El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia convirtió en ley una medida que requiere que un representante del Ministerio Público esté presente en sala durante la vista de determinación de causa para arresto en los casos de violencia doméstica.
Este estatuto también requiere que la víctima esté acompañada de un intercesor o intercesora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
Pero queda pendiente de firma otra medida que incorpora el feminicidio al Código Penal vigente.
“Hace unos meses, ordené al Departamento de Justicia la presencia de fiscales en este tipo de casos, pero ahora estoy haciendo un mandato por ley. Este gobierno continuará tomando acciones afirmativas y correctivas para brindar mayor seguridad a las víctimas de la violencia de género, y que puedan tener el apoyo y la protección necesaria del Estado”, afirmó el mandatario en un parte de prensa al anunciar la firma del Proyecto del Senado 358 de la autoría de la senadora Migdalia González.
A inicios de su administración, Pierluisi Urrutia decretó un estado de emergencia para atender la violencia de género, que según el estudio “Persistencia de la Indolencia: Feminicidios en Puerto Rico 2014-2018”, acaba con la vida de una mujer cada 7 días.
Luego el gobernador ordenó al Departamento de Justicia revisar su política de manejo de los casos de violencia doméstica para que un fiscal acompañe a la víctima en la vista de Regla 6 o causa para arresto. Tras el asesinato de Andrea Ruiz Costas, quedó al descubierto que los fiscales no siempre se presentan a estas vistas.
Ruiz Costas acudió al Tribunal de Caguas en busca de una orden de protección ante el patrón de acoso y maltrato al que la sometía su expareja, Miguel Ocasio Santiago, quien la asesinó un mes después de que dos juezas rechazarán extenderle una orden protectora.
Los dos proyectos aprobados para lidiar con la emergencia de violencia de género que enfrenta el país quedaron varados en el Senado tras el cierre de la primera sesión ordinaria, que acabó el pasado 30 de junio. A inicios de esta sesión, la Cámara alta finalmente envió las medidas para la rúbrica del mandatario, que favorece ambas propuestas.
El Proyecto del Senado 130 tipifica el feminicidio y el transfeminicidio como delitos de asesinato en primer grado y los incorpora al Código Penal.
