Cuando las corporaciones foráneas en Puerto Rico u otras partes del mundo quieran deducir en su planilla contributiva federal lo que pagan en otras jurisdicciones, solo podrán reclamar contra el impuesto mínimo corporativo que impulsa la administración Joe Biden.
El Departamento del Tesoro notificó al gobierno de Puerto Rico, a finales del 2021, que el año en curso será el último en que el IRS acreditará los pagos que las CFC hacen a la isla por concepto del arbitrio de 4%. El arbitrio se paga sobre las ventas que la operación en Puerto Rico hace a sus matrices en virtud de la Ley 154 de 2010.Por medio de ese arbitrio, el gobierno de Puerto Rico recauda anualmente cerca de $1,800 millones, o una quinta parte del presupuesto gubernamental.
