Más del 85% de los empleados públicos ya se vacunó contra el COVID-19, aseguró hoy la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales.
“Entendemos que ese número continuará subiendo”, apuntó en rueda de prensa junto al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para anunciar detalles de un “plan de rescate de la cultura”.
La semana pasada el primer ejecutivo adoptó una política pública de vacunación contra el virus para los empleados que laboran en las 65 agencias públicas bajo la jurisdicción del Ejecutivo, como un primer paso para mitigar este último repunte del virus en la isla. En ese momento, Pierluisi Urrutia estimó que un 70% de esos funcionarios públicos ya había recibido el pinchazo.
Esta medida abarca a unos 113,264 empleados y empleadas.
García Bardales no ofreció datos de la cantidad de empleados, que tendrá que presentar una prueba negativa tras negarse a vacunarse por razones médicas o religiosas.
“Eso está muy bien. Eso está alto… Ese número es casi inmejorable. Eso es excelente”, apuntaló Pierluisi Urrutia sobre la cifra de vacunados.
Ante el repunte de casos de contagios y el incremento en las hospitalizaciones, el mandatario indicó que se mantiene atento a la situación y que no se inclina a imponer medidas de restricción, que limiten el movimiento de la población.
“Voy a estar evaluando esto de día a día, escuchando el asesoramiento del Secretario de Salud y su equipo, de la Coalición Científica. Mientras vea que los hospitales están bajo control, no anticipo medidas fuera de continuar incentivando la vacunación masiva”, afirmó Pierluisi Urrutia.
En esa línea, señaló que el Ejecutivo afina un evento de gran envergadura para remunerar a las personas que completaron el ciclo de vacunación y actividades particulares para motivar a las personas renuentes a pincharse. Pero exhortó a las personas a no posponer la inoculación a la espera de un premio en metálico porque “cada día que espera pone su vida y la de otros en riesgo”.
Desde que empezó el aumento sostenido en casos de COVID-19, por la presencia de la variante Delta en la Isla, el Gobierno adoptó varias medidas de vacunación obligatoria como eje central de su estrategia para frenar la propagación del peligroso virus. Estableció la evidencia de vacunación como un requisito para el regreso a las clases presenciales en las escuelas y universidades del País.
También requirió la vacunación obligatoria a los empleados del gobierno central. La semana pasada extendió esa directriz a los contratistas del gobierno; así como al personal del sector de la Salud y del Turismo.
En el caso del sector turístico, el requisito de vacunación o la prueba negativa del virus abarca a los huéspedes de hoteles y paradores; así como a las personas que optan por alojarse en casas y apartamentos alquiladas a través de las plataformas AIRB&B, VRBO o Join a Join.
Hoy, el nivel de positividad se mantiene en el 10.7%. El Departamento de Salud informó 2 muertes, mientras 296 adultos y 32 menores permanecían hospitalizados. Hasta el momento, 2,611 personas han muerto tras contagiarse con la enfermedad.
El 76.5% de la población de 12 años en adelante se vacunó, según los datos de Salud. Las vacunas no están autorizadas para uso en menores de 12 años.
