De las 26 medidas sometidas por la Gobernadora, Wanda Vazquez, casi la mitad no fueron consideradas porque no contaban con consenso, ni con votos para ser aprobadas. El proyecto que privatizaría WIPR, el que convertiría en delito el que no se use una mascarilla durante una pandemia y hasta el que hubiese creado una posición a un término de 10 años en la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico, quedaron en el tintero. Adicional a esto, 12 nombramientos fueron retirados entre ellos el alcalde de Ceiba, Angelo Cruz, quien había sido designado a la Junta de Subastas de ASG. Por otro lado, el nombramiento de una jueza fue rechazado por juramentar antes de ser confirmada.
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