Gobernadora designa nuevo juez al Panel del FEI aunque este organismo la está investigando

Aunque ayer el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) designó un Fiscal Especial Independiente para investigarla, la gobernadora Wanda Vázquez Garced presentó a la consideración de la Asamblea Legislativa el nombramiento del licenciado Carlos Rodríguez Muñiz como miembro alterno del PFEI.

Vázquez Garced presentará la designación del licenciado Rodríguez Muñiz como Miembro Alterno del PFEI ante el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes para consejo y consentimiento de ambos cuerpos. Para ello, se enmendará la convocatoria de la sesión extraordinaria, a los efectos de incluir el nombramiento y que sea considerado en la misma.

Rodríguez Muñiz se desempeñó como juez del Tribunal de Apelaciones de 2000 al 2009; fue juez superior del 1995 al 2000; juez de distrito del 1988 al 1995 y juez municipal del 1983 al 1988. Además, fungió como juez administrador de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) de 1982 al 1983. Al presente, estaba en su práctica privada de la abogacía.

El nominado posee un bachillerato en Artes con concentración en psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Además, fuentes aseguraron que es ex esposo de Olga Castellón, jefa de Fiscales cuando Vázquez Garced fue secretaria de Justicia.

La gobernadora es investigada por un FEI por, suspuestamente violar el Código Anticorrupción al despedir a la entonces secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, que denunció mal manejo de los suministros para los damnificados del sur.

Además de Vázquez Garced, la fiscal Leticia Pabón Ortiz y el fiscal Miguel Colón Ortiz investigarán a la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Evelyn Vázquez Nieves; al secretario de la gobernación, Antonio Pabón Batlle; a la exjefa de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Surima Quiñones Suárez; y al ex subadministrador, José Galarza Vargas.

De acuerdo al PFEI, este organismo no inicia investigaciones porque los casos son referidos con una investigación hecha por el Departamento de Justicia con excepción de si se trata del titular de esta agencia. Este es el desglose de hechos que hizo el PFEI para dominio público al aclarar que no puede por ley revelar detalles más específicos, tal y como requirió el presidente del Senado y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz.

  • El 16 de enero de 2020, se produjo el primer análisis en este case a cargo de la Lcda. Corallys Veguilla Torres, de la División Legal del Departamento de la Familia. La Lcda. Veguilla Torres recomendó suspensión sumaria por irregularidades al considerar violaciones de ley y reglamento. Además, que se realizara investigación administrativa.
  • El 22 de enero, —segundo análisis— el Lcdo. Ernie Cabán entregó su informe. El Lcdo. Cabán concluyó que hubo irregularidades y desvío de procedimientos. Además, la posible intervención de políticos en la entrega de los alimentos.
  • El 24 de febrero, se presentó el informe de la tercera investigación a cargo del Lcdo. Lcdo. Ismael J. Ortiz Roldán. Durante ese proceso, se obtuvieron fotografías, videos, mensajes de correo electrónicos, páginas de Facebook y fotocopias de aparentes “screenshot” de mensajes de texto. Relaciona irregularidades e infracciones a Ley de Ética y al Código de Reglamentaciones Federales que rige distribución de alimentos (Programa TEFAP).
  • Ya para el 3 de julio de 2020, y bajo Ia jurisdicción del Departamento de Justicia, se informa de la cuarta investigación realizada por el fiscal auxiliar Pedro Tomás Berrios Lara. La misma fue supervisada y revisada por la fiscal de distrito Phoebe Isales Forsythe, directora de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia.
  • El 6 de julio, la Lcda. Denisse Longo Quinones, para entonces secretaria de Justicia y exfiscal federal refrendó el contenido con la prueba recopilada, y lo remitió al Panel con su recomendación de asignar un FEI. La Secretaria Interina de Justicia ordeno retirar el referido, que fue finalmente recibido al día siguiente, 7 de julio. La documentación pertinente comenzó a recibirse desde el 8 al 13 de julio.
  • Todas las investigaciones concurren con la existencia de prueba que pudiera confirmar violaciones de ley y reglamento. La información y prueba en todas esas instancias se sostuvo mediante entrevistas y documentos. Posibles infracciones de leyes estatales y federales. Específicamente, en el ámbito estatal.
  • Es en esta etapa de referido, que los miembros del Panel evalúan Ia documentación recibida y determinan si procede el nombramiento de un FEI que lleve a cabo la investigación a fondo. El caso continua en etapa investigativa.

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