Lejos del ojo público y en medio del debate contrato de LUMA Energy, la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) estrenó dos nuevos miembros como representantes del interés público: Eduardo Ferrer Ríos y Liza Ortiz Camacho.
Nadie informó las designaciones, pese a su relevancia. Sin los representantes del interés público, la AAPP no puede tomar acuerdos, según la Ley 29 de 2009 o Ley de Alianzas Público Privadas. Además, la Ley 20 de 2018 o Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico estipula “que cualquier transacción de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) que no involucre la venta de activos de la AEE” requiere el voto afirmativo de ambos representantes del interés público.
Este medio digital se comunicó con Ortiz Camacho, pero la abogada indicó que no emitiría comentarios sobre sus funciones porque todavía se estaba familiarizando con sus nuevas obligaciones y los asuntos de la Junta. El licenciado Ferrer Ríos no respondió llamadas a su celular.
Los nuevos representantes del interés público son abogados y tienen vínculos estrechos con el Partido Popular Democrático (PPD), cuya mayoría desde la Cámara de Representantes procura fiscalizar el polémico contrato. Dicho cuerpo demandó al operador privado para que divulgue información relacionada a su plantilla y a las operaciones que administra desde el 1 de junio pasado. Mediante una alianza público privada, la AAE cedió a LUMA Energy el sistema de distribución y transmisión eléctrico y otras áreas administrativas de la corporación pública.
Pese a que la operación se financia con fondos públicos, el consorcio canadiense se resiste a entregar la información a la Cámara. La semana pasada entregó por escrito información al Congreso de Estado Unidos ante la amenaza de la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez de que retendría las asignaciones federales para la reconstrucción de la red eléctrica.
Ferrer Ríos, quien ocupó el cargo de representante por Acumulación brevemente en el 2013 y es hermano del fenecido expresidente de la Pava Héctor Ferrer Ríos, inició su término de cuatro años el 12 de abril de 2021, según información que ofreció la AAPP. Ortiz Camacho, quien ocupó el cargo de directora de campaña del entonces candidato a la gobernación David Bernier, arrancó su término el 27 de agosto.
Ambas designaciones se extienden por un término de cuatro años.
El Artículo 5 de la Ley 29 del 2009 o Ley de Alianzas Público Privadas establece que los presidentes o Presidentas del Senado y de la Cámara de Representantes presentarán una terna de candidatos al Gobernador o Gobernadora para escoja a los representantes del interés público de ese listado.
En ese caso, de acuerdo a la información que ofreció la AAPP, la designación de Ferrer Ríos surgió de la terna sometida al gobernador Pedro Piuerluisi Urrutia por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago. El nombramiento de Ortiz Camacho salió de la terna sometida por el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.
La Junta de Directores de la AAPP cuenta con cinco miembros: el secretario de Estado y director ejecutivo de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero Díaz, quien preside del cuerpo; el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, el presidente de la Junta de Planificación, Manuel Hidalgo Rivera y dos miembros del interés público. El licenciado Fermín Fontanés Gómez ocupa el cargo de director ejecutivo de la AAPP.
“La Autoridad, con la asistencia de la Entidad Gubernamental Participante y la AAFAF, supervisará el desempeño y cumplimiento del Contratante bajo el Contrato de Alianza. A esos efectos, la Autoridad rendirá al Gobernador o Gobernadora de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa, un informe anual sobre el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento por los Contratantes con los Contratos de Alianza vigentes, así como un plan de trabajo para la supervisión del año subsiguiente”, reza la Ley.
La portavoz de prensa de la AAPP no respondió cuándo corresponde someter ese informe al Gobernador y a los líderes legislativos, que debería contener detalles del proceso de fiscalización del contrato de LUMA, entre otros acuerdos de privatización.
