El excandidato a la gobernación y activista ambiental Eliezer Molina denunció hoy que la familia de la comisionada residente Jenniffer González Colón solicitó la desconexión de un contador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que provee servicio de agua potable a otra construcción ilegal en la reserva de La Parguera en Lajas.
En una transmisión que realizó a través de su cuenta de Facebook, Molina divulgó el número de contador 14329783 de una propiedad en la calle 13 #54, que dejó entrever pertenece a José Jovin Vargas Torres, suegro de González Colón, pero no mencionó su nombre.
Se solicitó una entrevista a la comisionada residente para una reacción al respecto y se espera por una respuesta.
“La comisión de delito aquí está y esa caseta no está en las condiciones que estaba antes”, afirmó el activista ambiental.
“Ahora vamos a ver por qué el contador fue desconectado, quién lo mandó a desconectar y por qué está ese nombre en ese registro cuando es distinto al otro (al nombre del dueño)”, añadió en otro momento.
Cuarto Poder (WAPA-TV) se comunicó con la AAA para confirmar la información, pero la portavoz de prensa de la corporación pública dijo que la entidad no ofrece información sobre sus clientes.
Al realizar esta última denuncia, Molina insistió en que la familia Vargas Torres posee tres propiedades en La Parguera, aunque solo ha reconocido que tiene una caseta.
“Vaya y haga una declaración jurada y diga que ustedes no tienen más propiedades”, insistió.
Hace unos meses, Molina alegó que la familia de la comisionada residente había destruido mangle y flora en la reserva natural al construir una terraza y tablado en otra propiedad suya, que también ubica en zona marítimo terrestre.
A raíz de esta denuncia el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales inició una investigación. El informe, que preparó la agencia y que este portal publicó en primicia, corroboró que la construcción causó daño ambiental en el frágil ecosistema de la zona.
El informe, que este portal publicó en primicia, corroboró las denuncias de líderes ambientales, como el excandidato independiente a la gobernación Molina, quienes habían alertado sobre destrucción al mangle como parte de la construcción ilegal de un tablado y una terraza. Ante la supuesta inacción del Estado, el pasado 9 de julio un grupo de manifestantes llegó al lugar para remover la estructura ilegal e iniciar el proceso de rehabilitación de área. Durante la manifestación, la Policía arrestó a ocho manifestantes que enfrentan cargos de amenaza y obstrucción a la autoridad pública.
Pese a que el inicio se distanció de la controversia, esta semana González Colón la emprendió contra la secretaria de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez Vega y acusó al gobierno de Pedro Pierluisi Urrutia de persecución selectiva puesto que en lugar hay más de 110 propiedades.
Tanto Rodríguez Vega como el gobernador negaron las alegaciones.
