En un giro inesperado, la Fiscalía Federal pedirá desestimar los cargos que pesan en contra de Orlando Gabriel Montes Charbonier, el hijo de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, a poco más de una semana para que empiece el juicio por corrupción pública.
El asunto no se discutió en corte abierta durante la vista con antelación al juicio que se celebró esta mañana ante la federal jueza Silvia Carreño Coll, pero los abogados Francisco Rebollo Casalduc y Anita Hill Adames adelantaron la información a preguntas de Cuarto Poder (WAPA-TV).
Ya entrada la tarde la jueza federal Carreño Coll citó a los abogados de defensa a sala a las 4:45 p.m. ante una posibilidad de sanciones por adelantar al público la posible desestimación de cargos por parte de la Fiscalía federal contra el hijo de la exlegisladora.
“El caso del hijo de la exrepresentante Tata Charbonier y del licenciado Orlando Montes se está desestimando, que quiere decir que estos fiscales del Departamento de Justicia Federal (de Washington), no estoy hablando de los fiscales de Puerto Rico, radicaron cargos contra este joven de 21 años en aquel momento, que inclusive lo llevó a perder su empleo y el joven evidentemente para lo que lo estaban acusando era para doblarle las rodillas a su mamá y a su papá. El joven le salió duro y su mamá y su papá le salieron más duro todavía”, respondió Rebollo Casalduc ante una pregunta sobre el comportamiento de los abogados del hijo de la exlegisladora.
“Le desestimaron el caso al hijo y se lo debieron haber desestimado a los padres, pero no lo han hecho. Por eso, estamos aquí”, añadió.
Explicó que la defensa de Montes Charbonier y la fiscalía se encuentran el proceso de “pretrial diversion” o desvío. Como parte del trámite, el ministerio público presentó los documentos ante la Oficina de Probatoria Federal y si Montes Charbonier cumple ciertas condiciones en un término particular que desconocen, todos los cargos serán retirados.
El 7 de agosto de 2020, un Gran Jurado federal emitió una acusación en contra de la entonces legisladora del PNP, su esposo Orlando Montes Rivera y el hijo de la pareja por participar en un alegado esquema de cobro de comisiones ilegales a empleados legislativos. Imputó cargos por lavado de dinero, conspiración y transferencia ilegal de dinero.
Pese a que estuvieron presentes en sala, los abogados Edwin Mora Rolland y José David Rodríguez González de la Oficina del Defensor Público Federal, quienes representan al hijo de la exlegisladora, no argumentaron ante la jueza Carreño Coll y se acercaron a su estrado sin la compañía de los abogados Rebollo Casalduc y Hill Adames, un comportamiento inusual en este tipo de proceso.
El juicio contra la exrepresentante y su esposo inicia el próximo 11 de diciembre, pero sus abogados solicitaron una vista con antelación al juicio para discutir sus objeciones a la admisibilidad de 66 grabaciones telefónicas que el ministerio público pretende usar durante el proceso judicial, que según la fiscalía debería tomar unos 10 días.
Se trata de 16 grabaciones hechas por un testigo, que la defensa identificó como el exempleado de Charbonier, Johnathan Alemán, bajo el ojo de las autoridades federales y otras 50 grabaciones de conversaciones interceptadas por las autoridades federales.
Los abogados defensores argumentaron en sala que las grabaciones de Alemán ocurrieron un año después de su despido y que en ellas uno de los “acusados”, que parece tratarse de Charbonier, lo que hace es quejarse. También plantearon que estas conversaciones se grabaron en coordinación con las autoridades mucho tiempo después de la alegada conspiración imputada en la acusación. Además, cuestionaron las traducciones al inglés de esas conversaciones que sometió la fiscalía federal.
“Nuestra postura es que la gran mayoría de esas llamadas son inadmisibles”, afirmó Rebollo Casalduc a su salida del juzgado federal en Hato Rey.
“La inmensa mayoría (de las llamadas) son prueba exculpatoria y lo que contienen las que van a usar -ustedes va a ver- primero que no son admisibles, y segundo que es ínfimo”, abundó.
Ante la jueza Carreño Coll, el fiscal Jonathan Edward Jacobson señaló que la mayoría de las llamadas eran del celular de la exrepresentante y que las llamadas que involucran a otra acusada, a quien no nombró pero que se trata de Frances Acevedo Ceballos, no se podrán utilizar porque esta persona aunque participó de la conspiración “no está disponible”.
Fuera de sala, a preguntas de este medio, Rebollo Casalduc confirmó que Acevedo Ceballos se declaró culpable pero que no será testigo del ministerio público en este juicio. Aseguró también que esa alegación de culpa no afecta su caso.
“De ninguna forma. Todo el que tenga miedo a enfrentarse a los federales que se declare culpable y se salga del medio”, apuntaló.
En su alegación de culpa, Acevedo Ceballos aceptó que a principios de 2017 Charbonier infló su salario como asistente en la comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de $800 a $2,100 para quedarse con una tajada de su sueldo. Siguiendo el mismo esquema, en septiembre de 2019 elevó su salario a $2,900 mensuales.
La ahora convicta pagaba el “kickback” a Charbonier a través de su esposo y de su hijo o mediante transacciones electrónicas de ATH Móvil. La alegación de culpa también sostiene que pagó a la exrepresentante de $1,000 a $1,500 bisemanales. Charbonier recibió $100,000 entre septiembre de 2017 hasta el 2020, según la acusación.
Durante la vista de hoy Jacobson indicó que la fiscalía federal sentará a declarar de 20 a 25 testigos. Esa lista, según los abogados defensores, incluye a Alemán, que trabaja actualmente en el Departamento de Corrección, al licenciado Luis Gierbolini, exempleado de Charbonier y expresidente de la Cámara de Comercio, el convicto exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado y su esposa Roxanna Sifre, quien trabajó en la Oficina de Charbonier.
“Si el Cano Delgado viene y dice la verdad lo que tiene que decir sobre la licenciada Charbonier es exculpatorio. Ojalá y lo llamen como testigo”, afirmó Rebollo Casalduc.
Negó también las alegaciones contenidas en una moción de la fiscalía federal que procuraba una especie de mordaza en su contra por supuestamente hacer argumentaciones finales impropias.
“Estos fiscales y estos no son de la fiscalía federal de Puerto Rico son fiscales del Departamento de Justicia, pero los fiscales en general nunca aceptan cuando pierden en buena lid y cuando pierden como pierden repetidamente en años recientes con este servidor pues están buscando una razón, tratando de hacer una imputación de alguna conducta impropia, lo cual no es cierto”, respondió.
“En esos juicios si le lee las transcripciones nunca se objetaron las alegadas argumentos que son impropios, según ellos, y nunca ningún tribunal ha determinado que es impropio. A mí lo que diga un fiscal federal me tiene totalmente sin cuidado así que el hecho de ellos aleguen en un documento de que yo hice argumentaciones impropias no tiene ninguna consecuencia. Vamos a argumentar este caso con la misma pasión y la misma vehemencia que siempre hemos visto, con una pasión y vehemencia que estos fiscales nunca han visto y quisieran nunca haber visto”, agregó.
La jueza Carreño Coll no aceptó una petición para aplazar el inicio del juicio o conceder un periodo de descanso de dos o tres semanas si el juicio se extiende más allá del 22 de diciembre. Tampoco impuso una mordaza a las partes.
