En medio de la emergencia causada por el huracán María, empleados de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) repartieron gasolina a sus conocidos aprovechándose de una directriz interna que autorizó el despacho de combustible a la flota de vehículos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y de sus corporaciones, según una auditoría reciente de la Oficina de la Contralora.
La gerencia de la AMA tampoco garantizó el cobro de ese combustible despachado de forma privilegiada, mientras a través del país los ciudadanos hacían filas descomunales para comprar gasolina para sus vehículos y plantas eléctricas.
También detectó que el despacho de combustible en ocasiones excedía la capacidad del vehículo, lo que podría sugerir que las personas llenaban envases de combustible para sus generadores de electricidad.
Por eso, la contralora Yesmín Valdivieso Galib refirió el informe de la AMA al Departamento de Justicia federal, la Oficina del Inspector General de Estados Unidos y el Departamento de Justicia de Puerto Rico para ampliar la investigación y determinar si hubo comisión de delito.
Además, envió el informe al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis A. Pérez Vargas, para que tome “la acción pertinente respecto a la conducta del presidente y gerente general de la AMA y del director y de los oficiales de Seguridad Interna” de la corporación pública sobre cuyos hombros recaída el proceso de despacho y cobro del combustible .
De igual forma, requirió a la actual presidenta y gerente general de la AMA, Karen Correa, realizar gestiones de cobro por $14,704 por el combustible despachado a un contratista que administra el Tren Urbano y otros $422 a las personas y entidades que “recibieron combustible ilícitamente”. En esa línea, ordenó a la actual secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, garantizar que Correa cumpla con el recobro del dinero.
“Nuestros auditores encontraron despachos de combustible a vehículos de personas privadas y de entidades que no pertenecen al DTOP ni a sus corporaciones adscritas. Estos despachos fueron los siguientes: Empleados de la ACT, del DTOP y de la ATM, del contratista que administra el Tren Urbano, y personas privadas en vehículos privados. Vehículos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y de la Policía de Puerto Rico”, consignó el informe de 16 páginas con fecha del 1 de febrero de 2022.
Como parte del análisis, los auditores de la Contraloría concluyeron que empleados de la AMA despacharon combustible valorado en $15,171 a personas privadas y entidades no autorizadas, permitiendo el uso ilícito de propiedad pagada con fondos públicos. Al repartir gasolina y diésel a sus conocidos, esos empleados pudieron haber incurrido en delitos de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, certificaciones falsas, perjurio y violaciones a la ley de Ética Gubernamental.
Pese a que determinó que se despacharon $15,171, la Contralora solo ordenó recuperar $15,126 porque ya se devolvieron $45.
“El 13 de agosto de 2019 se pagó los $45 del despacho de 21 galones de diésel al vehículo de un vecino del presidente y gerente general de la AMA”, explicó el informe en una nota al calce.
“Las situaciones comentadas se atribuyen a que el entonces presidente y gerente general de la AMA, y el director y los oficiales de la Oficina de Seguridad Interna, se aprovecharon de sus puestos para permitir a personas y a entidades privadas obtener beneficios no permitidos por ley y la reglamentación aplicables”, añadió el informe.
La auditoría no identifica por nombre a los funcionarios involucrados en estos presuntos actos ilegales. Pero en ese momento Santos Delgado Marrero ocupaba el cargo de presidente de la AMA.
