Junte de periodistas y abogados recurrirá al Supremo federal a pedir las grabaciones judiciales de Andrea Ruiz Costas

El Overseas Press Club (OPC) y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) recurrirán al Tribunal Supremo de Estados Unidos para pedir los audios de las vistas judiciales del caso de Andrea Ruiz Costas.

Ruiz Costas fue asesinada por su ex pareja luego que acudió al Tribunal de Caguas a pedir auxilio mediante una orden de protección y se le fue otorgada.

Esta es la primera vez que ambos gremios creados hace 50 años se unen para elevar al Supremo federal un reclamo de transparencia. Además, desde hace 30 años no se recurre al máximo foro judicial de Estados Unidos para pedir acceso a la información.

Las organizaciones crearon la Alianza Pro Transparencia en junio con la intención de unirse en un frente común para obtener las grabaciones de este caso y llevar acciones de solicitudes de información pública en las tres ramas de gobierno.

Durante el anuncio estuvieron presentes varios familiares de Ruiz Costas y los presidentes del OPC y la Asppro, Luis Guardiola y Damaris Suárez, respectivamente.

La Alianza Pro Transparencia estará liderada por los profesores de Derecho Efrén Rivera Ramos, Carlos Gorrín Peralta, y Esther Vicente, junto al el licenciado Rafelli González, y las comunicadoras Lillian Rivas y Ruth Hernández.

El recurso legal está siendo redactado por el licenciado Edgar Villanueva Rivera, Frankie Cruz, Guardiola y González. El grupo tiene 150 días para redactar el recurso judicial.

El OPC y la Asppro acudieron al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y a otras organizaciones estadounidenses parea pedir apoyo y asistencia en la presentación del recurso legal.

Guardiola adelantó que la etapa inicial costará al menos $15,000 pero en caso de que el Supremo federal acoja el caso pudiera costar “cientos de miles de dólares” llevar el caso.

El licenciado Rivera Ramos catalogó como defectuosa la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico porque la confidencialidad de las salas de violencia doméstica surge de la intención de proteger la identidad de la víctima y en este caso lamentablemente la víctima fue asesinada y su nombre es de conocimiento público.

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