El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia reveló hoy que la privatización del sistema de generación de energía que opera la Autoridad de Energía Eléctrica está a punto de caramelo, aunque los dos representantes del interés del interés público todavía no han recibido el informe del Comité Evaluador con su recomendación.
La Ley para Transformar el Sistema Eléctrico o Ley 120 de 2018 requiere que cualquier transacción con los activos del sistema eléctrico cuente con el aval de ambos miembros, que fueron nombrados por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia pero representan a los líderes legislativos ante la Junta de Gobierno de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP). Es decir, que ambos miembros tienen poder de veto en esa transacción.
Al explicar cómo se usará un excedente de recaudos de $900 millones que tiene el Fondo General, el primer ejecutivo apuntó que una tajada de ese dinero se gastará en el trámite que pasará las plantas generatrices de la AEE a manos privadas.
“Parte está reservado para la Alianza Público Privada de generación eléctrica que está en curso y debe estarse finalizando próximamente”, respondió a preguntas de la prensa sobre el dinero para costear la reforma contributiva.
No ofreció más detalles de la transacción.
El licenciado Fermín Fontanés Gómez, director ejecutivo de la AAPP ni confirmó, ni negó las expresiones del mandatario, pero informes del periódico El Nuevo Día señalan que la corporación pública ya envió el contrato para la evaluación de la Junta de Control Fiscal y del Negociado de Energía.
“El proyecto de alianza público-privada para la operación de la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) continúa en curso. En este momento, no hay un término de culminación para dicho proyecto”, indicó en declaraciones escritas.
La licenciada Liza Ortiz Camacho, quien junto al licenciado Eduardo Ferrer Ríos representa al interés público en la Junta de Gobierno, confirmó a Cuarto Poder (WAPA-TV) que no había recibido información sobre la transacción, que podría provocar otra confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
“No tenemos ante nosotros un informe para tomar una decisión ante ese tema”, apuntó.
En octubre pasado, El Vocero reportó que el Comité Evaluador había escogido al consorcio Genera PR como el “proponente preferido” para completar la última etapa de la privatización de los activos de la AEE.
Genera PR está compuesto por tres compañías: NFR Energía LLC, Peak Energy y Black & Veatch. NFR Energía es una filial de New Fortress Energy, que actualmente cuenta con un contrato a cinco años ascendente a $1,500 millones con la AEE para el suplido de gas natural a las unidades 5 y 6 de la Central San Juan.
Según una decisión del Circuito de Apelaciones del Distrito de Columbia, New Fortress construyó ese terminal de gas en la Bahía de San Juan sin una Declaración de Impacto Ambiental y sin seguir las regulaciones de la Comisión Reglamentadora de Energía Federal (FERC, en inglés).
