El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestó a Arnaldo J. Irizarry Irizarry, asesor del alcalde de Mayaguez, José Guillermo Rodríguez.
La información fue confirmada por Limary Rubio portavoz del FBI. Se alega que el arresto es relacionado a una transacción que es objeto de una pesquisa federal sobre una inversión de $9 millones en fondos especulativos.
Esta investigación al revelamos en primicia en el programa Jay y sus Rayos X y hoy se confirman varios arrestos relacionados a la transacción.
“Se acusa a los imputados de conspirar y en vez de invertir dinero público en beneficio del Municipio de Mayagüez y la zona oeste, utilizaron parte del dinero para beneficio y gastos personales, defraudando al Gobierno”, dijo el Fiscal Federal Stephen Muldrow.
Se alega que de marzo de 2016 a junio de 2018, los imputados Eugenio García Jiménez, alias “Gino”; Stephen Kirkland, también conocido como “Steve”; Steve Minger; Alejandro Riera-Fernández; Joseph Kirkland; Arnaldo J. Irizarry-Irizarry; y Roberto Mejill Tellado orquestaron un esquema para defraudar al Municipio de Mayagüez y Mayagüez Economic Development Inc.”. utilizando múltiples entidades corporativas fantasma y cuentas financieras.
Los acusados recibieron colectivamente cientos de miles de dólares pertenecientes a Mayagüez, destinados a inversiones, que luego utilizaron para gastos personales y compras de bienes muebles e inmuebles.
El uso de entidades corporativas fantasma sirvió además para ocultar el plan para defraudar a Mayagüez y permitió a los acusados hacerle creer al Municipio que los $9 millones fueron invertidos. De los $9 millones obtenidos del municipio a través de tergiversaciones materiales, los acusados solo devolvieron $ 1.8 millones a Mayagüez y al hacerlo, representaron falsamente que los $ 1.8 millones eran un retorno de la inversión.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia máxima de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta $ 250,000 por cargos relacionados con fraude electrónico y hasta 10 años de prisión por los cargos de lavado de dinero.
