquellas cuentas que tienen tomas ilegales en el Camino del Indio. Sin embargo, LUMA indicó, por escrito, a Cuarto Poder que no pueden desconectar el servicio de luz. “Hemos estado y continuaremos cooperando con las autoridades apropiadas, ya que es su responsabilidad, no la de LUMA, determinar las acciones a tomar sobre este tema. LUMA, al igual que con otras empresas de servicios públicos, no puede desconectar la energía sin las acciones adecuadas por parte de las autoridades”. Hallazgos de informe de AEE Cuarto Poder (WAPA-TV) divulgó el martes un informe que revela múltiples irregularidades cometidas en varias cuentas correspondientes a solares donde se ubicaron campers y se construyeron viviendas que tienen el servicio de energía activo. “El mismo fue referido al Departamento de Justicia y a LUMA para las acciones que correspondan,” indicó hoy el ingeniero a Cuarto Poder. Este informe resume los hallazgos que encontró la Corporación Pública luego de acudir a la zona el pasado 24 de marzo y revisar 47 contadores. Muchas cuentas son recientes, pero hay varias que están activas desde las décadas de los 70, 80 y 90. “Se encontró que varios de los casos están incumpliendo con los procesos y procedimientos que establece la AEE. También se encontró predios sin los debidos requisitos que se requieren para solicitar y formalizar debidamente la creación de un servicio de energía eléctrica,” detalla en el informe de 190 páginas. El escrito también detalla innumerables fallas de seguridad como bases energizadas con tomas (trenzado) desde el servicio secundario de postes. Contadores sin el aro y el sello de seguridad. Hay unas 21 cuentas “que se activaron para el servicio de energía eléctrica que están sin el Permiso de Uso en sistema". “Se encontró varios predios con el mismo número de Permiso de Uso. Esto es una irregularidad”, destaca el informe. En este escrito, la AEE enfatizó que es importante tener acceso a una serie de documentos relacionados a las cuentas para contrastar la información recopilada en la visita del 24 de marzo. La AEE deja claro que esa documentación está bajo la custodia de la oficina comercial de Santa Isabel.

La invasión de campers y estructuras de cemento que sustituyeron el mangle, que era parte del Camino del Indio en la Reserva Estatal Bahía de Jobos en Salinas, es evidente. El sacrilegio ambiental es incuestionable, pero lo que sí es cuestionable es por qué las autoridades locales y federales no tomaron acción hace una década para impedir el desarrollo ilegal en esa zona de alto valor ecológico. Con el paso de los años las agencias gubernamentales siguen sin actuar. Durante un recorrido por el lugar, Cuarto Poder (WAPA-TV) observó las conexiones de luz y agua. Portones que buscan proteger propiedades levantadas en terrenos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales -adquiridos en su mayoría- con fondos federales. Asimismo, Cuarto Poder tuvo acceso a una investigación que hizo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y cuyos resultados forman parte de un informe de hallazgos que preparó la corporación pública luego de acudir a la zona el pasado 24 de marzo y revisar 47 contadores. Muchas cuentas son recientes, pero hay varias que están activas desde las décadas de los 70, 80 y 90. “Se encontró que varios de los casos están incumpliendo con los procesos y procedimientos que establece la AEE. También se encontró predios sin los debidos requisitos que se requieren para solicitar y formalizar debidamente la creación de un servicio de energía eléctrica,” detalla en el informe de 190 páginas. El escrito también enumera innumerables fallas de seguridad como bases energizadas con tomas (trenzado) desde el servicio secundario de postes. Contadores sin el aro y el sello de seguridad. Hay unas 21 cuentas “que se activaron para el servicio de energía eléctrica que están sin el Permiso de Uso en sistema.” “Se encontró varios predios con el mismo número de Permiso de Uso. Esto es una irregularidad”, dice el informe. En este escrito, la AEE enfatizó que es importante tener acceso a una serie de documentos relacionados a las cuentas para contrastar la información recopilada en la visita del 24 de marzo. La AEE deja claro que esa documentación está bajo la custodia de la oficina comercial de Santa Isabel. LUMA Energy, la empresa que administra el sistema de transmisión y distribución dijo a Cuarto Poder -por escrito- que están haciendo una investigación. Hoy, un día después de la transmisión del reportaje, el Deparatmento de Justicia anunció el inicio de una investigación criminal sobre las denuncias de invasión en la reserva natural. Un poco antes y en medio de la tormenta mediática que han creado las denuncias de la destrucción del mangle, algunas personas comenzaron a remover sus campers del área.

El secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo Maldonado, no ha presentado querellas ante la Policía o el Departamento de Justicia por las amenazas que han recibido funcionarios de la agencia que han intervenido con las personas que residen en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos en Salinas. En rueda de prensa hoy para dar detalles sobre un operativo en San Juan, el secretario de Justicia Domingo Emanuelli Hernández y el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, indicaron que hasta el momento no han recibo información o querellas que les permita tomar cartas en el asunto. Emanuelli Hernández apuntó que el pasado viernes dio instrucciones a la Fiscalía de Guayama para que atienda con premura cualquier reclamo o denuncia que reciba. La semana pasada, Machargo Maldonado reconoció en varias entrevistas que funcionarios de su agencia que han visitado el lugar han recibido amenazas de los residentes que identificó como “invasores”. Esta información trascendió luego de que surgieron denuncias de que en el lugar se comenten posibles delitos ambientales debido a la destrucción y relleno de los manglares. ¿No se va a hacer algo con la primera amenaza?, preguntó la prensa. “Lo que pasa es que tiene que llegar una amenaza ante fiscalía. Yo no puedo actuar en atención a lo que dice la prensa o lo dice una persona en particular. Para probar esa amenaza tiene que haber una persona en particular: la persona que recibe la amenaza, qué tipo de amenaza fue y eso se procesa”, apuntó el titular de Justicia. López Figueroa afirmó que tampoco han recibido denuncias de amenazas que provoquen la movilización de agentes como pasó durante las manifestaciones que ocurrieron por la construcción de una piscina en una zona marítimo terrestre en Rincón. “A mí no me han notificado nada”, respondió ante una pregunta sobre si la Policía ofrecía escolta a empleados de las agencias públicas que llegaban al lugar para conectar o desconectar los servicios de agua y luz. Sobre la posible comisión de delitos ambientes por la destrucción de la reserva natural, Emanuelli Hernández señaló que Justicia espera por referidos de Recursos Naturales para poder actuar, que la agencia con el peritaje para realizar ese tipo de análisis. Apuntó que la agencia otorgó una dispensa al Departamento de Recursos Naturales en abril del 2021 para que contratara a un bufete privado para que demande y desaloje a las personas que residen en la zona. “Como parte de esa dispensa, nosotros le exigimos que tan pronto se radiquen los recursos, la demanda de desahucio o de reivindicación tienen que notificarnos y mantenernos informados en todo momento”, apuntó. Machargo Maldonado y la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, se encuentran bajo fuego por la lenta respuesta en atender la emergencia ambiental. En parte de la reserva ecológica se han cortado mangles y colocado relleno para desarrollar un área con campers o casas rodantes, que aparentemente no cuentan con los permisos requeridos. La Reserva Nacional de Bahía de Jobos es la segunda área estuarina más amplia de Puerto Rico. Discurre entre los municipios de Guayama y Salinas. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales adquirió los terrenos en el 1981. Poco después la región fue designada como Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), según el portal del Departamento de Recursos Naturales.