Cuarto Poder: Inversionismo del desastre

En el universo del oportunismo del desastre, los bienes raíces de Puerto Rico son una brillante constelación, aunque puede complicarse si no eres un inversionista que se mudó a Puerto Rico por sus exenciones contributivas. Entre huracanes, terremotos y pandemia, inversionistas, avalados por leyes con grandes bondades fiscales, adquieren edificios a muy bajo precio y en muchas ocasiones los dejan perderse.

De hecho, los mismos inversionistas promulgan en los medios cibernéticos y sus redes sociales que han sido los desastres naturales y la legislación cuadrada desde el Capitolio y La Fortaleza para beneficiarles lo que les ha puesto en bandeja de plata una economía paradisiaca en el centro del Caribe.

Sin embargo, la entrada a ese edén fiscal es mucho más difícil para las comunidades, las organizaciones sin fines de lucro y el ciudadano de Puerto Rico que no se beneficia de exenciones de impuestos que ofrecen legislaciones como la Ley 60-2019, conocida en su redacción como “el Código de Incentivos Económicos”, o la Ley 20-2012, creada “para Fomentar la Exportación de Servicios”, o la Ley 22-2012, cuya redacción indica que existe “para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”.

Por eso quizás se puede ver mucho edificio abandonado cerca de los cascos urbanos del país y hasta en las costas y campos de Puerto Rico, y se piensa que no tienen dueño, pero resulta que esto es parte de un asunto más complicado. Hay edificios que yacen así por problemas de sucesión, mientras que otros han sido vendidos en subastas de estorbos públicos al mejor postor, que en muchas ocasiones resultan ser corporaciones cobijadas por estas leyes ya mencionadas que no exigen impuestos a sus administradores.

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Comida pa’ los pobres versus oportunismo del desastre

En Caguas, por ejemplo, el edificio #70 en la calle Vizcarrondo, que hace esquina con la calle Baldorioty #25, y a pasos del Paseo Gautier, parecía haber sido echado a su suerte cuando el huracán María devastó a Puerto Rico en 2017. Poco después del azote del temporal y tras semanas realizando labor comunitaria en respuesta al desastre, Giovanni Roberto y Marisel Robles, de Comedores Sociales, entendieron que el “rescate” de ese local era propicio para el bienestar de la comunidad, en una cuadra donde ya la organización Urbe a Pie había comenzado años antes un proceso orgánico de revitalización de esa parte del casco urbano de Caguas.

“Esto era un sitio lleno de animales y ratones, un chiquero, básicamente. Estaba lleno de madera, lleno de porquería y hemos ido limpiando durante los pasados cuatro años y lo hemos ido transformando a lo que es hoy porque ni se parecía te lo juro”, explicó Roberto en entrevista con Cuarto Poder sobre el momento en que decidieron ocupar el edificio, a semanas de la embestida del huracán María, el fenómeno atmosférico que más destrucción ha causado en el archipiélago durante el pasado siglo.

En ese local consolidaron los servicios que ya ofrecían a la comunidad mediante la formación del Centro de Apoyo Mutuo (CAM), como desayuno y almuerzo a los necesitados, y que ya se expande con servicios alternativos de salud física y mental, con entregas de compras gratuitas a personas en necesidad, una cooperativa de alimentos y talleres de autosuficiencia y actividades extracurriculares, como la formación de una academia de danza, un club de tenis de mesa deportes, entre otros particulares.

“El Centro de Apoyo Mutuo surge como un espacio que al estar abandonado luego del huracán María fue bien importante para nosotros poder utilizarlo para organizar la labor de suministros y de trabajar el comedor social y atender desayunos ya almuerzos luego del huracán María y después de ahí ha seguido sirviendo a la comunidad”, señaló Robles.

Roberto señaló que investigando en el pueblo habían encontrado que este lugar fue sede de las oficinas del Seguro Social de Caguas durante décadas, pero tras realizar las gestiones a la vista de la ciudadanía no habían podido dar con su propietario actual. Con la preocupación de haber invertido ya más de $100 mil en el desarrollo del CAM mediante donativos y trabajo físico, se dieron a la tarea de ir más allá para encontrar quién ostentaba el título de propiedad, pues no era público. 

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“Para que de verdad se pueda transformar el espacio y poder tener el acceso a energía eléctrica regularmente, porque trabajamos con comida, y la comida se pierde si no tenemos un buen servicio de electricidad en este espacio, necesitamos hacerlo como se debe. Para la comunidad, más que para nosotros, es muy importante salvaguardar lo que construimos aquí y queremos hacerlo como se debe”, destacó, por su parte, Robles.

Roberto, quien popularizó la frase “comida pa’ los pobres” durante la pandemia, puntualizó que el Municipio de Caguas tiene conocimiento del trabajo comunitario que realizan en el CAM, y que no han intervenido pues “el edificio es de una entidad privada”.

“Básicamente”, señaló Roberto, “respetan la ocupación” y entienden que la dependencia municipal mantiene un parecer cónsono con el trabajo de asistencia y bien común que provee el CAM.

“Hay personas que trabajan en el mismo municipio que han participado de aportar su tiempo también y de recibir algún servicio. No hemos tenido ningún issue al respecto”, subrayó.

“Desde que empezamos a ocupar, siempre hemos querido saber quienes tienen la titularidad para pedirle que nos hagan ese traspaso para poder operar. Estamos operando con luz solar, pero aun así necesitamos poder conectarnos a los servicios públicos de agua, electricidad y demás. Queremos tener la permisología adecuada para poder operar un centro de la envergadura que nosotros aspiramos a que sea el CAR”, puntualizó Roberto, sobre la lucha que libran para adquirir la titularidad del edificio.

Fue un proceso de más de un año, pero, con ayuda del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), dieron con quiénes poseen el título de propiedad. Según explicó el director del CRH, Luis Gallardo, durante más de un año estuvieron comunicándose con el Federal Deposit Insurance Company (FDIC), ya que el edificio había pasado a ser parte de las propiedades que esta entidad tenía el deber de liquidar tras la debacle del banco Doral. Las cualidades arcaicas y confusas del Archivo de la Propiedad de Puerto Rico obligaron a que tuviesen que investigar durante horas en esas oficinas para dar finalmente con el tenedor.

Roberto subrayó que “después de mucha búsqueda, incluso de búsqueda física en los folios del CRIM, entonces los paralegales del Centro para la Reconstrucción del Habitat dieron con el titular, el nombre de esta compañía de Ley 22 que se llama Morgan Reed”.

Bueno, según el contrato de compra y venta, fue MR CTC Caguas, una corporación que apunta a estar vinculada a Morgan Reed Group P.R., la que adquirió el edificio. Morgan Reed Group P.R. es una empresa de bienes raíces que en su página indica que opera propiedades “desde Rincón hasta San Juan hasta Caguas hasta Arecibo hasta Isabela”. Tanto CTC Caguas como Morgan Reed Group P.R. presentan a Robert Danial como su gerente principal y a Javier Feliciano Guzmán como la persona autorizada para sus transacciones. En el contrato de compra y venta, aparece Brian Tenembaum como “secretario asistente” de MR CTC Caguas.

Según la página Little Sis. Org, Tenembaum, es el Chief Operating Officer de Morgan Reed desde 2016. De hecho, Tenembaum indica esa información en su propio perfil de LinkedIn. La transacción se hizo en 2015, cuando MR CTC Caguas adquirió esta propiedad de la FDIC, que, como indicamos, la tenían tras asumir las propiedades que dejó Doral tras su debacle en febrero de ese mismo año. Curiosamente, CTC se incorporó el 4 de noviembre, 15 días antes de que se completase la transacción para adquirir el edificio el 19 de noviembre de 2015. Así fue que ese edificio de 1,700 pies cuadrados, una estructura de esquina en pleno centro urbano de Caguas, fue adquirido en apenas 108 mil dólares. Lo compraron y lo dejaron allí sin tocarlo.

Mientras tanto, nuestra investigación encontró que la propiedad aún aparece a nombre de la FDIC en el Centro de Recaudación Ingresos Municipales (CRIM) y que la última vez que se pagó el impuesto inmueble fue en 2019. No pudimos encontrar cuál es la deuda actual.

“Si buscamos el récord, el valor inicial de este edificio era $600,000 y se liquidó a $108,000 a esta compañía subsidiaria (MR CTC Caguas) porque tenían el efectivo, el conocimiento y el acceso a este tipo de subasta. Lamentablemente, la política pública tiene una preferencia para la adquisición a través de inversionistas y está dejando en un segundo plano la vivienda asequible y proyectos de participación ciudadana”, indicó Gallardo, director del CRH.

Tras encontrar los propietarios del edificio, Gallardo señaló que “se hizo un acercamiento formal a la representación legal de esta compañía subsidiaria, se enfatizó que es subsidiaria de Morgan Reed, porque para eso mismo crean la subsidiaria, para proteger a la compañía matriz”. Lo que procede ahora, dijo Gallardo, “es una negociación, una conversación entre Morgan Reed y la comunidad”.

“La postura nuestra, la de la organización es de apoyo al CAM, a la comunidad en general, y a todas las comunidades que tienen que sufrir estos riesgos que existen a raíz de los estorbos públicos. Este edificio ha recibido una inversión brutal de parte de la comunidad, de cariño, de mantenimiento. Rescataron, literalmente, un edificio que estaba cayéndose en cantos, así que eso es algo que las compañías (MR CTC Caguas y Morgan Reed P.R.) tienen que tomar en cuenta al momento de negociar con la comunidad. Esto es un activo comunitario, la compañía adquirió la propiedad, acumula CRIM, y es una dejadez que la misma comunidad, por su activismo y por su abogacía, ha logrado reconstruirlo para proveer servicios esenciales”, apostilló Gallardo.

En el macro, más allá de las inversiones millonarias con cualidades que algunos pudieran calificar como “buitres”, Gallardo, experto en manejo de propiedades abandonadas, apunta a un problema de política pública que comienza en los cimientos de la propia burocracia gubernamental.

“Como cualquier investigador de título, comenzamos por el CRIM pero, lamentablemente, los records del CRIM no estaban actualizados. Aparecía como si la propiedad era del FDIC”, dijo Gallardo; algo que este medio pudo constatar.

“Empezamos con el CRIM, pero cuando llegamos al registro de propiedad no aparecía por ningún lado su inscripción. Eso es la norma, que las propiedades no tienen título o que el título está perdido o que está mal escrito o que ni siquiera está registrado. Pero, buscando página por página, literalmente página por página en el registro de propiedad, en libros que tienen casi cien años y huelen a polvo y enfermedades, ahí fue que encontramos por fin la inscripción que evidenció que esa propiedad había pasado del Doral Bank, al FDIC tras su colapso y luego a un subsidiario de Morgan Reed (MR CTC Caguas), una compañía que montó Morgan Reed para este propósito”, explicó.

Gallardo señaló que con muchas propiedades como estas, “la norma es que son de sucesiones y tienen mas deudas de lo que vale la propiedad, o que falleció la persona y no dejó herencia, o que quizás ni está inscrita”.

“Son propiedades zombies, pero ahora vemos que entran estas compañías grandes que se especializan en esto del ingreso pasivo y del flipping, que tiene que ver con comprar, abandonar en lo que suben de valor y vender a un precio mayor. Montan compañías para adquirir propiedades y pueden tienen varias en una misma calle. De nuevo, no hay nada ilegal aquí, ellos están aprovechando las leyes que aquí mismo han manufacturado para eso, solo que se convierte en un gran problema para la vivienda asequible, y para el acceso a estos bienes por parte de los ciudadanos que viven en estas comunidades, a la vez que sigue el problema de los estorbos públicos pues son edificios que no atienden”, añadió, resumiendo cómo suceden los desplazamientos de las personas con escasos recursos y la deplorando además en algunas ocasiones las zonas urbanas del país.

“Y lo vamos a seguir viendo, es un problema que va a seguir sucediendo. Lamentablemente nuestras leyes están diseñadas para liquidar propiedades a través de subastas y las subastas son personas que llegan con la mayor cantidad de efectivo en mano, para decir que voy a pagar cien mil dólares en cash, como sucedió aquí”, apuntó. 

Los propulsores del CAM, no obstante, siguen en espera de que se concrete una reunión para dilucidar las posibilidades de traspasar el edificio, pero, según Roberto, “no han venido por aquí nunca, en cuatro años que estamos aquí y creemos que en seis años que tienen la titularidad no han puesto ni un vellón para ocuparse del espacio”.

Esto les preocupa, más cuando la inversión económica en donativos que han recibido para el espacio y su recuperación sobrepasa ya los $108,000 que pagaron los dueños por ese edificio. En las redes sociales hicieron un llamado a la acción mediante una campaña de recolección de firmas. La organización sin fines de lucro cree que lo correcto es luchar por este edificio para que no vuelva a ser un estorbo público, aún cuando las propias leyes del archipiélago lo han hecho cuesta arriba.

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