Si usted es agente de la Policía y conoce a un político o un funcionario público, sepa que si se convierte en su escolta podría duplicar sus ingresos y devengar un salario similar al que recibe ese funcionario al que usted le vela la espalda.
Así como lee.
Hoy, durante una vista de la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes, el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, y el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, explicaron el funcionamiento de la Oficina de Seguridad y Protección. También entregaron al cuerpo información que consignó que algunos agentes que laboran como escoltas reciben jugosos pagos de “overtime”, un ingreso que no tributa por disposición de la Ley 58 de 2013.
Por ejemplo, el agente Ángel Robles Oquendo, que forma parte del séquito de ocho agentes que ofrece escolta a López Figueroa, ganó $69,876 en tiempo extra, que cobró entre enero de 2021 a enero de 2022, y por el cual no pagó impuestos al Departamento de Hacienda.
Esta partida superó su salario, que asciende a $51,563 al año y compara con el ingreso anual de un juez municipal, que es $69,600. Es decir, que este agente ganó $121,439, un ingreso que es cercano al salario de la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, quien devenga $138,000 al año. El ingreso de Robles Oquendo casi duplica el salario del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, una remuneración que es fija por disposición de Ley y que alcanza los $70,000 anuales.
Durante la vista, el representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo, quien preside la Comisión de Seguridad Pública, no confrontó a los funcionarios con esta información. Por el contrario, procuró aclarar dudas sobre el proceso para otorgar escoltas y el presupuesto que se dedica a esta labor en tiempos de estrechez fiscal.
Ante preguntas del representante, López Figueroa detalló que los funcionarios y exgobernadores que tienen derecho a escoltas escogen a su equipo de seguridad por tratarse de un asunto de confianza, aunque existen algunas excepciones.
“Cada funcionario escoge su persona de confianza porque es una posición de confianza y se adiestra en las áreas que corresponda para pertenecer a esa división”, apuntó López Figueroa.
¿Si yo tuviera derecho a una escolta, que no tengo, puedo escoger al policía X y ustedes lo adiestran?, insistió Ortiz Lugo.
“Correcto”, apuntó.
Pero la situación podría cambiar cuando se trata de un funcionario que solicita escolta por una amenaza como ocurrió con el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera Carrión, quien solicitó tres agentes: Carlos Ramos, Rafael Meléndez y Jorge Santiago. El comisionado del Negociado de la Policía, sin embargo, le asignó un solo agente: Luis González.
Durante la vista, que se extendió unas dos horas y media, López Figueroa y el secretario del Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, justificaron el gasto de seguridad a pesar de que en la isla no se han reportando incidentes de agresiones contra funcionarios públicos.
Entre enero de 2021 y enero de 2022, el pago de “overtime” para las escoltas sumó casi $2 millones.
López Figueroa y Torres Ríos reconocieron que ese el pago de horas extras sale del presupuesto de la Policía, con algunas excepciones, a pesar de que la orden administrativa vigente establece que no se autorizará el pago de tiempo adicional a las escoltas a menos que no sea meritorio. Esa directriz también establece que ese pago de las horas extras “será pagado por la Oficina del funcionario y/o entidad que lo representa”.
“Ahí dice 8 horas, pero en situaciones particulares si se extiende es un derecho laborar pagar las horas extras cada vez que las trabajen y le corresponde a la Policía pagarlas. Hay situaciones específicas que sí hay un reembolso que se hace a la agencia relacionado a ese concepto y cuando es un funcionario que no tiene derecho a escolta, pero que por situación particular se le asigna una, pues ese dinero es reembolsado a la Policía de Puerto Rico”, indicó.
“Hay una acuerdos que sí se reembolsa. Tendríamos que mirar eso con exactitud la totalidad”, agregó Torres Ríos.
Ante la falta de precisión, el representante Ortiz Lugo concedió 5 días para que los funcionarios sometieran esa información al cuerpo que preside.
¿Cómo uno forma parte de esa división?, indagó el representante.
“Solicitan un traslado normal a la División de Seguridad y Protección. Se somete a un adiestramiento dado por la Academia de la Policía relacionado a protección a dignatarios y aparte de eso se da el curso de investigación criminal ya que ellos ejercen investigaciones en el aspecto de candidatos a guardias de seguridad, candidatos a detectives privados. También se encargan de investigar a los están interesados en pertenecer a la Policía de Puerto Rico. Investigan las licencias relacionadas a explosivos y el reingreso a la Policía y reinstalaciones”, detalló el jefe de la Policía.
La Oficina de Seguridad y Protección tiene 230 agentes asignados. De esta cifra, 61 agentes están asignados a la sección de escoltas. Sin embargo, el listado que el Departamento de Seguridad Pública y el Negociado de la Policía ofreció a la Comisión de Seguridad Pública contiene los nombres de 77 agentes, que ofrecieron servicio de escolta y cobraron tiempo extra entre enero del 2021 y enero del 2022.
Según la información oficial, el salario promedio de una escolta alcanza los $3,809 mensuales sin contar la tajada del pago de horas extras. El salario mayor asciende a $4,592 mensuales y corresponde al teniente Luis Domenech Miranda. El menor llega a los $3,022 y corresponde a lsa agentes Vivianette Lasalle Méndez y Danelis Pérez Hernández.
El teniente Domenech Miranda devenga $4,592 al mes o $55,115 al año cobró, pero en pago de tiempo adicional ganó $43,073 de enero del 2021 a enero del 2022. Eso que no cobró tiempo extra en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2021. Tampoco reflejó pago de horas adicionales en enero de este año.
De enero a noviembre de 2021, las escoltas del gobernador facturaron $283,176 en tiempo extra.
La Comisión de Seguridad investiga el gasto de las escoltas y el uso de los recursos de seguridad del Estado.
