El Departamento de Justicia deberá notificar esta semana al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) si el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, cometió delitos, violaciones éticas o administrativas tras ser referido a esa dependencia en abril pasado por la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central, presidida por la representante Estrella Martínez.
El referido sucedió tras el propio Machargo admitir durante una vista pública que sostuvo una reunión en verano del 2020, en una residencia privada, con el exalcalde de Santa Isabel Enrique ‘Quique’ Questell y en la que estuvo presente Jorge Dávila, otrora Director de Turismo y exdirector de campaña de la excandidata primarista a la Gobernación por el Partido Nuevo progresista (PNP) y entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced, para dilucidar asuntos correspondientes a una querella en su contra.
Transan querella de ’16 antes de salir informe
A pesar de que la querella llevaba cuatro años viva, este medio supo que días antes de que cumpla el segundo plazo de 90 días para entregar el informe de Justicia al PFEI, la querella se encontraba a punto de transarse y que las partes querelladas serían sancionadas con una multa. Aunque hasta la semana pasada faltaba la firma del Subsecretario del DRNA en el proyecto de Resolución, fuentes en el sureste aseguraron que el acuerdo contempla reforestación de plantas marinas y la remoción de una verja en zona marítimo-terrestre para dar acceso al mar.
En aquella querella de 2016, con número 16-097-ZMT, los denunciantes aseguran que Questel realizó una construcción ilegal en la zona-marítimo terrestre de Santa Isabel, bloqueando el acceso al mar en el Sector Playa de ese municipio. La misma alude a una verja en zona marítimo-terrestre en el predio de la finca 1009, terreno que pertenece a la corporación Aquamak, Corp. Esta entidad aparece en el registro de corporaciones de Puerto Rico inscrita el 17 de diciembre de 1984 y posiciona a Enrique Questell como tesorero y presidente, y a Eileen Questell, actual directora de la oficina de licenciamiento de cannabis, como agente residente.
En entrevista con este portal de noticias, la representante Martínez señaló que está “en espera que nos digan cuál fue el proceso y qué determinaron”. Recordó que la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central también refirió a Machargo a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Dijo que desconoce si Justicia también haría señalamientos a Questel, a Dávila o a ambos.
“Ellos alegan que Acuamak compró esos terrenos en el ’85, pero, según nuestra investigación, se fueron apoderando y agrupando de los terrenos cuando él era alcalde”, indicó la representante Martínez.
Martínez aludió también a que hay documentación correspondientes a estos terrenos que no aparecen en el Municipio y que querellas anteriores en su contra por este asunto “siempre se las archivaban”. La Comisión, indicó Martínez, busca entender si era “un modus operandi el que se reuniera de esta forma con secretarios” para resolver estos asuntos.
Martínez recordó que durante la vista en la que la Comisión citó a Machargo “hicimos un requerimiento solicitando que nos dijera con quien él fue a esa reunión y él no se acordaba”.
“Se contradijo, primero diciendo que la reunión había sido en las oficinas del DRNA en San Juan, y le pedimos las bitácoras de esos días, porque cuando uno entra a las oficinas de la agencia lo ponen en récord. No se acordaba del día, ni de quienes lo acompañaron, ni de las personas que visitaron la agencia en aquel momento, aunque sí que fue entre julio y agosto. Luego dijo que fue en Santa Isabel, en una residencia privada. Ahí el se empezó a contradecir”, además que aceptó que hubo un cabildero envuelto, según señaló Martínez, en alusión a Dávila.
Martínez puntualizó que en ese sector “hay una rampa para pescadores, unos muelles y una placita y todo está muy deteriorado”. Recordó que a pesar de habérsele requerido usar fondos públicos para rehabilitar la zona, “nunca la arregló para la comunidad y para los pescadores”, por lo que la Comisión teme que “quisiera dejarlo deteriorar”. Subrayó que en esos predios Acuamak tiene “una carreterita, que es la que entra a ese predio y los terrenos, tienen un acuario, una marina donde guardan botes y un salón de actividades, básicamente lo que ellos tienen allí es un negocio en terrenos dónde aún no tenemos claro lo de la titularidad, que pensamos que pertenece al pueblo”.
“Pudiese entender que ha abusado de su poder, porque no aparece documentanción de que es del Municipio, aún cuando algo tiene que haber sobre el alumbrado o las otras utilidades. ¿Por qué desapareció esa documentación? No hay expediente que diga que es del Municipio, no hay expediente de esos predios y alcaldes anteriores han declarado en otras investigaciones parecidas que sí había documentación”, puntualizó Martínez.
En una vista ejecutiva de esa Comisión, Martínez indicó que citaron a una funcionaria, cuyo nombre no reveló, aunque señaló “que lleva muchos años ahí, que ha trabajado el CRIM (Centro de Recaudación de ingresos Municipales) municipal”.
Así las cosas, el representante Héctor Ferrer, hijo, quien fue uno de los legisladores de la comisión que hizo el referido a Justicia, señaló que entiende que aquí pudiesen aplicar violaciones a los artículos 261 del Código Penal, por influencia indebida. Ese artículo señala que “toda persona que obtenga o trate de obtener de otra cualquier beneficio al asegurar o pretender que se halla en aptitud de influir en cualquier forma en la conducta de un funcionario o empleado público en lo que respecta al ejercicio de sus funciones, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años”.
Además, el también abogado indicó que pudiese también aplicar el artículo 254 del Código Penal, por intervención indebida en las operaciones gubernamentales. Este artículo apunta a que “toda persona que intervenga sin autoridad de ley o indebidamente en la realización de un contrato, en un proceso de subasta o negociación o en cualquier otra operación del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el propósito de beneficiarse o beneficiar a un tercero, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona obtiene el beneficio perseguido, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años”.
Mientras, resaltó, que de la Ley de Ética Gubernamental del 2011 pudiesen aplicarse varios incisos del artículo 4.2. sobre prohibiciones éticas de carácter general.
El martes pasado, la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central canceló una vista sobre la Resolución de la Cámara 260, que ordena realizar una investigación abarcadora sobre la titularidad de la rampa de acceso al mar para pescadores y otros activos del Sector Playa de Santa Isabel, asunto que también corresponde a la querella de 2016 con número 16-097-ZMT. Martínez no descarta que la fecha para esta vista sea la semana entrante. Si seguimos por el libro las fechas para que se presente el informe de Justicia ante el PFEI, el mismo debería salir este lunes 4 de octubre, cuando se vence el segundo período de 90 días estipulado por ley.
