Tal y como ha visto el pueblo – y hasta el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Bahía de Jobos, por dar un mero ejemplo – hay muchos asuntos ambientales en Borinquen que el Gobierno ha ignorado. Simplemente, no cumplen con la ley.
Para que tengan una idea, esto que les contaremos ahora es un asuntito que viene desde el 2020 y ha recibido ‘pichaera’ sólida por parte de las administraciones de Tania Vázquez y de Rafael Machargo… habrá que ver qué pasa ahora.
Se suponía que, por ley, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) – y su Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) – entregara hace dos años su Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.
Coquí, coquí. Pío, pío.
No han entregado nada y ahora el Departamento de Justicia tendrá que volver a gastar fondos públicos y recursos en los tribunales para defender al Gobierno, pues la organización El Puente-Enlace Latino de Acción Climática radicó una petición de mandamus para exigir que el gobierno presente el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, según dicta la Ley 33-2019.
“La Ley 33-2019 es clara en requerirle al CEACC que creara el Plan de Mitigación y lo presentara ante la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de la Asamblea Legislativa en un plazo de un año de la vigencia de la Ley 33-2019, es decir el 1 de julio de 2020. Sin embargo, al presente el CEACC no ha creado ni presentado dicho plan ante la Comisión Conjunta”, indicó la licenciada Ninoshka Picart, abogada de cambio climático del UPR Resiliency Law Center, que representa a El Puente.
“Igualmente, la referida ley le requiere al DRNA que elabore y publique un inventario anual de las emisiones de gases de efecto de invernadero, pero desde el año 2014 no elabora ni publica dicho inventario. Esta inacción del DRNA y de la CEACC es inaceptable, por lo que le solicitamos al Tribunal que les ordene el cumplimiento inmediato de su deber ministerial dispuesto en la Ley 33-2019”, agregó la letrada vía declaraciones escritas en un comunicado de la organización.
La petición de Mandamus ocurre tras el incumplimiento del DRNA y el CEACC para presentar el Plan de Mitigación, cuya fecha límite era el 1 de julio de 2020, se indica en el recurso legal.
En sus cuarenta años de existencia, esta puede que sea una de las luchas ambientales más extrañas que haya asumido El Puente, organización que se describe como una que trabaja hacia “la justicia social y la paz”, y que a través de su programa Enlace Latino de Acción Climática, atienden asuntos relacionados al cambio climático, y proveen educación a las comunidades sobre el cambio climático en Puerto Rico y técnicas de adaptación y mitigación para confrontar la crisis climática existente.
Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente, abordó cuán particular resulta esto de llevar a los funcionarios de una agencia a los tribunales para exigir que hagan el trabajo que les toca.
“Con este recurso legal, buscamos que el gobierno cumpla con la responsabilidad que tiene con el pueblo y con las generaciones futuras de atender de manera urgente los efectos de la crisis climática. El continuo desmantelamiento de las agencias ambientales, la desregulación y la corrupción en la otorgación de permisos de construcción y la falta de una planificación comprometida con la adaptación al calentamiento global ponen de manifiesto la intención del gobierno de no actuar conforme a la Ley 33-2019”, apostilló.
Cintrón Moscoso detalló las irresponsabilidades del DRNA: aun cuando se le extendió la fecha límite a la Comisión Conjunta para presentar el Plan de Mitigación a la Asamblea Legislativa en o antes del 31 de octubre de 2021, el CEACC “sólo ha presentado un Borrador del Bosquejo, el cual fue aprobado en el 2020 y no se hizo público hasta 2 años después”.
“Todavía no han presentado un documento final que pueda servir para la implementación de la ley”, arguyó el director de El Puente.
Recalcó, además, que el DRNA no ha publicado un inventario anual de gases de efecto invernadero como también indica la Ley 33-2019, y que la cercanía del inicio de la próxima temporada de huracanes da más urgencia al reclamo. La temeridad con la que la agencia incumple la ley, sin embargo, desconoce factores apremiantes: ya pasó una temporada de huracanes y no presentaron nada, y tampoco parece importarles la afloración de nuevas empresas de gas metano como lo es New Fortress Energy.
“La actualización del Inventario es apremiante”, aseguró Cintrón Moscoso.
Previo a acudir al tribunal, la organización le cursó varias misivas al DRNA y al CEACC para exigir el cumplimiento con las disposiciones de la Ley 33-2019, sin obtener respuesta. Tras la evaluación de la Petición de Mandamus, el Tribunal emitió una orden requiriéndole al DRNA y al CEACC que comparecieran por escrito en 10 días para mostrar causa por la cual no se deba expedir el Mandamus solicitado.
Vía un parte de prensa, Amy Orta Rivera, coordinadora de política ambiental de El Puente, añadió que “aunque la Ley 33 del 2019 tan solo tiene 3 años, los asuntos de mitigación y adaptación al cambio climático se llevan discutiendo en la esfera internacional por las pasadas tres décadas”.
“A pesar de todos los años que ha tenido el gobierno de Puerto Rico para prepararse, la política pública de Puerto Rico sobre cambio climático sigue estando incompleta”, acotó.
El CEACC fue un organismo creado bajo la Ley 33 de 2019. Se supone que esté compuesto por nueve miembros, de los cuales tres son miembros ex officio con voz y voto, puestos que corresponden al presidente de la Universidad de Puerto Rico, la secretaria del DRNA y el secretario del Banco de Desarrollo Económico y Comercio, y de donde debe ser escogido el presidente o la presidenta del organismo. El resto de los miembros son nombrados por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado y la Cámara de Representantes.
Labores están en proceso, dice el DRNA
La secretaria interina de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez Vega, señaló que no ofrecerá comentarios sobre la demanda en curso.
Empero, señaló que no fue sino hasta el año fiscal 2021-2022 que se comenzó el “reclutamiento de personal especializado”.
“Puesto que hay un litigio presentado en el tribunal de San Juan, no vamos a hacer comentarios sobre su procedencia, más allá de reiterar el compromiso de los miembros del Comité de Expertos y Asesores del Cambio Climático (CEACC) para llevar a cabo las encomiendas que se ordenan en la Ley 33 de 2019”, dijo en declaraciones enviadas a Cuarto Poder (WAPA-TV)
“No fue sino hasta este año fiscal 2021-2022, luego de que el Gobernador Pedro Pierluisi le asignara el presupuesto al CEACC, que se comenzó el reclutamiento de personal especializado y la contratación de servicios profesionales que nos deben apoyar en el Comité en el cumplimiento de la preparación del Plan de Mitigación. Para llenar las vacantes, tuvimos que abrir dos convocatorias”, explicó.
Apuntó a que en octubre pasado, durante una mesa redonda interagencial, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés), compartió información que “contribuye al desarrollo de proyectos enfocados en evitar daños futuros asociados al calentamiento global y actualizó los datos sobre el progreso del Programa de Subvención para Mitigación de Riesgos de la Agencia Federal Para el Manejo de Emergencias (FEMA)”.
Laura Isabel González colaboró en esta historia
