El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) archivó un caso del exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero, que originó tras un referido de su sucesor Edward O’Neill Rosa.
De esta forma, el Panel acogió una recomendación del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
A través de un comunicado de prensa, el ente investigador explicó que O’Neill Rosa envió una comunicación al Departamento de Justicia el 22 de julio de 2022. En esa misiva solicitó investigar si el exalcalde Pérez Otero actuó ilegalmente al llegar a un acuerdo colaborativo con la entidad privada I Love Dogs.
El convenio conllevaba el desembolso de fondos públicos para la construcción y desarrollo de un parque para perros en terrenos de dicha corporación. Esto sin que, alegadamente, rindiera beneficios para el municipio ni para la ciudadanía.
La División de Integridad Publica y Asuntos del Contralor de Justicia realizó Ia investigación preliminar de este caso. Como parte de ese proceso analizó el contrato del municipio con la organización I Love Dogs, las ordenanzas municipales relacionadas con dicho acuerdo, y entrevistas a varios funcionarios municipales de Guaynabo, incluyendo al alcalde O’Neill Rosa y a María Santini Marrero, presidenta de la entidad privada.
Al presentar su informe preliminar, Integridad Pública concluyó que el contrato entre el municipio y I Love Dogs, Inc. fue suscrito de conformidad con las normas vigentes aplicables, con Ia autorización de la Legislatura Municipal de Guaynabo y cumpliendo con el fin público consagrado en Ia Ley 154 del 2008 (Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales).
Agregó, que no existe causa suficiente para creer que el exalcalde Pérez Otero, incurrió en conducta delictiva por los hechos investigados.
“Particularmente, no hubo prueba de infracción a los Artículos 252, 262, y 263 del Código Penal, y al Artículo 4.2 de Ia Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, sustentó Integridad Pública.
El informe indicó que, conforme el Artículo 1.008 del Código Municipal, el exalcalde Pérez Otero contaba con la autoridad legal, mediante la correspondiente autorización de la Legislatura Municipal, para contratar con las personas naturales y jurídicas y, en este caso en particular, tenía la autorización de los legisladores municipales para firmar el acuerdo de
colaboración con I Love Dogs, Inc., en cuanto a la construcción del parque para perros en los terrenos de la empresa.
Integridad Pública también expuso que tampoco existe prueba que establezca que el exalcalde Pérez Otero utilizó los deberes y las facultades de su cargo o la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para el o para I Love Dogs, Inc., algún beneficio que no estuviese autorizado por ley.
A tenor con los resultados de su investigación, Integridad Pública le aconsejó al secretario Emanuelli Hernández, que en este caso no recomendara al Panel la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI). Así lo acogió el secretario.
El Panel dispuso en su resolución que: “Luego de nuestra evaluación, acogemos la recomendación del Secretario de Justicia y determinamos que en este caso no existe el quantum de prueba necesario para la designación de un FEI. Conforme a lo expuesto, se ordena el archivo de este asunto”.
Queda pendiente ante el Panel otro referido con recomendación para designar un fiscal especial independiente relacionado a un alegado incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos. Según la querella del actual alcalde, Pérez Otero cedió el uso de algunas facilidades del edificio Guaynabo Medical Mall a la empresa Provider Network Solutions of Puerto Rico, LLC, por 19 meses.
De acuerdo al comunicado que Justicia emitió al recomendar la ampliación de la investigación, “esta cesión se concedió sin el pago de los correspondientes cánones de arrendamiento, sin la debida autorización de la Legislatura Municipal de Guaynabo y contrario a las disposiciones legales pertinentes. Por esta razón, la compañía de referencia generó una deuda con el ayuntamiento ascendente a $1,452,149.00, por concepto de cánones de arrendamiento”.
El pasado 22 de marzo, un jurado federal encontró a Pérez Otero culpable de recibir sobornos del ahora convicto contratista Oscar Santamaría a cambio de extenderle a sus empresas contratos municipales.
