Existen dos Puerto Rico: uno para los ricos inversionistas que gozan de la buena vida en esta isla caribeña y otro para los residentes que bregan a diario con apagones y estiran el dólar para sobrevivir en este archipiélago, que todavía tiene pendiente la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Esta es la realidad que recoge un artículo publicado hoy por el portal de temas de negocios Bloomberg bajo el título “Hedge Fund Paradise Hides Puerto Rico’s Crisis In the Making” o “El paraíso de los inversionistas oculta la crisis en ciernes en Puerto Rico”.
La reseña periodística no dice nada nuevo para las mujeres y hombres que habitan en PE ERRE, pero resume con lujo de detalles la fragilidad del sistema eléctrico y cuestiona la recuperación del país, que tanto cacarean los políticos y el gobierno.
De entrada, la extensa crónica menciona como la realidad en “ciertos círculos”, donde proliferan los hoteles y restaurantes lujosos, crea un espejismo que se agrieta con el sonido de los generadores eléctricos, que a su vez sirven de barrera física y simbólica entre los dos Puerto Rico.
El contexto: Ya el sistema eléctrico estaba deteriorado y quebrado cuando María azotó en el 2017. A pesar de la privatización de la AEE, continúan los apagones. Además, PR tiene la electricidad más cara de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos, con excepción de Hawái y Alaska.
Esta precariedad energética constituye una carga adicional en una isla donde el 40% de la población vive en niveles de pobreza y existe una crisis de acceso a vivienda asequible, en parte por la llegada de residentes adinerados.
El producto nacional bruto real aún está por debajo de los niveles de 2016 y se espera que vuelva a reducirse este año, a pesar de la inyección de $120 mil millones en ayuda federal para la reconstrucción.
Queda pendiente la deuda de casi $9,000 millones de la AEE, pese a los seis años de negociaciones. Pero mientras eso se resuelve, el sector pudiente mitiga los aumentos en las tarifas de la luz instalando sistemas solares, que están fuera del alcance de la mayoría de los residentes de la isla, donde el ingreso promedio alcanza los $22,000. Si bien los más pobres pueden ser elegibles para los subsidios, eso deja a la clase media y a las empresas con la peor parte de cualquier nuevo aumento.
Más de 5,000 personas se han mudado a Puerto Rico desde 2012 para aprovechar los incentivos que ofrece Ley 22 – ahora Ley 60. Bajo este programa “los recién llegados” no pagan impuestos federales sobre los ingresos ni sobre ingresos por dividendos, intereses y ganancias de capital, lo que los hace populares entre inversionistas y poseedores de criptomonedas.
Pero los que ya viven en PE ERRE no son elegibles para estos beneficios. Esto ha provocado mayor tensión entre los locales y los ricos que llegan a beneficiarse del paraíso fiscal.
