El Gobierno de Puerto Rico seguirá sin recibir los recaudos que provienen de las máquinas de juegos de azar que operan fuera de los casinos, mientras continúe el proceso legal que impulsa la Comisión de Juegos del Gobierno Puerto Rico para evitar la impugnación de los reglamentos establecidos para la legalización de las tragamonedas para adultos.
El Tribunal de Primera Instancia de San Juan anuló el reglamento para operar el sistema de interconexión de las máquinas de juegos de azar, lo que garantiza la fiscalización de licencias para operarlas. La decisión se ampara en que el reglamento fue promulgado por la Compañía de Turismo y no por la Comisión, entidad autorizada por la legislatura para manejar la legalización de las tragamonedas. La distribución de las ganancias de las máquinas se divide en 67% para los dueños y 33% para el gobierno, y de este porcentaje se saca el 50% para el retiro de la Policía, 45% para los municipios y 5% para la Comisión, que cuenta con 260 empleados y que incluye al hipódromo y los casinos.
