Sin ambages, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia rechazó hoy una medida radicada por tres legisladores de su propio partido que buscar castigar a las mujeres que aborten con 25 años de prisión.
Pero a pesar de ese distanciamiento del polémico proyecto, que muchos aseguran se presentó para coquetearle al voto religioso que se fuga hacia el Proyecto Dignidad (PD), el presidente de la Palma continuó con el flirteo del sector conservador que utiliza el aborto como criterio de votación.
“Por lo que veo no tiene futuro el proyecto en la Asamblea Legislativa y me agrada que sea así porque me parece que está totalmente fuera de proporción el estar hablando de encarcelar a mujeres por terminar embarazos”, apuntó a preguntas de la prensa tras culminar un evento en San Juan.
“Obviamente es un tema que se puede atender. Se puede reglamentar. Pueden haber prohibiciones en ciertos momentos de los embarazos, pero estar hablando de encarcelar mujeres no cuenta con mi apoyo en lo más mínimo”, agregó.
Justo en la antesala de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los representantes penepés Wilson Román López, José “Memo” González Mercado y Yazzer Morales Díaz presentaron el Proyecto de la Cámara 1644 que busca elevar de 3 a 25 años de cárcel la pena a una mujer que interrumpa su embarazo y a toda persona que la ayude a realizarse ese procedimiento.
De inmediato, la propuesta recibió un aluvión de críticas. Los autores también comenzaron a recular y alegar que por error se estableció una pena de 25 años cuando la intención era elevarla el castigo a 5 años. Ante el revuelo, la delegación de la mayoría del Partido Popular Democrático adelantó que el proyecto no será atendido en el pleno del cuerpo.
“Esa no puede ser la manera de atender el asunto. Se pueden establecer reglamentos. Se pueden establecer prohibiciones”, reiteró el primer ejecutivo.
Pierluisi Urrutia también negó que su partido tenga que tomar medidas para frenar la fuga de votos hacia el PD.
“No, al revés el PNP acaba de tener una asamblea general, que fue muy exitosa”, aseguó.
Ayer, la senadora del Proyecto Dignidad Joanne Rodríguez Veve aclaró que la postura institucional de su partido no respalda castigar con una pena de cárcel a la mujer que termine un embarazo, pero sí apoya encarcelar a los médicos que realizan ese procedimiento médico.
“Nosotros no creemos en criminalizar a la mujer que se realiza un aborto. Es decir no creemos en su encarcelamiento”, afirmó durante una entrevista en el programa Lo sé todo (WAPA-TV).
Al analizar las motivaciones detrás da la legislación, la senadora indicó que el PD se ha convertido en la “casa grande” del sector conservador y que la colectividad ha sumado personas que antes militaban en el PNP, PPD, el PIP y hasta realengos.
“Creo que en parte esa presión que pueden estar sintiendo algunos miembros del Partido Nuevo Progresista es lo que los lleva, más allá de sus posturas personales, es lo que los lleva a tomar decisiones tal vez a destiempo y fuera de cualquier razonamiento lógico”, apuntó.
Durante la sesión pasada, Rodríguez Veve -junto al presidente de la Pava y del Senado, José Luis Dalmau Santiago y el portavoz de la minoría penepé Thomas Rivera Schatz, entre otros senadores, presentó una medida para restringir el aborto después de las 22 semanas de gestación. El Senado aprobó la medida, pero naufragó en la Comisión en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara.
En junio del año pasado, la mayoría conservadora de la Corte Suprema federal anuló el histórico fallo Roe v. Wade que protegía el derecho al aborto y delegó a los estados y territorios la facultad de regular las terminaciones de embarazo.
Aunque codifica el aborto como un delito, el Artículo 98 del Código Penal de Puerto Rico lo permite por “indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conservación de la salud o vida de la madre”. Además, en el caso Pueblo v. Duarte Mendoza, el Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó que todo aborto prescrito por un médico dirigido a la conservación de la salud física o mental o de la vida de la mujer embarazada está exento de responsabilidad penal.
