Ni el propio Ramón Emeterio Betances, cuando combatía la cólera en el siglo XIX, hubiese imaginado este nivel de indignación en la clase médica boricua, ante el poder que han ganado las aseguradoras de salud y los intermediarios médicos, y ante el ninguneo con el que las autoridades manejan este asunto.
Sobran los ejemplos de enfado. El abucheo que gran parte de la clase graduanda de medicina 2022 del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) salía de lo más profundo del coraje, por ejemplo. Los graduados y las graduadas, a quienes ahora les toca tomar las riendas de la medicina en Puerto Rico, saben lo que les espera. Sienten que su labor de ahora en adelante estará a merced de las aseguradoras, quienes controlan cómo se hace el trabajo médico en este país.
Basta con galopar el internet, para ver una clase médica boricua que clama por respeto para su oficio y sus pacientes. De hecho, un reportaje publicado recientemente en El Nuevo Día detalla varias razones que han hecho que nuestros recursos humanos en la medicina abandonen el país hacia campos más verdes.
Y en las redes sociales, el llamado es practicamente de auxilio. El veterano cirujano pediátrico Tito Lugo, por ejemplo, supo lo que es ser viral sin ser un virus al enarbolar con nobleza y valentía lo que sienten muchos. Se hartó de la jarana que los planes tienen con los doctores y sus pacientes. Y la dejó caer en un post de Facebook que se viralizó de inmediato.
“El peor error que he cometido en 37 años de practica como cirujano pediátrico ha sido firmar contratos con los planes médicos. Me abochorno, les pido disculpas por ello. En los próximos meses estaré prescindiendo de los contratos con varios de ellos, incluyendo todos los planes de reforma. Es una pena para los cientos de pacientes con malformaciones congénitas quirúrgicas que he manejado y seguido, pero es una decisión individual que me va ayudar a ayudarlos mejor cuando de la vida quirurgica de un nene se trate. Mis resultados y complicaciones hablan por sí solos. Pregunten y averigüen. Yo no necesito los planes médicos, pero ellos si me necesitan”, manifestó el galeno hace unas semanas.
El reclamo es que las aseguradoras de salud y el Gobierno de Puerto Rico, han sido hípocritas con Hipócrates. Esto, indican, es la principal razón para que los médicos partan, en su mayoría, hacia Estados Unidos, pues, aunque allá también los planes médicos dominan, el respiro económico parece ser mayor.
Según el Análisis de Situación de la Salud en Puerto Rico del Departamento de Salud, para el período de 2007-2010, la isla tenía 76,701 profesionales de la salud registrados, lo que marcaba un alza en los registros de los pasados cinco trienios. Pero hasta el 2020, Puerto Rico había perdido 14,000 médicos en cinco años. Se estima que hoy hay en la isla alrededor de 38,000 profesionales de la salud.
Según los testimonios, la salud de los pacientes va en detrimento porque las aseguradoras se creen Savio Vega: es a su manera o pa’ la calle. Cuarto Poder entrevistó a dos médicos que se encuentran en la línea de batalla contra el poder que despliegan las aseguradoras en Puerto Rico. La doctora Norma Devarie preside la Asociación de Cardiólogos de Puerto Rico y hace unos años dirigía el Comité de Planes Médicos del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Allí pudo ver de primera mano cómo las aseguradoras y los intermediarios sofocaban la situación laboral de la medicina en Puerto Rico.
“Nosotros estamos a la merced de que un plan médico diga si nos coge como proveedores, si nos quita sin justa causa, y si no le sigues el juego quedarte sin ser proveedor de ese plan medico y sin poder atender toda la que ese plan médico porque en PR el 90% de la gente tiene plan médico”, destacó la doctora Devarie.
“Todo el tiempo se están metiendo con lo que tu haces con tu paciente, tu eres el que tienes el paciente de frente, la responsabilidad de salvarle la vida, o prevenir alguna enfermedad pero tanta gente que te entorpece el cmaino, le das una receta te la quieren cambiar, tu le dices tienes q hacerse ese estudio tardan un mes, mes y medio para hacerselo, en cuestion como cancer, seis semanas pueden ser mucho y eso pasa aquí to los días, y aquí no pasa nada… ¿Qué espera el país para levantarse?”, apostilló.
Las quejas de parte de los pacientes están documentadas. Según resaltó El Nuevo Día en un artículo de diciembre del año pasado, durante el año fiscal 2020-2021, la Oficina del procurador del Paciente recibió 2,063 querellas por diversas situaciones. Resalta el reportaje de Marga Parés Arroyo que “de esas, 220 (11%) fueron por denegación de acceso a proveedores, principalmente por citas tardías”. El año fiscal anterior (2019-2020), se habían recibido 1,213 querellas, 7% de ellas (85) por la misma dificultad.
Al hablar con Cuarto Poder, la doctora Devarie enfatizó en las querellas contra intermediarios, aseguradoras y Administradores de Servicios de Farmacia (Pharmacy Benefit Managers, PBM) que han llegado ante la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) del Departamento de Salud y ante las Oficina de Asuntos Monopólicos del Departamento de Justicia. Estas querellas, señaló, se atienden a paso bien lento, “si es que se atienden”, ante el poder que las aseguradoras despliegan en muchos círculos de la sociedad puertorriqueña.
“Yo misma he puesto quejas, al comisionado de seguros anterior. Todavía estoy esperando”, subrayando en específico una que pulula en la Oficina de Asuntos Monopólicos de Justicia contra la intermediaria Therapy Network, que controla las citas de los pacientes y la forma en que se trabajan los tratamientos.
“Cuando yo fui presidenta del comité de planes medicos del Colegio [de médicos cirujanos] pusimos una queja de monopolio por cómo contrataban. Eso fue hace mas de seis años y todavía siguen los fisiatras y los terapistas fisicos con esa batalla. A todos los contrata un intermediario, que es Therapy Network. ¿Cómo tú piensas que eso no es un monopolio? Esa querella está puesta hace más de seis años, y ahí está, durmiendo el sueño de los justos”, apostilló.
Hace varias semanas pedimos información sobre la querella contra Therapy Network a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia y de la Administración de Seguros de Salud (ASES).
En Asuntos Monopolísticos le han dado seguimiento a nuestra petición inicial de la querella que señaló la doctora Devarie, al igual que otras dos de 2018 en contra de ABARCA Health, mientras que en ASES no.
“Recibido”, fue la única respuesta al respecto vía email de la oficina de prensa de ASES, dependencia del Departamento de Salud que también es el eje de una demanda por información por parte del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), según corresponde a la Ley 141-2019 (Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública), ante la pobre ejecución de su oficina de comunicaciones. Al momento de publicar esta historia en web ya había pasado casi tres semanas desde nuestra exigencia inicial de información a ASES.
Mientras tanto, desde la Oficina de Asuntos Monopolísticos en Justicia, el licenciado Garionex Díaz Martínez, director de esa dependencia, envió la siguiente comunicación por escrito: “La Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia lleva a cabo varias investigaciones sobre el asunto al que se hace referencia, enfocadas en el ámbito que recae nuestra jurisdicción. Tenemos comunicación directa con otras agencias y entidades para apoyar el proceso investigativo, mediante requerimientos de información, reuniones y grupos de trabajo; además de la evaluación de referidos”.
“Recibimos una petición de información por parte del periodista de Cuarto Poder, la cual estamos evaluando y responderemos oportunamente con la responsabilidad que nos caracteriza”, añade en su misiva.
La Oficina de Asuntos Monopolísticos puntualizó que, aunque esa querella contra Therapy Networks fue radicada el 12 de noviembre de 2015 por Cooperativas de Proveedores de Servicios de Salud, y hay otras, como dos radicadas contra Abarca en 2018 por distintos gremios de farmacia resaltadas en otro reportaje, el licenciado Díaz Martínez entró en función durante el 2021.
La querella que a continuación presentamos es en contra de varios intermediarios de salud o administradores de terceros (TPAs) contratados por varias aseguradoras para administrar la red de proveedores en cubiertas Advantage y comerciales, “entre las que figuran Whitecliff o White Cliff, MSO, Therapy Network of Puerto Rico (TNPR) y Eye Management of Puerto Rico (EMPR)”.
Querella:
El comisionado de seguros, el licenciado Alexander Adams, indicó en conversación con este medio que mantiene comunicación con la Oficina de Asuntos Monopolísticos de Justicia, pero “en cuanto a querellas no”, señalando que los intercambios con ese cuerpo tienen que ver más con “la participación de Asuntos Monopolísticos en el esquema de regulación para posibilitar la negociación colectiva entre los proveedores y compañías de seguros”.
“Se le hizo una invitación para que formen parte del equipo de trabajo”, subrayó Adams.
¿Pero salió de ustedes hacia ellos?, le preguntó Cuarto Poder.
“Correcto, porque [Asuntos Monopolísticos] tiene regulación que no está en manos nuestras”, señaló.
Luis Mosquera, el principal oficial ejecutivo de Therapy Network of Puerto Rico (TNPR), respondió a nuestras interrogantes, señalando que en 2017 recibieron una petición de requerimiento de información sobre la operación de la compañía, la cual contestaron.
Mosquera subrayó que “Health Network One, a través de su afiliada Therapy Network of Puerto Rico (TNPR), ha trabajado con las distintas aseguradoras de salud en Puerto Rico por más de 12 años” y que “cada relación contractual es única”.
“Nuestros servicios incluyen: procesamiento de autorizaciones, reclamaciones, ajustes, pagos, credencialización y servicio a proveedores. Tenemos la responsabilidad contractual de cumplir con todas las regulaciones y requerimientos establecidos por los Centros de Servicios de Medicare y Medicad (CMS, por sus siglas en inglés), la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). Contamos con la acreditación del Comité Nacional para el Control de Calidad (NCQA, por sus siglas en inglés) y cumplimos con todos los requerimientos estatutarios y de desempeño establecidos por las anteriores entidades. Estamos comprometidos con mantener los más altos niveles de ética, retención ysatisfacción a nombre de nuestros clientes”, acotó.
“Con respecto a su pregunta sobre alegadas prácticas monopolísticas, hasta este momento nohemos recibido notificación de querella alguna en contra nuestra presentada ante la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, o ante algún otro foro. Solo recibimos de parte de dicha oficina una petición de requerimiento de información sobre la operación de la compañía el 17 de abril de 2017 y fue contestada el 31 de mayo de 2017”, subrayó.
Por su parte, el doctor Hiram Rodríguez, internista que ha llevado los reclamos de manera puntual en sus redes sociales, apuntó también a situaciones monopolísticas en el área de salud mental.
“Tambien esto pasa de una forma que hay que investigar, pero en el campo de la salud mental. Yo invito a los siquiatras que viven esto en carne propia, a que hagan las denuncias. En la parte de salud mental hay cierto tipo de acciones entre las empresas APS e INSPIRA que me preocupan mucho, porque todo proveedor tiene que ser admitido a traves de elos. Y esto no puede ser, se hace muy díficil trabajar cuando hay una red que no provee citas, una situación que hasta el propio Jay [Fonseca] ya ha discutido en sus plataformas”, articuló Rodríguez en entrevista con Cuarto Poder.
INSPIRA se comunicó responsablemente con este medio e indicó que “en nuestros 30 años de servicios, ninguna agencia de Puerto Rico ha reprimido o le ha llamado la atención a INSPIRA, como tampoco se ha emitido multas, sentencias o determinaciones adversas en contra de INSPIRA por falta de acceso a citas, o de ninguna otra índole”.
“En lo que respecta a los procesos de contratación y credencialización, INSPIRA solamente administra los procesos para una de las aseguradoras del Plan Vital. Para ello, contamos con un Comité de Credencialización que evalúa las solicitudes de los profesionales de salud mental que interesan formar parte de nuestra red de proveedores. Este Comité es quien tiene la responsabilidad de revisar que el profesional cumpla con todos los requerimientos de la especialidad, según las regulaciones federales y estatales, y de acuerdo con los estándares de acreditación que requieren los Centros de Servicio de Medicare y Medicaid (CMS, según sus siglas en inglés) y la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES)”, destacó la empresa en declaraciones escritas a través de su oficina de comunicaciones.
En declaraciones escritas INSPIRA que “ningún profesional de la salud puede ser contratado sin haber antes completado el proceso de credencialización” que “garantiza la calidad de los servicios y el cumplimiento de todas las leyes federales y aplicables de Puerto Rico.
En contestación a una pregunta sobre las autoridades que fiscalizan y supervisan a INSPIRA, puntualizaron que han cumplido con “auditorías y procesos regulares de licenciamiento por compañías reguladoras como: ASES, ASSMCA (Administración de Servicios de Salud Contra la Adicción), Departamento de Salud, SARAFS (Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud) y la Joint Commission,entre otras”, apuntando a galardones como “el Community Health Advocacy Award, por la National Health IT Collaborative”, para puntualizar .
A pesar de la escasez de profesionales de la salud en la Isla, en INSPIRA nos esforzamos diariamente para asegurar que nuestros clientes siempre tengan acceso a nuestros recursos y servicios. Incluso, el pasado 15 de marzo de 2022, INSPIRA recibió el Community Health Advocacy Award por la National Health IT Collaborative, una compañía sin fines de lucro. Este premio fue otorgado por las soluciones tecnológicas que brindamos frente a la pandemia de COVID-19 para asegurarle a los clientes el acceso, la disponibilidad y la continuidad de nuestros servicios”.
En cuanto a la situación de la salud mental y los planes médicos y los intermediarios, una sicóloga narró, en condición de anonimato, cómo entiende que los planes y los intermediarios colaboran para desarticular la salud mental en Borinquen.
“La profesión de la sicología se ha visto discriminada hasta cierto punto. Hay tres especialidades de la sicología que se puede ejercer con maestría: psicología industrial, psicología escolar y consejería psicológica. Pero, aún con la carencia de sicólogos que hay ahora mismo, hay planes médicos que han dejado de aceptar que esos profeisonales, licenciados por las leyes de Puerto Rico ejerzan usando los planes médicos. O sea, que los clientes de esos profesionales no pueden usar su plan médico para recibir los servicios”, manifestó, exigiendo el anonimato, pues “son entidades que en ocasiones cobran represalias”.
“Si escogen el servicio de manera privada porque escogen libremente el sicologo de su predileccion y cuando se les trabaja un documento para reembolso entonces el plan médico no quiere reconocer le código aunque esté especificado. Por ejemplo, hace poco hice una certificiacion que los servicios sumaban a una cantidad de varios miles dolares y terminaron pagandole al cliente apenas doscientos dólares. Realmente, el cliente no tiene lirbe selección, tiene que atenerse a la cartera de proveedores que ellos tienen”, agregó, resaltando que en este tipo de especialización la relación de confianza entre el o la profesional de la salud y su paciente es imperante.
La sicóloga usó el término clientes, pues entiende que, para las aseguradoras, los pacientes y los médicos son mercancía.
“Se llevan los fondos públicos. A la vez que se llevan los fondos públicos, a la vez que ellos reportan cifras récords, la salud del pueblo se va deteriorando”, coincidió el doctor Rodríguez.
Y es que mientras muchos sufren, otros gozan. Las Organizaciones de Manejo de Salud en Puerto Rico recibieron el 75% de lo que se pagó en primas de seguros durante el 2020: $9,540 millones de toletes. Según el informe de la OCS, sus ganancias netas, después de pagar todo, fueron de $256 millones de washingtones.
Para que tengan idea, en ese año se metieron casi la mitad de lo que en los cuatro años anteriores, pues entre 2016 y 2019 las Organizaciones de Manejo de Salud registraron $562.4 millones en ganancias netas tras acaparar $40,442 millones en primas.
Datos recopilados por Cuarto Poder indican que hasta mayo 2022, Triple S mantenía 565,000 divididos de la siguiente manera: 124,000 en Medicare Advantage y 441,000 en comercial. First Medical, mientras, contaba con 250,000 vidas adicionales. Buscamos aún el desglose de los otros clientes de los otros planes y pedimos confirmar esta información con la Oficina de Seguros, que al momento de publicar esta historia no habían respondido.
La gallina de los huevos dorados, empero, parecen ser los planes Advantadge, adscritos a los beneficios federales de Medicare. Para que tengan una idea, el julepe este en el que los planes ni que te dan chavitos pa’ los espejuelos, pa’ la compra, pa’ la gasolina y hasta pa’l grooming del perrito ya ha sido mangao’ por los federales.
El pasado 1ro. de julio, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS-OIG) anunciaron que MCS Advantage, Inc. (MCS Advantage) acordó pagar $4,200,000 para resolver las acusaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas de que implementó un programa de incentivos de tarjetas de regalo en violación del Estatuto Antisoborno.
Según el acuerdo de conciliación, el Gobierno federal de Estados Unidos concluyó que MCS Advantage presentó o hizo que se presentaran reclamos de pago al Programa Medicare en relación con un programa de incentivos de tarjetas de regalo implementado por MCS durante el período de noviembre de 2019 a diciembre de 2020, que resultó en violaciones de la Ley de Reclamos Falsos y el Estatuto Antisoborno.
Como resultado del programa de incentivos, MCS distribuyó 1,703 tarjetas de regalo a asistentes administrativos de proveedores a un costo total de $42,575 para inducir a los asistentes a referir, recomendar o coordinar la inscripción de 1,646 nuevos beneficiarios de Medicare a un plan MCS Medicare Advantage. Esos nuevos beneficiarios de Medicare resultaron en pagos de primas asociadas recibidas por MCS Advantage para los nuevos miembros.
Este acuerdo subraya el compromiso del Departamento de Justicia y la HHS-OIG para impedir el fraude, el despilfarro y el abuso de los programas de beneficios federales, así como los beneficios de la cooperación con las investigaciones federales. El acuerdo negociado con MCS Advantage tomó en consideración la terminación voluntaria del programa de tarjetas de regalo por parte de la compañía en diciembre de 2020, la divulgación de hechos relevantes relacionados con el programa y la implementación de controles y revisiones a sus políticas internas para promover y ayudar a garantizar el cumplimiento futuro.
“Investigar el fraude en la atención médica sigue siendo una alta prioridad en el Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y perseguiremos enérgicamente a aquellos que violen las leyes de atención médica de los Estados Unidos”, dijo el fiscal federal Muldrow. “En este caso, apreciamos la voluntad de MCS Advantage de negociar rápidamente una resolución en este asunto”.
Por supuesto ha habido legislación, lo que pasa es que en Puerto Rico gobierna la Junta de Control Fiscal, que dice que estos asuntos de la Salud del pueblo son muy costosos para hacerse de la manera correcta.
“La legislación ya estaba, nosotros teníamos legislación para que se contraten a todos los medicos que se gradúen nuevos, para que no se quiten contratos sin justa causa, teníamos una ley para que Medicaid nos paguen nuestra tarifa mínima al año. Teníamos leyes para que se nos respetaran los criterios médicos. La jueza Taylor Swain revocó todo esto en el apelativo de Boston, porque aumenta los costos de servicios édicos en el país”, lamentó la doctora Daverie.
“Si hubiese habido buena fe de parte de las aseguradoras, si las aseguradoras hubiesen sido parte de esta ecuación, hubiesen ayudado, hubiensen entendido que en Puerto Rico la salud se esta afectando, hubiesen dicho: ‘queremos ser parte de la solución’. Pero no, se fueron a Estados Unidos a detener la ley 90 para no pagar lo mínimo que paga el fee schedule de Medicare”, acotó.
“¿Por qué se juntaron aquí con la Junta de Control Fiscal a decir: ‘no vamos a contratar a los médicos, o a retar el criterio médico cuando se le de una receta a un paciente? Les dan 72 horas a veces para aprobar una medicina y los pacientes tienen que esperar a ver si les cubre cuando en eso puede tener un derrame cerebral, un ataque cardiaco o alguna otra complicació. Para ellos lo secundairo ahora es la salud. Necesitamos que se le haga frente a esta Junta. ¿Qué hacemos? ¿Vamos donde [Raúl] Grijalva? En Puerto Rico nos hicieron la legislacion y despues la Junta y la jueza Swayne nos cerraron las puertas”, señaló la veterana mujer de medicina, esperanzada en que su voz de auxilio llegue a los oídos del congresista demócrata por Arizona Raúl Grijalva, quien preside el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, donde se juega pinball con los efectos nefastos que la austeridad de la Ley PROMESA ha tenido en la salud y la siquis del pueblo de Puerto Rico en favor del bolsillo de los acreedores de la deuda fiscal.
En específico, Devarie aludió a cinco leyes que han sido obstucalizadas por la Junta de Control Fiscal y la jueza Swayne, en procesos matizados por el empuje de los planes médicos. Estas son: la Ley 138-2019, que limitaba capacidad de los planes médicos para excluir a proveedores de sus redes; la Ley 8-2019 para regular Manejadores Servicios Farmacia (PMB, por sus siglas en inglés); la Ley 47-2020, que ampliaba elegibilidad para crédito contributivo de profesionales de la salud; la Ley 142-2019, para que se respete el criterio médico en la receta; y la Ley 90-2019, que establecía el Medicare Fee Schedule como pago mínimo y prohibía la terminación injusta. Ante esto, vale la pena señalar que entre los planes médicos de Puerto Rico y el Gobierno federal existe una puerta giratoria ejemplificada en varias figuras importantes. Una de estas es el excuñado de Pedro Pierluisi que apodan Tres Palitos, José Carrión III, quien cuando dejó de dirigir la Junta de Control Fiscal entró como presidente de MCS Health Care Holdings, en febrero de 2021.
De igual forma, el exdirector del FBI en Puerto Rico, Luis Fraticelli, se fue de consultor independiente de las aseguradoras MMM y PMC. Hay que facturar, gente, y si estás conectao’, como Tres Palitos y Luisongo, pues estás en las papas.
Hay casos, incluso, que parecen burdos, como el del exdirector ejecutivo de ASES, Ricardo Rivera Cardona, que conoce al dedillo las relaciones que las aseguradoras tienen con el Gobierno, y que recientemente entró en un alto puesto gerencial con Medicare y Mucho Más (MMM) y MMM MultiHealth. Rivera Cardona, que también dirigió la Compañía de Fomento Industrial y la Cooperativa de Seguros de Vida (COSVI), tomará las riendas de MMM y MMM MultiHealth luego de que Orlando González quedase al mando de Anthem, INC. en la costa este de Estados Unidos. Antes del nombramiento en MMM, Rivera Cardona laboraba para Refulgent Strategies, una compañía de consultoría para organizaciones de salud en Nueva York, cuya cartera de clientes representa sobre $12,500 millones en primas, según reseñó el Nuevo Día. Cositas que pasan en el negocio de la Salud.
Sí, los tiempos de Betances, al igual que los del maestro médico Guillermo Arbona, puede que parezcan lejanos, pero, como ya vimos en la graduación de RCM, hay estudiantes de medicina bravos, jóvenes que quieren luchar por que la cosa mejore, para no tener que abandonar el país ante el dominio que las aseguradoras mantienen sobre la cláse médica.
Van con vocación médica de a verdura, como Carlo Bosques y Mariangeles Falcón, que aprenden de aquellos tiempos de la Escuela de Medicina Tropical y quieren sacar a Borinquen del marasmo de planes médicos.
“El proyecto Arbona lo que busca hacer es estudiar esa intersección entre política pública y la Salud. Y nos basamos en el hecho de que la salud es un derecho fundamental humano, como esos ilustres méicos como Ramón Emeterio Betances y el doctor Guillermo Arbona, nosotros reconocemos la salud como un derecho”, expresó Bosques, en entrevista con Cuarto Poder junto a Falcón.
“La cosa es que durante los años hemos perdido ese enfoque y ahora somos un grupo de estudiantes de medicina que lo q estamos buscando es retomar. La meta es abogar a favor de un sistema de salud universal”, añadió.
La estudiante de primer año de Ciencias Médicas, Juliani De La Cruz Mingieti, colabora con Carlo en el Proyecto Arbona y ahora mismo realiza un internado en investigación en la Mayo Clinic. Quiere que la cosa cambie, para no tener que practicar medicina como quieren las aseguradoras que sea, si no como debe ser.
“A nosotros nos enseñan un enfoque que se llama Evidence Based Medicine, que en español significa enfoque basado en evidencia cientifica. Se nos enseña cómo entender e identificar las quejas de salud verdaderas, basadas en la medicina. Por eso, si a mí me preguntan, yo no conozco lo que es el costo de un examen CBC, o de una placa, pero sí entiendo los procesos patológicos, que es lo que me toca. ¿Porqué tengo que practicar la medicina cómo quieren que la haga las personas que bregan con dinero, si lo mío es intentar curar a mi paciente?”, cuestionó De la Cruz Mingieti.
Así las cosas, el debate por una mejor opción a la hora de trabajar la medicina continúa. Quizás valga la pena el refrán ese que una vez instituyó el prócer Betances, conocido como el ‘Padre de la Patria’ y el ‘Médico de los Pobres’: “¿Qué hacen los puertorriqueños que no se levantan?”.
