💵 El Seguro Social subirá un 2.8% en 2026, equivalente a más de $56 adicionales al mes para los jubilados. 📆 Beneficiarios del Seguro Social recibirán el aumento en enero de 2026; quienes reciben Ingreso Suplementario de Seguridad, a partir del 31 de diciembre de 2025. ⚖️ El ajuste se cubre con impuestos sobre la nómina, aplicables hasta un salario anual de $184,500 en 2026. 🛡️ El aumento busca mantener la seguridad económica de los beneficiarios, reflejando las realidades económicas actuales, aunque no soluciona todos los retos financieros. Fuente: El Nuevo Día

📈 El Índice de Precios al Consumidor (CPI) en Estados Unidos mostró que los precios subieron a un ritmo más lento de lo esperado en septiembre, pero alcanzó 3%, su nivel más alto desde enero. 🛒 Los precios al consumidor subieron 0.3% en septiembre, aumentando la tasa anual de 2.9% a 3%. 🏛️ El informe se retrasó por el cierre parcial del gobierno, y la Casa Blanca tuvo que llamar a unos 100 empleados del BLS para publicarlo. Este dato es clave para calcular el ajuste de la Seguridad Social. 💰 La falta de información reciente complica las decisiones de la Reserva Federal, que podría recortar nuevamente las tasas de interés para proteger el mercado laboral. 🇵🇷 ¿Cómo te has visto afectado tú en Puerto Rico? Fuente: CNN | Axios

🇮🇳🇺🇸 El presidente Trump duplicó los aranceles a India al 50%, en represalia por sus compras de petróleo a Rusia. 📜 La orden ejecutiva incluye un período de gracia de 21 días, dando tiempo para que India (y Rusia) negocien antes que entren en vigor. ⛽ India criticó la movida, señalando que tanto EE. UU. como la UE siguen comprando crudo ruso, por lo que considera los aranceles “inapropiados”. 🤝 Esta tensión pone a prueba una de las alianzas más estables de EE. UU. en Asia y complica aún más el panorama geopolítico global. Fuente: Axios

🇵🇷 Jorge Pérez, actual gerente regional de ASM Global, asumirá como principal oficial ejecutivo (CEO) de Discover Puerto Rico, entidad encargada de promover la Isla como destino turístico. 🏟️ Pérez administra actualmente el Centro de Convenciones, Coca-Cola Music Hall y el Coliseo de Puerto Rico. Su trayectoria en eventos y turismo fue clave para su selección. 👋 El cargo estuvo vacante desde febrero, tras la salida de Brad Dean, quien estuvo siete años en el puesto y ahora lidera el DMO de St. Louis. 💬 Voces como Christian Rivera (paradores) y Clarissa Jiménez (hoteles) celebraron el nombramiento. Destacan su conocimiento local, dominio del español y experiencia en mercadeo turístico. 📈 Discover Puerto Rico también anunciará pronto a su nuevo Chief Marketing Officer (CMO), completando así su equipo de liderazgo en un momento crucial para el turismo en la Isla. Fuente: El Vocero

🪑 La silla que representa a los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE y la AAA lleva vacía desde marzo de 2024... ¡y nadie ha hecho nada! 📭 El Ombudsman dice que no tiene chavos para correr el proceso de elección, y aunque ha escrito a dos gobernadores y al Capitolio, nadie le ha contestado. 💸 El Negociado de Energía dio algo de fondos, pero no es suficiente. Y mientras tanto, los consumidores no tienen voz ni voto en decisiones claves sobre electricidad y agua. ⚡💧Para muchos expertos, esto es grave porque son servicios esenciales y esa silla es clave para vigilar lo que se hace y decirle al pueblo qué está pasando. 📉En arroz y habichuelas: los abonados están en el limbo, sin representación en un momento crítico. 💢¿Crees que esto es negligencia o simplemente no les importa lo que le pase al consumidor? Fuente: El Vocero

🏨💸 Los hoteles Palmas de Lucía, Lucía Beach y Costa del Mar fueron puestos en venta por la empresa Condado 6 que los ejecutó. ⚖️ La empresa que se quedó con los hoteles compró la cartera de préstamos del Banco de Desarrollo Económico a precio de pescao’ abombao. El antiguo dueño, Juan López, intentó negociar el pago de los préstamos pero no le aceptaron la oferta. 🚫 Los hoteles están abandonados, sucios y vandalizados. Hay piscinas verdes, puertas rotas y falta de mantenimiento. Además, hay problemas con los terrenos de estacionamiento. 💬 El antiguo dueño no cree que los puedan vender rápido porque hace falta mucho dinero para ponerlos a funcionar otra vez. Fuente: El Nuevo Día

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, junto al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP), Fermín Fontanés y el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González, anunciaron hoy la selección de Abertis (Metropistas) para las mejoras, financiamiento, operación y mantenimiento de las carreteras de peaje PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66, como anticipó Cuarto Poder (WAPA-TV). Se trata de un Acuerdo de Alianza Público-Privada (APP) entre la ACT y Abertis por un término de 40 años. Esta concesión contempla un pago inicial de $2,850 millones a la ACT que le permitirá cubrir el pago de su deuda y una inversión de capital privado de sobre $2,370 millones para modernizar y mejorar la infraestructura, calidad y seguridad de las carreteras de peaje en la Isla. Esta concesión representará la creación de sobre 1,000 empleos directos e indirectos. La selección de Abertis es el resultado de un riguroso proceso de licitación que comenzó en el 2022 con el objetivo de proporcionar a Puerto Rico un sistema de carreteras confiable, en buen estado y seguro para los conductores, que a la vez apoye el crecimiento y desarrollo económico de la Isla. Esto, mediante el mecanismo de una APP que también permitiera mejorar la certeza presupuestaria y fiscal de la ACT, de conformidad con el plan fiscal certificado de la corporación pública. “Mi compromiso y el de mi administración con la reconstrucción y modernización de nuestra infraestructura son conocidos por todos. La renovación de nuestro entorno físico va viento en popa, la cual incluye el desarrollo, construcción, mantenimiento y expansión de proyectos de obra permanente de carreteras, de la red eléctrica, del sistema de acueductos y alcantarillados, y en nuestras escuelas, así como proyectos de vivienda digna para nuestra gente, sobre todo para quienes más lo necesitan. Es por eso que hoy anunciamos este importante paso de avance para el mejoramiento de nuestras autopistas de peaje a través de toda la Isla. Luego de un riguroso y competitivo proceso de estudio, licitación y análisis, el Gobierno de Puerto Rico ha seleccionado a la empresa Abertis para que lleve a cabo el financiamiento, reparación, diseño, construcción, mantenimiento y operación de las autopistas de peaje PR-52, Autopista Luis A. Ferré; la PR-5, Autopista José Celso Barbosa; la PR-66, Autopista Roberto Sánchez Vilella y la PR-20, Expreso Rafael Martínez Nadal bajo un Acuerdo de Alianza Público-Privada con la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico al amparo de la Ley 29 de 2009”, informó el gobernador Pierluisi. Por su parte, el director ejecutivo de la ACT, Edwin González, explicó que “en conjunto con la AAPP, nos dimos a la tarea de buscar soluciones para mejorar los estándares de seguridad, los niveles de servicio y la calidad de la infraestructura en las autopistas de peaje y para atender la deuda existente de la ACT. Luego de un estudio exhaustivo concluimos que la mejor solución era establecer una Alianza Público-Privada con un operador de experiencia probada con la capacidad financiera necesaria para alcanzar nuestros objetivos”. Como parte del proceso que establece la Ley de Alianzas Publico-Privadas (Ley 29-2009), la AAPP llevó a cabo un Estudio de Deseabilidad y Conveniencia. El mismo analizó diversas opciones para atender la situación de las carreteras de peaje con el objetivo de mejorar la situación presupuestaria y fiscal de la ACT, modernizar y mejorar la infraestructura existente, mejorar la movilidad, accesibilidad y seguridad de los usuarios, mejorar el desempeño operacional, aumentar las oportunidades de ingresos mediante la reducción de pérdidas, obtener un mejor alineamiento entre ingresos y gastos y acelerar las mejoras a las carreteras de peaje. El Estudio de Deseabilidad y Conveniencia concluyó que una APP que abarque las cuatro carreteras de peaje, que actualmente están bajo la ACT, es el mecanismo más adecuado para el proyecto. La razón es porque viabiliza de la manera más rápida y eficiente la inversión de capital privado necesario para elevar dichas vías a estándares de clase mundial en beneficio de todos los usuarios. Por su parte, el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés, expresó que “la selección de Abertis es la culminación de un proceso extenso, competitivo y transparente de cerca de 19 meses que conllevó un riguroso estudio de varias opciones para lograr los objetivos del proyecto dentro de las limitaciones fiscales de la ACT. Hoy formalizamos una vía para ejecutar las mejoras que necesita nuestra infraestructura, a manos de un privado que tiene no solo un amplio peritaje en la operación de autopistas a nivel global, sino que tiene amplia experiencia proveyendo un producto y un servicio de excelencia aquí en Puerto Rico”. Puerto Rico TollRoads, LLC, que es una subsidiaria de Abertis Infraestructuras S.A., será la entidad que firmará el contrato de APP y operará en la Isla bajo Metropistas. Abertis es una empresa multinacional dedicada a la gestión de infraestructuras de transportación vial alrededor del mundo. Actualmente, la empresa opera y administra las carreteras de peaje PR-22 y PR-5 y el puente de peaje Teodoro Moscoso. Por años, la Autoridad de Carreteras ha enfrentado retos administrativos, operacionales y fiscales, incluyendo la deuda, restricciones de financiamiento y presupuestos reducidos, que le han dificultado llevar a cabo una planificación efectiva de las carreteras de peaje, mantenerlas en buen estado y proveer una red vial confiable. Esto ha resultado en infraestructuras viales viejas y en deterioro, que no están a la par con los estándares operacionales de la industria de carreteras y autopistas. Esta nueva concesión, así como la ya existente para las carreteras PR-22 y la PR-5, serán supervisadas por la ACT, específicamente por la Oficina de Administración de Servicio y Concesión (Concession & Service Management Office) que surge bajo la nueva estructura organizacional de la ACT. Abertis, compañía matriz de Metropistas, es líder mundial en la gestión de infraestructuras de transportación vial, incluyendo la operación y mantenimiento de unas 21,000 millas/carril de autopistas a través de 34 concesiones en 15 países, incluyendo destinos como Brasil, Chile, Francia, México, India, Italia y España. Por más de 20 años la empresa ha trabajado de la mano del Gobierno de Puerto Rico en el mejoramiento de las condiciones y la seguridad de la infraestructura vial de la Isla. Esta alianza ha redundado en una inversión de $425 millones de capital privado solamente en proyectos de mejoras capitales que, junto a otras contribuciones monetarias al Gobierno de Puerto Rico, ascienden a una inversión total en la Isla de aproximadamente $1,400 millones. “Durante los últimos 20 años, hemos tenido una reconocida trayectoria de compromiso con Puerto Rico, hemos trabajado como un socio estable de la administración y así permanecerá en esta nueva etapa con la gestión del resto de las autopistas de la Isla. En Puerto Rico, continuaremos maximizando esfuerzos para prestar un servicio basado en la excelencia través de una gestión eficiente y de calidad que redunde en beneficio para todos los puertorriqueños. Bajo el marco de transparencia que provee la ley, hoy por hoy podemos decir que estamos preparados para, con el mismo afán y compromiso, poner en marcha este nuevo e ilusionante proyecto en Puerto Rico”, dijo el consejero delegado de Abertis, compañía de matriz de Metropistas, José Aljaro. Por su parte, Julián Fernández Rodes, principal oficial ejecutivo de Metropistas, indicó que “el éxito de Metropistas en la gestión de las autopistas PR-22 y PR-5, al igual que el Puente Teodoro Moscoso, incluyen la reducción de 75 por ciento en la incidencia de accidentes fatales en nuestras autopistas. Esto gracias a toda nuestra fuerza laboral boricua que incluye excelentes recursos que anteriormente laboraban en la Autoridad de Carreteras y que se integraron a Metropistas, así como un sinnúmero de contratistas, suplidores, consultores, ingenieros y otros profesionales locales. Juntos hemos enfrentado grandes retos como han sido los huracanes, terremotos y pandemia, y hemos logrado sobrellevarlos excediendo todos los indicadores de cumplimiento contenidos en nuestro contrato de concesión. Estoy seguro de que ahora haremos lo propio en todas las autopistas de peaje de la Isla”. Finalmente, el gobernador Pierluisi destacó que “con esta transacción seguimos cumpliendo con nuestro compromiso de trabajar para un verdadero desarrollo económico y demostrar cambios reales y permanentes. Hoy, además de saldar la deuda de la Autoridad de Carreteras, damos otro paso hacia la transformación de infraestructura crítica de la Isla para dar a los puertorriqueños y las puertorriqueñas unas carreteras en condiciones óptimas, seguras y confiables, lo que es nuestra más alta prioridad”.

Ante cuestionamientos a su petición inicial, LUMA Energy le recortó un centavo a su petición de aumento de la luz. Hace dos semanas, el consorcio privado solicitó al Negociado de Energía un ajuste de 4.25 centavos por kilovatio hora, pero ahora recogió vela y pide 3.25 centavos de aumento para la factura de los clientes residenciales y de pequeños negocios. El alza para los clientes comerciales e industriales ahora sería de 3.96 centavos kilovatio hora, según la moción sometida esta tarde por la licenciada Margarita Mercado Echegaray del bufete DLA Piper. El consorcio canadiense, que opera la red eléctrica, había argumentado que la petición de aumento recogía un incremento en el costo del combustible. Según su justificación, el costo del combustible subió un 20% más de lo esperado en los meses de julio y agosto. Alegó también que el precio internacional del petróleo aumentó más de un 28% durante los meses del verano. En agosto, el consorcio canadiense realizó una solicitud similar al Negociado, sin embargo el ente regulador no le dio paso. De concederse el ajuste por compra de combustible y energía, entraría en vigor el 1 de octubre. La petición de aumento cayó como un balde de agua fría porque continúan los apagones diarios debido a fallas en el sistema de transmisión y de generación. Queda pendiente un aumento fijo en la factura de la luz para pagar la deuda de la AEE.

El trámite para privatizar las cuatro autopistas, que todavía administra el Gobierno, está en la etapa final, se limitó a decir la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), mientras que fuentes de Cuarto Poder (WAPA-TV) aseguran que la decisión ya está tomada. A finales del 2022, la AAPP informó que las empresas Abertis Infraestructuras S.A., Concesionario Nuevo Puerto Rico -un consorcio formado por Plenary Americas US Holdings, Inc. y Shikun & Binui Concessions USA, Inc., y Vías de Puerto Rico, otro consorcio compuesto por Sacyr Infrastructure USA LLC y TKO Core Infrastructure Fund LP, un fondo de inversión que se formará y será manejado por Star America Infrastructure Partners LLC- habían completado el proceso de cualificación para participar en la licitación por la operación y administración de las autopistas PR-52 (Luis A. Ferré), PR-66 (Roberto Sánchez Vilella), PR-20 (Rafael Martínez Nadal) y PR-53 (José Celso Barbosa). En declaraciones escritas, el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés Gómez, indicó que "el Proyecto de Monetización de Carreteras de Peaje de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) continúa en curso. En este momento, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) está en la etapa de negociaciones finales y aprobaciones pertinentes". El proceso de consulta, evaluación y adjudicación se mantiene confidencial de acuerdo a la Ley de Alianzas Público-Privadas o Ley Núm. 29-2009. "Una vez culminado dicho proceso, la AAPP dará a conocer la selección final, y hará pública y disponible esta información", indicó Fontanés Gómez. Fuentes de Cuarto Poder apuntan a que Abertis sería el contratista seleccionado para administrar las cuatro autopistas, que en 2021 generaron ingresos anuales que superaron los $140 millones. Esto significa que Abertis controlaría la mayoría de las autopistas en Puerto Rico ya que es el accionista principal de Metropistas, que ya opera la PR-22 y la PR-5. También opera el puente Teodoro Moscoso. Al salir del cargo, Luis Fortuño Burset fue parte de la Junta de Directores de Abertis luego de que su administración le cedió la administración de la PR-22 y la PR-5, un contrato de concesión que su sucesor Alejandro García Padilla extendió hasta 2061 a cambio de $116 millones. La privatización de las autopistas forma parte de la política pública de la Junta de Control Fiscal, que aprobó la llamada reforma del sistema de transportación del Puerto Rico como parte del plan fiscal certificado de la Autoridad de Carreteras y Transportación. Ese plan fiscal contempla un alza de 8.3% en las tarifas de los peajes por los próximos tres años. El mes pasado, el medio español El Economista reveló que Abertis y Sacyr se vería las caras "en uno de los grandes procesos de privatización de autopistas que hay en marcha en el mundo" por una operación que se valoraba en más de 2,000 millones de euros ($2,120 millones).

La Junta de Control Fiscal (JCF) se opone a la propuesta de alivio contributivo que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia presentó el jueves pasado porque subestima el impacto que tendría en los ingresos del fisco, aunque mostró apertura para trabajar con la medida y lograr que cumpla con los criterios del ente fiscal. "La Junta de Supervisión ha estado en conversaciones con el Gobernador y su equipo de trabajo sobre el impacto que la propuesta de rebaja en impuestos tendría en la situación fiscal actual y futura de Puerto Rico. Nuestro análisis apunta a un costo mucho mayor que las estimaciones actuales del Ejecutivo", indicó la Junta en declaraciones escritas a través de su portavoz de prensa Sylvette Santiago. La pieza legislativa propone bajar la tasa de tributación de 25% al ​​22% para quienes ganan entre $41,501 y $61,500; de 33% a 22% para aquellos con ingresos entre $61,501 y de 33% a 30% para aquellas que ganan entre $81,501 y $300,000. También extiende ciertos beneficios de la Ley 22 para inversionistas extranjeros - y que ahora forma parte del parte del Código de Incentivos- a inversionistas locales como la exención sobre el ingreso de dividendos, intereses y ganancias de capital por compraventa de valores y negocios. Según el Ejecutivo esta reforma tendría un "costo neto o dinámico" de $194 millones, un estimado que la Junta no comparte. "Cualquier potencial reforma tributaria debe ser fiscalmente responsable, lo que significa que no puede perder ingresos en el proceso. Por lo tanto, cualquier reforma tributaria o iniciativa de ley contributiva debe ser neutral en términos de ingresos. Además, cualquier reforma tributaria debe reducir la complejidad del sistema tributario actual, trabajar para atraer nuevas inversiones sin afectar a las empresas locales e incentivar a las empresas de Puerto Rico a expandirse y contratar", apuntó la Junta, que durante los últimos siete años ha gastado más de $1,500 millones en servicios de asesoría y consultoría asociados a la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. "Puerto Rico necesita un sistema tributario más justo y efectivo, y la Junta de Supervisión continuará trabajando con el Gobernador y la Legislatura hacia una reforma contributiva verdaderamente integral que pueda contribuir a la competitividad de Puerto Rico como un elemento esencial de su desarrollo económico", agregó. El viernes pasado, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, reveló en el programa Los datos son los datos (WAPA-TV) que la pieza legislativa no contaba con la bendición del ente fiscal encargado de vigilar la finanzas públicas. Esta es la segunda propuesta que presenta el Ejecutivo. La legislatura controlada por el Partido Popular Democrático derrotó la primera versión presentada en febrero pasado.

La propuesta de alivio contributivo que ayer presentó el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia no cuenta con la bendición de la Junta de Control Fiscal (JCF), que rechaza toda medida que saque dinero de la alcancía gubernamental. El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, explicó esta tarde en el programa Los datos son los datos (WAPA-TV) que ha sostenido sesiones de diálogo con la jefatura del ente fiscal, pero "al momento no han expresado su sentir sobre esta nueva versión". "Sabemos que hay unos retos porque la Junta está solicitando en su plan fiscal que cualquier cambio contributivo sea 'revenue neutral', que significa que se debe compensar con otra fuente de ingreso. Nuestra posición es que los estados financieros no solo están para emitirse sino para leerse y en una simple lectura de los estados financieros se sabría que el gobierno tiene la capacidad de absorber este impacto sin lugar a duda", agregó el funcionario. Para atender esa preocupación, según el funcionario, esta versión mejorada de la pieza legislativa contiene un lenguaje de responsabilidad fiscal que requiere que el Comité de Deuda Pública del Fondo General, compuesto por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Oficina de Gerencia y Presupuesto y Hacienda, evalúe periódicamente la situación fiscal para determinar si es necesario cortar gastos. Luego que la legislatura, controlada por el Partido Popular Democrático, derrotó la primera versión de la reforma contributiva presentada por el Ejecutivo, ayer el mandatario presentó una segunda versión, que asegura viene acompañada de alivios contributivos para personas y corporaciones que suman $472 millones e incorpora las recomendaciones de la oposición. "En esencia el llamado jamón del sándwich, a nivel del individuo, reflejaría una reducción de casi 200 millones en su carga contributiva, complementando lo que ya fue el crédito por trabajo", indicó Parés Alicea a preguntas de Jay Fonseca. De aprobarse esta medida con el visto bueno de la Junta en o antes del 31 de octubre, los cambios se reflejarían en la planilla de contribución de ingresos del 2024. "No creo que haya controversia a nivel legislativo. Aquí el reto grande va a ser convencer a la Junta de Supervisión Fiscal en este proceso. Ojalá haya apertura al diálogo, pero no me cabe la menor duda que si la rama Legislativa y la rama Ejecutiva encuentran ese camino de consenso vamos a tener mejor preponderancia a poder convencer a la Junta en un proceso de reforma", apuntaló Parés Alicea.

Existen dos Puerto Rico: uno para los ricos inversionistas que gozan de la buena vida en esta isla caribeña y otro para los residentes que bregan a diario con apagones y estiran el dólar para sobrevivir en este archipiélago, que todavía tiene pendiente la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Esta es la realidad que recoge un artículo publicado hoy por el portal de temas de negocios Bloomberg bajo el título "Hedge Fund Paradise Hides Puerto Rico’s Crisis In the Making" o "El paraíso de los inversionistas oculta la crisis en ciernes en Puerto Rico". La reseña periodística no dice nada nuevo para las mujeres y hombres que habitan en PE ERRE, pero resume con lujo de detalles la fragilidad del sistema eléctrico y cuestiona la recuperación del país, que tanto cacarean los políticos y el gobierno. De entrada, la extensa crónica menciona como la realidad en "ciertos círculos", donde proliferan los hoteles y restaurantes lujosos, crea un espejismo que se agrieta con el sonido de los generadores eléctricos, que a su vez sirven de barrera física y simbólica entre los dos Puerto Rico. El contexto: Ya el sistema eléctrico estaba deteriorado y quebrado cuando María azotó en el 2017. A pesar de la privatización de la AEE, continúan los apagones. Además, PR tiene la electricidad más cara de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos, con excepción de Hawái y Alaska. Esta precariedad energética constituye una carga adicional en una isla donde el 40% de la población vive en niveles de pobreza y existe una crisis de acceso a vivienda asequible, en parte por la llegada de residentes adinerados. El producto nacional bruto real aún está por debajo de los niveles de 2016 y se espera que vuelva a reducirse este año, a pesar de la inyección de $120 mil millones en ayuda federal para la reconstrucción. Queda pendiente la deuda de casi $9,000 millones de la AEE, pese a los seis años de negociaciones. Pero mientras eso se resuelve, el sector pudiente mitiga los aumentos en las tarifas de la luz instalando sistemas solares, que están fuera del alcance de la mayoría de los residentes de la isla, donde el ingreso promedio alcanza los $22,000. Si bien los más pobres pueden ser elegibles para los subsidios, eso deja a la clase media y a las empresas con la peor parte de cualquier nuevo aumento. Más de 5,000 personas se han mudado a Puerto Rico desde 2012 para aprovechar los incentivos que ofrece Ley 22 - ahora Ley 60. Bajo este programa "los recién llegados" no pagan impuestos federales sobre los ingresos ni sobre ingresos por dividendos, intereses y ganancias de capital, lo que los hace populares entre inversionistas y poseedores de criptomonedas. Pero los que ya viven en PE ERRE no son elegibles para estos beneficios. Esto ha provocado mayor tensión entre los locales y los ricos que llegan a beneficiarse del paraíso fiscal.

Banco Popular se unió a la lista de víctimas de los ataques cibernéticos de MOVEit luego de que los datos personales de 82,217 clientes fueran expuestos a través del proveedor externo PricewaterhouseCoopers (PwC), informó Cybernews.com, un portal especializado en asuntos de privacidad y seguridad online. Ya la institución bancaria notificó a los clientes afectados que su información personal se vio comprometida debido a una brecha de seguridad cibernética. La información personal en riesgo incluye nombres, números de seguro social, números de préstamos hipotecarios y otros datos relacionados al proceso de financiamiento. Según Cybernews.com, un aviso presentado ante el Fiscal General de Maine consignó que la brecha de seguridad ocurrió el 24 de julio y que se descubrió el mismo día. El banco también informó a los clientes afectados que usaba los servicios de firmas de auditoría y contabilidad como PwC porque es una empresa que cotiza en bolsa. “El incidente involucró la aplicación MOVEit, que PwC utilizaba para la transferencia de archivos de sus clientes, incluyendo Banco Popular de Puerto Rico”, indicó el banco en una comunicación escrita enviada a Cuarto Poder (WAPA-TV) confirmando la situación. Aseguró también que las redes y los sistemas de Banco Popular de Puerto Rico no fueron impactados por este incidente. "Al conocer del incidente, PwC inmediatamente llevó a cabo una investigación exhaustiva y cesó de usar la aplicación de transferencia de archivos impactada. Como resultado de esta investigación, se encontró que algunos de los archivos comprometidos contenían información personal de alguno de nuestros clientes", apuntó la institución bancaria. "Notificamos por correo a los clientes afectados y se ha coordinado una suscripción a un servicio gratuito de monitoreo de crédito por un término de dos años con la compañía Equifax. Si algún cliente identifica cualquier actividad inusual o sospechosa, favor de comunicarse al (787) 771-6530 o a la línea libre de cargos al 1-855-220-2201", añadió.

Como parte del proceso de implementación de la Tarifa Permanente de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), el Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico (NEPR) aprobó varias cláusulas de ajuste diseñadas para recuperar los costos asociados al combustible, compra de energía, Contribución en Lugar de Impuestos (CELl) y otros subsidios, según publicado hoy en la Resolución y Orden NEPR-MI-2020-0001. Estas cláusulas de ajuste son: Cláusula de Ajuste por Compra de Combustible (FCA, por sus siglas en inglés); Cláusula de Ajuste por Compra de Energía (PPCA, por sus siglas en inglés); Cláusula de Subsidio de Combustible (FOS" por sus siglas en inglés); Cláusula de Ajuste de Costo de la CELl (CILTA, por sus siglas en inglés); Cláusula de Subsidio de Interés Social (SUBA-HH, por sus siglas en inglés) y Cláusula de Demás Subvenciones (SUBA-NHH por sus siglas en inglés). “Luego de evaluar los documentos presentados por LUMA y por la AEE, el Negociado aprobó los factores a ser implementados como parte de la Tarifa Permanente de la Autoridad a partir de 1 de julio de 2023. Los factores trimestrales se quedan igual para el mes de julio, aunque los anuales tuvieron una leve baja”, expresó el presidente del NEPR, Edison Avilés Deliz. El NEPR ordenó a LUMA implementar los factores de las cláusulas de ajuste, según detallados en la Resolución y Orden. Así también, el Negociado de Energía toma conocimiento de la Moción de 29 de junio de la Autoridad, en la cual informa que desiste de las gestiones para obtener el desembolso de $34,550,469.97 que se hubiera acreditado a los consumidores y ordeno a Genera PR, LLC presentar su Plan de Ahorro de Combustible en o antes de las 12:00 p.m. del lunes, 10 de julio de 2023. El Negociado de Energía ordena a LUMA presentar, en o antes de las 12:00 p.m. del lunes, 17 de julio de 2023, los factores propuestos para las cláusulas FCA, PPCA y FOS, a estar en vigor del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2023, tomando en consideración la generación temporera contemplada en Palo Seco y San Juan y la cantidad de $61,379,713, correspondiente a los costos de combustible asociados al Huracán Fiona, así como la reconciliación correspondiente al mes de mayo de 2023 para dichas Cláusulas. También ordenó a LUMA a presentar, en o antes de las 12:00p.m. de lunes, 17 de julio de 2023, los factores propuestos para las cláusulas FCA, PPCA y FOS, a estar en vigor del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2023, tomando en consideración la generación temporera contemplada en Palo Seco y San Juan y la cantidad de $61,379,713,millones correspondientes a los costos de combustible asociados al Huracán Fiona, así como la reconciliación correspondiente al mes de mayo de 2023 para dichas cláusulas. Finalmente, el NEPR ordenó a LUMA presentar, en o antes de las 12:00p.m. de 31 de mayo de 2024, los factores propuestos para las cláusulas CILTA, SUBA-HH y SUBA-NHH que entrarán en vigor el 1 de julio de 2024, incluyendo las reconciliaciones propuestas para el periodo de 1 de mayo de 2023 a 30 de abril de 2024. En el documento, el NEPR advirtió a LUMA, GENERA y a la AEE que el incumplimiento con la presentación de la información requerida, según ordenada, se interpretará como una violación a las órdenes y podrá resultar en la imposición de multas administrativas de hasta $25 mil por día, por violación, así como cualquier otra sanción administrativa que el NEPR entienda necesaria, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Además, indicó que conforme surge de la Moción de LUMA de 29 de junio, mediante la carta fechada 28 de junio de 2023, el Gobierno de Puerto Rico está gestionando los $20,538,083 requeridos para los programas de eficiencia energética y respuesta a la demanda para el FY24 de fondos no relacionados a la tarifa eléctrica. Las cláusulas de ajuste de FCA, PPCA y FOS son calculadas sobre bases trimestrales, en cambio, las cláusulas de ajuste SUBA-HH, SUBA-NHH, CILTA y EE son calculadas anualmente. Para acceder a la orden y resolución, los interesados pueden visitar el portal oficial del NEPR energía.pr.gov o las redes sociales de la agencia en Facebook y Twitter.

Tras habérsele denegado dos propuestas de proyectos fílmicos, el cineasta puertorriqueño Álvaro Aponte Centeno, presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de San Juan, en el que denuncia falta de transparencia y “pericia” por parte de la Comisión de Cine de Puerto Rico (PRFC, por sus siglas en inglés) al evaluar las propuestas sometidas al Motion Picture and Video Industry in Puerto Rico Program, que cuenta con $74 millones de fondos federales destinados a incentivar el crecimiento de la industria cinematográfica del país. Aponte Centeno es reconocido por ser el primer puertorriqueño en ser seleccionado para formar parte de la residencia para proyectos cinematográficos en desarrollo que otorga el festival de cine más prestigioso del mundo: el Festival de Cine de Cannes, en Francia. Según explicó Aponte Centeno a Cuarto Poder, la Comisión, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) rechazó sus propuestas sin dar explicaciones de porqué estas no cumplían con los requisitos para ser aprobadas, aunque inicialmente sostuvieron reuniones con el cineasta en las que habían dado el visto bueno y auguraban que serían aprobadas. “El DDEC […] nunca contestó mis emails solicitando razones de porqué se me denegó el grant federal. No contestaron nunca al primer email por parte de los abogados, y contestaron varios días después del segundo email enviado por los abogados, donde nuevamente les solicitaron los expedientes de mis proyectos”, expuso el cineasta. Meses más tarde y a petición de los abogados de Aponte Centeno, la comisión envío un documento con una nota escrita a bolígrafo indicando que “luego de la discusión de las preguntas guías en el comité [evaluador], se determinó denegar esta propuesta, al analizar la totalidad de las circunstancias, su potencial de distribución, valor fílmico, etc.”. En la parte superior del documento se aprecian algunas de las preguntas guías relacionadas al alcance que tendría el proyecto fílmico, pero aparecen sin respuestas. “El DDEC ha estado rechazando muchos proyectos con el argumento [de] que ya se culminaron los fondos del grant federal, pero sin embargo no han terminado de evaluar proyectos, lo que quiere decir que los fondos no tienen nombre y apellido. No abrió una convocatoria con fecha de inicio y cierre. Abrió un fondo donde el primero que llega y propone recibe el grant”, sostuvo el director de cine. Aponte Centeno aseguró haber sometido toda la información requerida y más de lo solicitado, ante la demora que estaba tomando el proceso y criticó el que no se le requirieran otro tipo de detalles que considera importantes y que acostumbra a someter en convocatorias de cine. El también guionista, explicó que la agencia “no solicitó guion, notas de director, algún documento creativo que hable sobre la visualización del proyecto, biografías, resumes, CV, trabajos anteriores que muestran la capacidad de las personas proponentes… No solicitó nunca un documento que hable sobre un plan de distribución”. Cuarto Poder tuvo acceso a cartas de apoyo a sus proyectos por parte del Festival de Cannes, el festival de cine más importante a nivel internacional, certificando que una versión corta de uno de los dos proyectos rechazados por la PRCF fue seleccionada en 2019 para formar parte de una residencia artística de ese festival en la que participaron solo cinco directores de 200 solicitantes. Además de cartas de recomendación de cineastas de renombre internacional, como Rodrigo García, nominado a un premio Oscar e hijo del escritor Gabriel García Márquez, Cristian Mangiu, guionista y director ganador de la Palma de Oro en Cannes 2007 y quien también fungiría como productor de uno de los proyectos que sometió Aponte Centeno. Entre otras cartas de artistas locales como Jacobo Morales y Johanna Rosaly. Adicional a esto, sus proyectos cuentan con el aval económico de casas productoras como Ibermedia, dedicada a apoyar filmes que contribuyan al crecimiento de las industrias cinematográficas de países iberoamericanos. Pero en el argumento escrito a bolígrafo de la PCRF, señalan el “potencial de distribución” como una de las circunstancias analizadas para denegar el proyecto. En cuanto a la proveniencia de los fondos del Programa, se trata de $74 millones del Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Fund, que fueron asignados a la Comisión de Cine y que anteriormente otros cineastas habían denunciado a la prensa, falta de transparencia en el desembolso de estos dineros. El DDEC había expresado que la expectativa es beneficiar con estos fondos a más de 20 solicitantes, de los sobre 60 que solicitaron. Al momento, la agencia confirmó a Cuarto Poder que el Programa ha aprobado 19 proyectos que están pendientes a ser contratados. Mientras que otros 10 ya han sido contratados. Los proyectos que ya cuentan con contratos son: Alavett (Sofía Jirau) de la casa productora Kassia,LLC, Amor (La Repostería Production,LLC), Cinco Estrellas (NV Productions, LLC), El Arte de Venderle Hielo a un Esquimal (Cabeza, LLC), Hasta que la Celda nos Separe (La Celda, LLC), La Puerta (Twins Productions, LLC), Las 7 Pistas (Javi Production, Corp.) Los Mecánicos 2 (Arenas Studios, LLC), Trenzadas (Película Trenzadas, LLC Y Wilkins, La Leyenda (BDPR, Corp.). Según el DDEC, los proyectos aprobados suman cerca de $70 millones.

La farmacéutica Bristol-Myers Squibb cierra sus operaciones en Humacao, confirmaron fuentes de Cuarto Poder (WAPA-TV). El periódico El Vocero informó inicialmente el cierre, que podría provocar la pérdida de cientos de empleos y que responde, en parte, al alto costo energético, un asunto que mantiene en alerta a los empresarios locales ante la propuesta de un alza en la tarifa de la luz contenida en el Plan de Ajuste a la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este medio se comunicó con el Departamento de Desarrollo Económico para procurar información adicional sobre esta decisión de la farmacéutica que lleva décadas operando en el país, pero la agencia indicó que no tenía información sobre dicho cese de operaciones. La empresa, sin embargo, mantendrá sus operaciones en Manatí y las oficinas centrales de venta, mercadeo y distribución de Guaynabo", indicó El Vocero.