Una maestra de Mayagüez fue arrestada por Ias autoridades federales bajo cargos penales relacionados con conducta de explotación infantil.
El 29 de febrero de 2024, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico acusó formalmente a Kiara Ramos Meléndez, de 29 años, de un cargo de coerción e incitación a un menor y un cargo de recepción de material de explotación infantil.
Según documentos judiciales, desde noviembre de 2022 hasta octubre de 2023, la acusada utilizó su teléfono celular, así como servicios de mensajería instantánea de Internet para persuadir y seducir a un menor de edad, de entre 13 y 14 años, para que participara en actividades sexuales y solicitar y recibir imágenes sexualmente explícitas del menor. Desde noviembre de 2022 hasta abril de 2023, Ramos Meléndez recibió imágenes sexualmente explícitas del menor vía WhatsApp.
“La Fiscalía Federal continuará trabajando con sus socios encargados de hacer cumplir la ley para investigar y procesar agresivamente a las personas que explotan a menores con fines sexuales”, dijo W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico. “El acusado, a quien la comunidad le encomendó proteger y enseñar a nuestros niños, violó ese encargo sagrado al agredir a un niño. Como lo demuestra este caso, atacaremos agresivamente a quienes se aprovechan de los niños”.
Rebecca González-Ramos, agente especial a cargo de HSI San Juan, dijo: “Las personas en una posición de confianza pública tienen la responsabilidad de proteger a los más vulnerables. Un docente es una de las primeras líneas de protección de nuestros menores. Los depredadores no tienen un perfil, los hay de todos los géneros, es nuestro trabajo investigarlos a todos y proteger a nuestros hijos. HSI está alerta y no permitiremos que un solo individuo manche el nombre de todos los increíbles maestros que tienen un compromiso real de enseñar y, lo más importante, proteger a sus estudiantes”.
Si es declarada culpable de los cargos de coerción e incitación a un menor a participar en conductas sexuales ilícitas, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de prisión de 10 años a cadena perpetua, y por recepción de pornografía infantil se enfrenta a una pena mínima obligatoria de prisión de 5 años. años hasta 20 años, todos los cargos seguidos de un período de libertad supervisada después de una pena de prisión de no menos de 5 años hasta cadena perpetua. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
La fiscal federal adjunta (AUSA), Daynelle Álvarez Lora, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, está procesando el caso.
